1. Introducción

El 2 de octubre de 2025, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó, en su perfil personal de la red social Instagram, una imagen que evidencia su postura hegemónica en un Memorándum con contenido glotopolítico. Es un documento institucional firmado por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, capitana de la Fuerza Armada de El Salvador, Karla Edith Trigueros, que dictamina la “Prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos y dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología” (Trigueros, 2025, p. 1). El presidente agrega al pie de la publicación de la imagen: “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país” (Bukele, 2025).

La presente investigación tiene el propósito de realizar un análisis crítico del discurso de esta medida glotopolítica en contra de la comunicación inclusiva del lenguaje no sexista, a través de un enfoque teórico basado en el Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 1999), la teoría de la relevancia (Wilson y Sperber, 2004) y la glotopolítica (Narvaja de Arnoux, 2016), para evidenciar los modos en los que la política de la lengua ejerce poder a partir de la legitimidad institucional de las violencias simbólica, psicolingüística y sociopolítica. Para ello, se identifican los ideologemas relacionados con la postura contraria a la comunicación inclusiva, mediante la demostración de las ideologías dominantes y sobre los prejuicios del lenguaje inclusivo que permean las políticas públicas y educativas del Gobierno de El Salvador.

En este sentido, se analiza un fenómeno glotopolítico con la ayuda de instrumentos teóricos del campo de la lingüística pragmática; por un lado, se propone extraer los supuestos más relevantes del Memorándum sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en los centros educativos de El Salvador, en términos de política lingüística, para situar en el mapa de análisis los efectos contextuales que se infieren en el discurso; por otro lado, al ser un tipo de investigación enfocada en el Análisis Crítico del Discurso, el presente examen busca evaluar los mecanismos de poder empleados en planificación lingüística del español de actualidad a principios del siglo XXI en la región centroamericana.

De modo que las interrogantes que dan origen a este cuestionamiento buscan dar respuesta a una problemática de dimensiones glotopolíticas en el ámbito de la gubernamentalidad. ¿Cómo el discurso presidencial de Nayib Bukele sobre la prohibición del lenguaje inclusivo, difundido a través de su cuenta de Instagram, reproduce estrategias de poder glotopolítico y exclusión discursiva? ¿Qué tipo de ideologemas, estrategias discursivas y argumentativas se presentan en el Memorándum N.º 22-2025 que ponen en evidencia la postura glotopolítica de la hegemonía de poder salvadoreño en torno al lenguaje inclusivo? ¿Cuáles son las implicaturas e inferencias pragmáticas que se desprenden de un discurso glotopolítico hegemónico que busca deslegitimar formas lingüísticas inclusivas? ¿Por qué es relevante para la sociedad latinoamericana del siglo XXI poner en tela de juicio todas aquellas estrategias políticas del poder hegemónico que pretenden deslegitimar formas de comunicación inclusivas?

2. Condiciones epistemológicas del lenguaje en torno al género

Respecto al género gramatical de la lengua española, según señala Leticia Villaseñor (1992), este es un reflejo lingüístico del dominio sociocultural de lo masculino sobre lo femenino, desde donde se aprecia cómo las dinámicas históricas de las relaciones asimétricas del poder patriarcal, responden a sistemas de control social en beneficio de la masculinidad y en perjuicio de la feminidad; por eso: “La gramática ha establecido el género gramatical masculino y el femenino” (Villaseñor, 1992, p. 225).

Por su lado, La gramática de la lengua española (Asociación de Academias de la Lengua Española [ASALE], 2010) describe que el género gramatical masculino es una forma no marcada para distinguir los sustantivos, mientras que la forma femenina es marcada. En palabras de la Gramática, esto significa que “en la designación de personas y animales, los sustantivos de género masculino se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, pero también para designar a toda la especie” (ASALE, 2010, p. 25), por lo que se generaliza lo nombrado por la lengua mediante la forma no marcada del masculino como un genérico absoluto. Correlativamente, en la Gramática Castellana de 1492, Antonio de Nebrija define esta división gramatical del siguiente modo: “Género en el nombre es aquello por lo que el macho se distingue de la hembra” (Nebrija, 1992, p. 98).

Por eso, Leticia Villaseñor (1992) sostiene que el género gramatical de la lengua española no es un fenómeno meramente lingüístico, sino que es una categorización semántica, pragmática y gramatical que expone las estructuras de poder patriarcales como reflejo de la tradición cultural e histórica de una sociedad que privilegia lo masculino. Afirma que, aunque la forma marcada del género gramatical masculino se presente como una forma incluyente, es, en realidad, excluyente.

Por su lado, Lomas (1999) señala que esta situación ha cambiado a razón de significativas luchas dadas por los sectores feministas que buscan su validación a través de lenguajes y las transformaciones en los modos de pensar.

En este contexto abundan los estudios orientados a analizar cómo la gramática, el vocabulario y los usos lingüísticos, en su calidad de espejo de una cultura androcéntrica, contribuyen a la desigualdad de las mujeres, al mantenimiento de la hegemonía masculina, a la construcción de los estereotipos sexuales y a la ocultación de los femenino en el ámbito de lo público. (Lomas, 1999, p. 183)

Las lingüistas Margarita Tapia-Arizmendi y Patrizia Romani (2012) señalan que, a través de la identificación de este aspecto sexista de la sociedad y la lengua, se consolida el orden hegemónico del sexismo patriarcal; así, la gramática no es únicamente un manual de normas neutral, porque reafirma dinámicas de poder discriminatorias y excluyentes: “Una lengua usada de tal modo que excluye u oscurece a algunos sujetos sociales no solo representa lingüísticamente la negación de los mismo, sino que contribuye a la reproducción de prejuicios comunes” (Tapia-Arizmendi y Romani, 2012, p. 70). De ahí que se entienda el lenguaje inclusivo como un instrumento de validación incluyente desde el cual se nombran las corporalidades, subjetividades e identidades históricamente excluidas por las matrices de poder hegemónicas (Rojas y Rojas, 2015).

Para Pilar Salva (2023), la categoría gramatical de género evidencia las desigualdades sociales de las relaciones cisheteronormativas de los cuerpos porque la lengua pone de manifiesto cómo a través de la palabra se designan los roles sociales de género, donde “el lenguaje ha concedido la palabra a un único sujeto con pretensiones de ser neutro y universal; pero, a la postre, ha sido el masculino el que se ha constituido como sujeto principal, y la mujer como objeto derivado” (p. 247).

En este contexto, la pregunta por el sentido de la inclusión del lenguaje inclusivo en los programas educativos respecto al reconocimiento de la identidad genérica de los sexos plantea la necesidad de repensar las razones que dan sustento a las formas cisheteronormativas del género gramatical de la lengua española, porque estas no reconocen las formas de representación identitaria de los cuerpos no masculinizados.

En este sentido, se entiende que la lengua se materializa como expresión lingüística del cuerpo a través de los actos comunicativos. Estos actos comunicativos son consumados por las intersubjetividades que gesticulan el pensamiento mediante el habla, sean estos gestos orales o escritos, a razón de realizar una acción práctica y situacional entre subjetividades encarnadas que comparten un código de referencia semántica para reconocerse como seres-del-mundo desde sus intencionalidades (Ponty, 1994). Pero, para que la función práctica de los actos comunicativos sea efectiva y comprendida por una comunidad lingüística, esta urde sus fundamentos en una gramática; y, de acuerdo con María del Carmen Cabeza y Susana Rodríguez (2013), en esta noción del término: “La gramática es el resultado de un proceso de sedimentación (entrentchment), rutinación o habituación psicológica a través del cual se ritualizan ciertas asociaciones de forma y contenido” (p. 11), cuya apariencia se visualiza como un sistema de convenciones intersubjetivas socialmente aceptadas.

De esta manera, el sistema gramatical de una lengua es entendido como un sistema de abstracciones mentales que recoge sus significados de las actitudes dialógicas que la comunidad de hablantes condiciona a sus intereses ideológicos, intelectuales y socioafectivos, más allá de ser un vacío manual de normas coercitivo.

Estas unidades del lenguaje interno, una especie de “impresiones globales” de los enunciados, se vinculan entre sí y se suceden no de acuerdo con las leyes gramaticales o lógicas sino según las de la correspondencia valorativa (emocional), de una secuencia dialógica en una dependencia estrecha de las condiciones históricas de una situación social y de todo el curso pragmático de la vida. (Volóshinov, 2009, p. 69-70)

A razón de lo cual, el lenguaje inclusivo, entendido como una práctica lingüística que apuesta por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas no masculinizadas más que por normas gramaticales, es una forma de validar identidades subalternizadas e invisibilizadas históricamente en el espacio público; en este sentido, Natalia Rocha (2021) sostiene que el uso de lenguaje inclusivo es un deber civil de la ciudadanía para vivir plenamente: “La legitimidad del lenguaje inclusivo se deriva no de posibles consideraciones gramaticales que muchas veces se utilizan para invisibilizarlo, sino de los derechos humanos y deber ser representativo de la existencia de las personas más allá de la binaridad” (Rocha, 2021, p. 2).

Por tanto, el propósito de esta investigación consiste primordialmente en valorar las diversas formas del lenguaje inclusivo como prácticas significativamente colectivas, donde se reivindique el significado transformador de las conductas discursivas que reproducen comportamientos de inclusión antihegemónicos. Se trata, pues, de posicionar sobre la discusión teórica las prácticas emancipadoras que orientan los usos no hegemónicos de la lengua a partir del posicionamiento crítico ante las formas genéricas de expresión signadas por el masculino absoluto.

3. Metodología

Metodológicamente, en esta investigación se procede a identificar cuáles ideologemas se infieren de un corpus que contiene material glotopolítico referido a las políticas públicas que impulsa, en el ámbito educativo, el actual Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Este proceder es de carácter cualitativo y con un enfoque analítico y crítico, donde el núcleo de la problemática está en dilucidar en torno a las dinámicas de poder que perpetúan formas de exclusión patriarcales. Ubicar esta problemática como un elemento clave para las reflexiones democráticas del siglo XXI es fundamental para asegurar una igualdad plena de género, más justa y equitativa.

El marco teórico utilizado, con el cual se interpreta la prohibición del lenguaje inclusivo en los centros educativos de El Salvador, integra los conceptos de control del poder, la mente y el contexto, dominio y hegemonía ideológicas como categorías epistemológicas del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 1999); inferencia e implicatura en el ámbito de la pragmática de la teoría de la relevancia (Wilson y Sperber, 2004); y, el concepto de glotopolítica propuesto por Narvaja de Arnoux (2016).

En la medida en que estos conceptos se articulan desde una perspectiva de análisis pragmalingüístico, se propone analizar el comportamiento hegemónico del control del poder mediante los usos contextuales de la lengua, con la finalidad de poner en tela de juicio los ideologemas que reproduce la presente administración de Bukele en El Salvador.

Así, esta propuesta de investigación se inscribe en los estudios del lenguaje de la región centroamericana desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la pragmática, glotopolítica y el Análisis Crítico del Discurso (ACD), porque a partir de este enfoque es posible comprender los significados, las ideologías y las relaciones de poder que se manifiestan en los discursos institucionales y mediáticos.

Se busca, por tanto, interpretar cómo los usos lingüísticos y las estrategias discursivas producen efectos simbólicos de legitimación, exclusión o control social.

En su conjunto, esta metodología cualitativa, crítica y pragmática busca comprender cómo el discurso presidencial y las políticas en el ámbito de la educación configuran un dispositivo glotopolítico de control de los cuerpos y las voces subalternas.

4. Análisis Crítico del Discurso

Según Van Dijk (1999), el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es “un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el domino y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” (p. 23). Así las cosas, para el ACD, las prácticas sociales del lenguaje revelan aspectos ideológicos capaces de poner de manifiesto las redes y los mecanismos de poder que producen y reproducen las desigualdades estructurales de la sociedad.

Al igual que la pragmática, el ACD no se limita a la mera descripción cientificista de las funcionalidades gramaticales de la lengua, sino que se trata de un tipo de investigación interdisciplinaria que busca comprender los contextos sociopolíticos en los que se hace uso del lenguaje como medio de comunicación a partir de la comprensión crítica y reflexiva del dominio y control que ejercen las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas en la imposición de los imaginarios, las creencias y los valores que determinan la división social de las clases, los géneros y la raza. Por eso, Van Dijk (1999) destaca la necesidad de visibilizar cómo las jerarquías sociopolíticas se establecen mediante las prácticas del lenguaje.

Aquellos grupos que controlan los discursos más influyentes tienen también más posibilidades de controlar las mentes y las acciones de los otros. El ACD se centra en la exploración de tal poder, y en particular en el dominio, esto es, en los modos en que se abusa del control sobre el discurso para controlar las creencias y las acciones de la gente en interés de los grupos dominantes. En este caso cabe considerar el abuso, muy latamente, como una violación de normas que hace daño a otros. (Van Dijk, 1999, p. 26)

Desde el ACD se evidencia cómo, a través de los dispositivos de poder que representan a las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas del actual Gobierno de El Salvador sobre el lenguaje inclusivo como un mal uso de la lengua, se ponen de manifiesto tanto una política autoritaria de la lengua como una planificación lingüística de su política autoritarista. En este sentido, estas estrategias políticas en torno a la lingüística entretejen las regulaciones que suspenden el ejercicio de la libertad. Es a manos del poder estatal que se prohíbe el uso inclusivo de la lengua y se censuran las identidades no masculinizadas. Así, a través de sus usos prohibitivos del lenguaje, se posibilita identificar cómo se reafirma el dominio de ideologías dominantes, lo cual se evidencia cuando Bukele (2025) sostiene que, a partir de la fecha en la que se emite el Memorándum en cuestión, quedan anuladas otras formas de expresión lingüística: “Palabras como ‘amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs’ o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia” (Trigueros, 2025, p. 1).

Para este régimen gubernamental, incluso la forma de los pronombres indefinidos como todos y todas es censurada, remarcando que el reconocimiento de las luchas feministas por sus derechos como subjetividades autónomas quedan estropeadas por la arbitrariedad hegemónica del Gobierno.

El control del poder se define de esta manera como el grado de capacidad e influencia que tiene un grupo o una institución sobre otro para extraer de esta dominación un beneficio a través del control de la mente, los comportamientos y los hábitos de las personas con el propósito de “limitar la libertad de otros” (Van Dijk, 1999, p. 29). Este control es operado por las élites hegemónicas de poder y se ejerce a partir de la combinación de aquellos elementos que brinda el contexto como representaciones mentales del espacio, el tiempo, los roles, las ideologías y las intenciones, cuyas funcionalidades determinan la posición sociopolítica, antropológica y económica que ocupa cada individuo o grupo social en la pirámide de jerarquías.

Es en este contexto que, para esta investigación, los conceptos de control de poder, de la mente y del contexto, así como de dominio y hegemonía, toman sentido, ya que introducen los elementos de análisis que ordenan la situación comunicativa como un espacio en disputa por el poder en donde es de suma importancia el lugar que ocupa cada instancia en el mundo, para delimitar, así, cuáles son los propósitos colectivos de la oposición. Como se muestra, el ACD es un tipo de investigación que tiene como finalidad analizar los medios discursivos, sean estos del tipo de género que sean: periodísticos, ensayísticos, narrativos, poéticos, discursivos, etc., que contribuyen a la reproducción de las desigualdades estructurales que benefician a las élites hegemónicas del poder, esto para encontrar soluciones liberadoras: “El ACD es así una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad sociales” (Van Dijk, 1999, p. 24). De este modo, el ACD, al enfocarse en la dimensión socioideológica del lenguaje, es un modelo de investigación pragmático, porque se propone estudiar el tejido sociedad-texto para transformar las relaciones de poder mediante prácticas discursivas.

5. Inferencias e implicaturas

En concordancia con el ACD, la teoría de la relevancia contribuye en esta investigación al procesamiento de la información contenida en un enunciado mediante la comprensión de la comunicación humana como el manifiesto de una intención. Para ello, se hace hincapié en que lo dicho no siempre coincide con lo que se quiso expresar explícitamente, ya que la comunicación humana no se reduce a la mera codificación y decodificación de mensajes, sino que en el fondo se encuentra la situación contextual en la que se pone de manifiesto esa intención, por lo que Wilson y Sperber (2004) proponen pensar la comunicación humana como un mecanismo de combinaciones cognitivas en correspondencia con el contexto de expresión empírica en donde se da la interacción social más allá de lo meramente explícito. En este sentido, la teoría de la relevancia postula que de lo que se trata es de inferir significados a partir de contextos en donde se ha hecho manifiesta una intención comunicativa.

Por lo tanto, para que la comunicación se lleve a cabo debe de reconocerse que la manifestación de un enunciado se trata de un estímulo intencional. De modo tal que, en un primer nivel de la comunicación humana, se presenta la modificación consciente del entorno en vías de capturar la atención de un destinatario hacia quien va dirigido el enunciado; en un segundo plano, después del reconocimiento de la intención comunicativa se infiere qué información está siendo señalada y con qué intención (Wilson y Sperber, 2004).

La prohibición del lenguaje inclusivo en cuestión muestra, así, como un estímulo intencional del que se infiere, a partir de las siguientes explicaturas o “contenido comunicado explícitamente” (Wilson y Sperber, 2004, p. 251): “Prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’” (Bukele, 2025) y “Prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos” (Trigueros, 2025, p. 1), que el lenguaje inclusivo representa ser, para las figuras representativas del Estado salvadoreño, una práctica ideológica contraria a los valores del Gobierno; asimismo, se infiere que tiene la autoridad de prohibir cómo usar la lengua, incluso si se trata de negar la forma desdoblada de incluir en el discurso la marca de género femenina (todos y todas).

Desde esta perspectiva, el enunciado presidencial funciona como un acto ostensivoque busca atraer la atención pública hacia una acción política concreta: la censura del lenguaje inclusivo en los centros educativos de El Salvador. No solo es una política pública que se queda a lo interno del país, pues sus políticas tienen un rango de alcance amplio; las publicaciones del actual gobierno salvadoreño, al presentar altos índices de visualizaciones en las redes sociales de Nayib Bukele, funcionan como medios para legitimar la figura del presidente como un modelo a seguir por otros regímenes autoritarios de la región.

En este contexto, las implicaturas de estas inferencias son el producto deductivo de contenidos previamente expuestos e interconectados mediante un principio de coherencia o cooperación entre la jerarquía y el poder de controlar los usos de la lengua; y, ¿qué es la lengua hablada si no la práctica social mediante la que se revela el pensamiento de la mente a través de la palabra hablante? Por tanto, son implicaturas que sugieren que el lenguaje inclusivo es considerado como un error, una amenaza o una desviación cultural, lo cual lastima la imagen de las personas que buscan ser nombradas a través de un lenguaje no sexista que les incluya. Asimismo, evidencia cómo se ejerce el poder mediante el reforzamiento del control social del lenguaje, al negar todas las voces alternativas a la norma, excluidas en la prohibición del lenguaje inclusivo.

Mediante el reconocimiento ético de que cada individuo se representa como formando parte del mundo real que habita, estos usos no normativos del lenguaje incluyente son entendidos, en esta propuesta, desde la aceptación de su verdad representativa.

6. Glotopolítica e ideologemas en torno a la prohibición del lenguaje inclusivo

La glotopolítica pone en evidencia la dimensión política de los fenómenos lingüísticos en donde toda regulación, norma o planificación del lenguaje implica una intervención que busca establecer, reproducir o transformar un orden social.

A partir del concepto de glotopolítica, formulado por Elvira Narvaja de Arnoux (2016), se designa “el estudio de las intervenciones en el espacio del lenguaje, que participan en la reproducción o transformación de las sociedades” (p. 18); en el ámbito de la política, “estas intervenciones se ejercen sobre las lenguas, sus variedades y registros, así como sobre los discursos o las formas en que lo verbal se articula con otros sistemas semióticos” (p. 19).

Desde estas coordenadas conceptuales, el lenguaje no se concibe como un sistema neutral de signos, sino como un territorio político, un espacio en donde se configuran y disputan los órdenes simbólicos, las jerarquías sociales y las identidades colectivas.

De acuerdo con Narvaja de Arnoux y Del Valle (2010), las instituciones como la Real Academia Española (RAE) o la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) materializan su ideología a través de “discursos legítimos”, instrumentos de planificación lingüística: gramáticas, diccionarios, ortografías o manuales normativos. Cada uno de estos dispositivos prescriptivos contiene lo que Rodríguez (2025) denomina ideologemas, es decir, unidades discursivas que condensan representaciones ideológicas sobre la lengua y su uso.

El discurso presidencial en cuestión reproduce una serie de ideologemas prescriptivos que se inscriben en las ideologías lingüísticas dominantes. Se reproducen a partir de las nociones sobre la lengua que tienen las élites del poder, mismas élites que están a cargo de todas las instituciones que dominan el control, normas y leyes sociales. Rodríguez (2025) destaca que los ideologemas más comunes en estos contextos de dominación institucional están ligados a la ideología esencialista de la lengua, que piensa la lengua como un sistema de normas inmutables y absolutas.

Así, en el discurso analizado, los ideologemas identificados con estos comportamientos son los siguientes. En primer lugar, el presidente, al publicar que el lenguaje inclusivo es una malformación ideológica, presentándolo como “Mal llamado lenguaje inclusivo” (Bukele, 2025), concibe en la lengua una cierta unidad entre el estatus moral de la lengua y el papel del Estado como garante del bienestar, donde los usos adecuados o inadecuados de la lengua son seleccionados arbitrariamente desde el ejercicio del poder hegemónico. En segundo lugar, la imposición del control sobre la libertad, al señalar que “queda prohibido” el uso de palabras como “amigue, compañere, niñe, todos y todas” pone de manifiesto un acto de autoridad institucional que convierte el lenguaje en un campo de control. En este sentido, el discurso de las élites del poder gubernamental de El Salvador busca imponer la naturalización del estándar normativo como una forma prescriptiva de usar el lenguaje para la comunicación humana a través de ideologemas de estatus normativo, prescriptivista e ideológico de la lengua, así como de la idea de naturaleza esencialista del lenguaje como una entidad absolutamente encerrada sobre sí misma.

Estas estrategias discursivas en el ámbito de la lengua consolidan un modelo de planificación lingüística autoritaria, donde el Estado asume el papel de juez del “buen uso” de la lengua, negando su carácter social, dinámico y político. El Memorándum N.º 22-2025 (Trigueros, 2025) afirma imperativa y textualmente que “esta medida se debe aplicar, con carácter obligatorio a nivel nacional” (el resaltado es propio).

En términos de glotopolítica, se advierte una intervención directa del Estado en el espacio del lenguaje, lo cual transforma el campo lingüístico en un territorio de disputa ideológica. Correlativamente, desde la teoría de la relevancia, la efectividad comunicativa del mensaje reside en el carácter ostensivo de hacer público el accionar de las élites del poder mediante mecanismos discursivos que refuerzan el sistema de normas e ideologías de la hegemonía política.

Los significados pragmáticos muestran que los resultados concuerdan con lo planteado por Narvaja de Arnoux (2016) y Rodríguez (2025), quienes destacan que las instituciones normativas y los discursos presidenciales suelen reproducir ideologías lingüísticas que consolidan la hegemonía del estándar. Asimismo, el análisis de Van Dijk (1999) sobre el control del contexto y la mente se verifica en la estrategia de comunicación digital del gobierno salvadoreño, que utiliza las redes sociales para legitimar el control discursivo de la lengua.

A modo de contraejemplo, en 1975, Pedro Geoffroy Rivas hizo público un documento sobre la lengua de lxs salvadoreñxs, intitulado El español que hablamos en El Salvador, donde defiende el dinamismo y la libertad no prescriptiva del habla como una propiedad del lenguaje:

Con lo que sí tiene que ver la indetenible corriente del lenguaje es con los cambios en la expresión formal, porque cada uno de nosotros puede alterar los sonidos, puede deformar las palabras y hasta cambiar los conceptos concretos de una lengua, sin que tales cambios implique la mera variación en la eterna realidad del lenguaje. Podemos entonces afirmar que el contenido del lenguaje está íntimamente relacionado con la cultura, que cultura y lenguaje fluyen generalmente por cauces paralelos y que el vocabulario de cada lengua refleja con gran fidelidad la cultura a cuyo servicio se encuentra esa lengua. Así, el lenguaje resulta estrechamente ligado a los hábitos del pensamiento. Y no solo ligado. En el fondo, probablemente, ambos son una sola cosa. La inagotable riqueza de la forma lingüística y la infinita variabilidad del proceso de pensamiento, que constituyen el contenido latente de todos los idiomas han sido siempre, en todas partes y en todo tiempo, la misma cosa: la grandiosa ciencia intuitiva de la expresión humana. (Geoffroy, 2004, p. 136-137)

De ahí que, en el contexto centroamericano, las políticas autoritarias implementadas por el gobierno actual de Nayib Bukele en El Salvador deben ser analizadas críticamente y con detalle reflexivo, ya que sus medidas son bien recibidas por otros gobiernos de la región, estructurando así una red de gobiernos autoritarios. Por su lado, las políticas públicas que gestionan las autoridades hegemónicas no responden a las necesidades reales de la comunidad centroamericana, por el contrario, entorpecen los modos de vida de los sectores populares e históricamente violentados por las rígidas estructuras que sostienen las asimetrías sociopolíticas.

7. Conclusiones

A partir de esta investigación, se articulan tres niveles de análisis imbricados entre sí, para dar cuenta de los mecanismos de poder que se ejercen a través de la lengua. En el primer nivel, el ACD permite examinar cómo las funciones discursivas del poder revelan los mecanismos de control que se emplean desde las hegemonías para excluir intencionalmente a sectores históricamente marginalizados. En el segundo nivel, la teoría de la relevancia aporta los recursos suficientes para comprender la comunicación humana como un sistema de deducciones inferidas a partir del contexto. En el tercer nivel, a partir de la noción de que el lenguaje participa tanto de la política como la política del lenguaje, se entreteje la posibilidad de identificar cómo los ideologemas que se promueven en el discurso presidencial buscan reafirmar el dominio de las ideologías hegemónicas.

Así, un acercamiento a las formas de opresión cisheteropatriacales de la matriz glotopolítica de poder, desde la filosofía del lenguaje en torno al signo sociolingüístico como medio de comunicación intersubjetivo, demuestra que la significación de los significantes referidos a la división social de los cuerpos responde a su realización histórica y material, consignada en el interior de las conciencias que hacen uso de la lengua. En este sentido, las palabras son capaces de representar los valores socioideológicos que las comunidades de hablantes o usuarixs del lenguaje proyectan cuando nombran el mundo ontológico que los habita. Desde esta perspectiva, se sostiene que la palabra siempre está acompañada de un significado o un contenido pragmáticos, pues es el producto ideológico (sistema de imágenes representacionales) que surge de la lectura o de la imagen simbólica del universo físico y material que integra al ser humano como miembro del mundo.

Asimismo, si se considera que el signo sociolingüístico surge de la facultad imaginativa y creativa de las conciencias cuando estas están en contacto intersubjetivo, la creatividad inventiva de la que participa el signo sociolingüístico posibilita pensar y resemantizar el mundo de diversas maneras, contradictorias, espontáneas e innovadoras, cuya potencialidad alcanza para plantear prácticas subversivas, contrahegemónicas, resilientes y políticas, capacitadas para la desestructuración de las normas y dinámicas del poder tradicional e institucional. Y, así como los valores morales son relativos al grupo social específico al que pertenecen, así los signos sociolingüísticos, como representaciones ideológicas, también son relativos; es decir, el signo lingüístico y los valores socioideológicos que se tengan del vocablo que designa una realidad, cambian según su entorno, porque el signo y el valor social son variables y arbitrarios, por lo que el vocablo que representa la unión entre la idea del pensamiento y el sonido gestual no son fijos.

De modo tal que, si el signo lingüístico es socioideológico porque surge de las interacciones que las subjetividades encarnadas tienen a través de las palabras que nombran el mundo, entonces la clasificación del género gramatical, y por lo cual el lenguaje inclusivo es una cuestión de género social, político y gramatical, responde a las valoraciones intersubjetivas de carácter aspectual en correspondencia con los criterios de identidad que lxs hablantes vinculan según la asociación entre materialidad y significado, cuerpo y concepto.

Un ACD en torno a la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los centros educativos de El Salvador demuestra que la lengua no es un sistema de signos inertes y neutrales, sino un producto simbólico y cultural atravesado por modelos ideológicos que influyen en sus usos como prácticas sociopolíticas. Así, por ejemplo, como señalan las autoras María del Carmen Cabeza y Susana Rodríguez (2013), el sexismo lingüístico del que participa la prohibición del lenguaje inclusivo se entiende como el resultado de prácticas motivadas ideológicamente, en las que un género gramatical (el masculino) adquiere preeminencia simbólica y domina el control del poder, dando prioridad a estructuras de división social patriarcales.

En este sentido, se propone poner en tela de juicio la prohibición del lenguaje inclusivo como un proyecto autoritario y de control, ya que a partir del discurso de las élites se pretende negar conscientemente la libertad de quienes usan y se identifican con la lengua que expresa el mundo y sus corporalidades subjetivamente encarnadas en la materia.

Por su lado, los resultados de esta investigación confirman las denuncias de las autoras Margarita Tapia-Arizmendi y Patrtzia Romani, quienes en 2012 analizaron las políticas en temas de planificación lingüística y lenguaje inclusivo de principios del siglo XXI en la Universidad Autónoma de México, para determinar que la negación del lenguaje inclusivo refuerza la desigualdad simbólica, ya que, si las mujeres no están nombradas, no son reconocidas ni imaginadas como partícipes activas. De ahí que defiendan que las reformas institucionales para promover el lenguaje inclusivo son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de una reflexión crítica sobre los usos y sus implicaciones ideológicas. Por eso, concluyen que nombrar a las mujeres explícitamente es una condición para su visibilidad y reconocimiento, tanto en el lenguaje como en la vida académica y social, porque el lenguaje inclusivo es una práctica política sobre los usos de la lengua con implicaciones materiales en el campo social; tesis que es igualmente defendida en esta investigación.

No obstante, en la actualidad también existen posturas lingüísticas, como la de Juan Diego Quesada (2012), quien sostiene que el lenguaje inclusivo forma parte de una ridiculez innecesaria de los usos de la lengua, por lo que critica el uso del desdoblamiento de género (como los y las estudiantes). Contrario a lo que se demuestra en esta investigación, que a través de los usos prácticos de la lengua se discriminan identidades de género no alienadas con los intereses del poder hegemónico, por lo que no es una ridiculez hablar de lenguaje inclusivo, sino un posicionamiento ético, político y epistémico ante los usos de la lengua. Y, si entendemos por sexismo lingüístico la definición que plantea Bolaños (2013), al decir que el sexismo lingüístico es “un fenómeno de carácter pragmático que consiste en borrar/omitir del texto/discurso la marcación de designación femenina cuando esta es viable” (p. 99); entonces, los vicios de la violencia patriarcal se transparentan, también, a través del lenguaje.

Lo anterior se evidencia cuando se hacen visibles las desigualdades e injusticias de la violencia simbólica del patriarcado, tras el reconocimiento de la condición social, política e histórica de las subjetividades encarnadas en los cuerpos que los determinan como individuos de una comunidad cisheteronormada.

Por lo tanto, la planificación lingüística que plantea el actual Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador es el resultado de una profunda tradición de control hegemónico, en donde se evidencia que la prohibición del lenguaje inclusivo en los centros educativos salvadoreños no es un fenómeno puramente lingüístico, sino que está profundamente determinado por las estructuras de poder patriarcales, reflejo de la tradición cultural, social e histórica que privilegia lo masculino. Es decir, la imposición del masculino genérico como una forma exclusiva, absoluta e inmóvil es una imposición patriarcal, aunque se presente como supuestamente inclusiva.

Referencias bibliográficas

Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Espasa. [ASALE]

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Notas de autor