1. Lengua: ¿sólo un sistema de comunicación?

Por muchos años se concibió a las lenguas fundamentalmente como los sistemas de comunicación entre la especie humana y se destinó esfuerzo y tiempo a describir sus unidades, sus categorías, reglas de formación de unidades complejas, así como a desentrañar cómo es que las lenguas simbolizan significados, es decir, cuál es la relación entre significante y significado. Desde la gramática clásica grecolatina hasta el estructuralismo, las lenguas fueron concebidas como entidades sistemáticas bastante autónomas de los hablantes y de las interacciones sociales que regulan su uso. Incluso, como bien señala Louis-Jean Calvet:

[…] se intentaba que creyéramos en la existencia de un objeto langue, cuya única tarea era hacer más fácil el trabajo de crear una ciencia –la lingüística estructural– y justificar una lingüística que sólo contara con un punto de vista interno sobre la lengua. (2005, p. 12)

Ciertamente, el funcionalismo incorpora al usuario de la lengua como un elemento fundamental en el análisis lingüístico, de manera que comienza a estudiarse la lengua en uso. No obstante, las relaciones sociales, lejos de ser neutras, implican tensiones de carácter político que, en general, en los estudios lingüísticos clásicos fueron ignoradas, en favor de una supuesta objetividad en la descripción del objeto de estudio. La sociolingüística y el análisis del discurso inauguraron los primeros análisis de la lengua desde una perspectiva que involucra dichas tensiones sociales, pues al incorporar criterios como el estrato sociocultural, educativo, sexo-genérico y los marcos sociales y contextuales, en general, necesariamente se adopta una perspectiva política. El análisis crítico del discurso enfatiza esta postura ya que, en efecto, los sistemas lingüísticos implican prácticas discursivas desde posturas políticas. La lengua, entonces, no es únicamente un sistema de comunicación, pues al comunicarnos los seres humanos adoptamos una actitud que se traduce en posición política frente a lo enunciado.

2. Norma lingüística y lengua estándar: origen y función

La lengua estándar es un artificio construido históricamente mediante procesos de selección, fijación y legitimación que elevan determinadas prácticas lingüísticas a la categoría de modelo. Como señalan Milroy y Milroy (1999), en los procesos de estandarización “a variety is then selected as a standard […] accepted by influential people, and then diffused geographically and socially by various means” (p. 22). El estándar se consolida cuando ciertas formas adquieren reconocimiento institucional y se establecen como referencia normativa; en ese proceso, la lengua pasa a operar también como objeto de regulación social.

De acuerdo con Corredor y Farfán (2009), las primeras manifestaciones de normatividad lingüística se sitúan en contextos donde el lenguaje debía preservarse con precisión. En la tradición védica, la gramática de Panini respondió a la necesidad de garantizar la exactitud ritual del sánscrito, de modo que la fijación formal se vinculó desde etapas tempranas con formas específicas de autoridad. En el ámbito grecolatino, la reflexión gramatical se desplazó hacia el terreno educativo y filosófico. Dionisio de Tracia sistematizó la descripción morfológica del griego y Apolonio Díscolo incorporó el análisis sintáctico, aportando herramientas para delimitar usos valorados dentro de la tradición culta.

En el ámbito hispánico, este proceso alcanzó un momento decisivo con la publicación de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija en 1492. La obra se inscribe en un contexto de expansión política y consolidación monárquica, en el cual la lengua adquirió un papel central en la organización del territorio y la administración imperial. La conocida afirmación de Nebrija acerca de que la lengua fue siempre “compañera del imperio” sintetiza esa articulación entre gramática y proyecto político, pues la codificación del castellano implicó su fijación como instrumento de unificación y como referente de formación culta. Esta formulación contribuye a presentar la lengua como entidad históricamente vinculada al poder desde su origen, produciendo un efecto de anterioridad y continuidad que favorece su percepción como fundamento dado y difícilmente cuestionable. La asociación entre lengua y proyecto imperial legitima su codificación e instala la idea de que determinadas formas poseen una autoridad que precede a la discusión misma. A partir de entonces, la gramática dejó de circunscribirse al ámbito erudito y se afianzó como herramienta pedagógica y criterio de corrección en el espacio público.

Con la consolidación de los Estados modernos, la estandarización adquirió un sentido político vinculado a la administración, la escolarización y la construcción de identidad nacional. La variedad instituida como estándar se vinculó a grupos con capital cultural e institucional, lo que reforzó su reconocimiento como modelo autorizado y consolidó la jerarquización de otras variedades.

En este punto resulta pertinente distinguir entre norma y sistema. Como ha señalado Lara (1976), la norma constituye una construcción social situada que opera como modelo de realización dentro de una comunidad lingüística. En sus términos, se trata de “un modelo, una regla o conjunto de reglas con cierto grado de obligatoriedad, impuesto por la comunidad lingüística sobre los hablantes de una lengua” (p. 110), que actúa seleccionando determinadas actualizaciones del sistema como aceptables. Esta concepción permite comprender la norma como instancia de orientación y valoración del uso, vinculada tanto a las posibilidades estructurales del sistema como a las dinámicas sociales que lo regulan.

De este modo, la lengua estándar puede entenderse como la codificación institucional de una norma socialmente estabilizada. Mientras que el sistema remite al conjunto de posibilidades estructurales de la lengua, la norma implica la selección y regularización de determinadas realizaciones; en consecuencia, la estandarización supone la fijación y legitimación de una variedad que se presenta como modelo de referencia. En este proceso, la llamada norma culta ha operado en su devenir como uno de los fundamentos del estándar, al asociarse con prácticas letradas y con espacios de prestigio social que adquirieron valor regulador.

Cabe señalar que la norma no se identifica con la norma culta. La primera refiere a patrones de uso socialmente estabilizados dentro de una comunidad, los cuales varían según ámbitos de interacción: legal, laboral, familiar, escolar, médico, coloquial, entre otros, y responden a expectativas situadas. La norma culta, en cambio, corresponde a una variedad históricamente asociada a prestigio y a prácticas letradas que, en determinados contextos, se convierte en referente privilegiado y adquiere valor regulador en los procesos de estandarización.

La lengua estándar cumple así tanto una función comunicativa en ámbitos formales como una función social vinculada al reconocimiento y al prestigio. Su dominio se relaciona con legitimidad discursiva dentro de determinados espacios institucionales. Cuando la norma se activa en forma de corrección, se pone en juego una toma de posición respecto del uso y se delimitan lugares en el intercambio discursivo, reforzando el carácter regulador de la estandarización.

En síntesis, la estandarización constituye un proceso de fijación y legitimación a lo largo del tiempo que configura criterios de uso reconocidos socialmente. Estos procesos rebasan al ámbito institucional y se reactivan en los debates contemporáneos, en los que la apelación al estándar funciona como recurso de regulación y estratificación en la interacción digital.

3. Diversidad lingüística: realidad incómoda y negada, particularmente por la RAE

Sin duda, la gran variedad de lenguas de las que tenemos conocimiento (aproximadamente 7 mil), sugiere que la especie humana se caracteriza por contar con una amplia diversidad de sistemas lingüísticos; además, cada lengua no se manifiesta de manera uniforme, sino que presenta variación dialectal, diversidad de registros lingüísticos, etcétera. No obstante, la ideología hegemónica (del norte global, blanca, masculina, capitalista) se empeña en la homogeneización, porque homogeneizar resulta una estrategia de control y dominación efectiva, de ahí que los países occidentales hayan impuesto su lengua en los territorios colonizados, porque dominar a los subalternos lingüísticamente permite dominarlos cultural e ideológicamente.¹ La gran tarea de los primeros colonizadores tanto en África como en Asia y América fue catequizar y alfabetizar a los aborígenes en las lenguas dominantes, muy frecuentemente mediante formas violentas. El resultado del proceso de colonización emprendido por Europa fue la imposición de su sistema lingüístico, cultural, político y económico, en detrimento de las lenguas originarias de los territorios colonizados, así como de sus formas de organización cultural y política. La diversidad lingüística se organiza jerárquicamente, a partir del dominio político, económico e incluso militar (Moreno Cabrera, 2000), de suerte que las lenguas hegemónicas se encuentran por encima de las lenguas minoritarias (en realidad, minorizadas), porque las primeras ejercieron una glotofagia² sobre las segundas. La organización jerárquica de las lenguas, de sus dialectos y registros no es arbitraria pero tampoco guarda una relación objetiva con las propiedades de los sistemas lingüísticos (Moreno Cabrera, 2000) más bien da cuenta del desprecio hacia las formas de expresión de la otredad, son producto del colonialismo que se traduce en racismo y clasismo. La conceptualización de este sistema jerárquico (Moreno Cabrera, 2000, p. 21) parte de la idea de que las lenguas con mayor documentación son superiores a las lenguas que no se escriben o que recientemente se conocen, porque las primeras son lenguas más evolucionadas que las segundas,³ este pensamiento inclusive provocó que a unas se les haya designado como lenguas o idiomas, mientras que a las otras (las inferiorizadas), dialectos⁴ o jergas (Calvet, 2005, p. 41 y 58), conceptos empleados de manera peyorativa, pues se asumió que estos últimos eran lenguas primitivas habladas por salvajes, no por seres humanos.

Además, no solo se impuso una lengua sino también una forma específica de esa lengua, la estándar, con el propósito de erradicar las particularidades de cada comunidad de habla dentro de un mismo territorio. Y también se ha impuesto un registro lingüístico al que todo hablante debería aspirar como forma de diferenciación del resto de la población, la norma culta que se concibe como exclusiva de la élite cultural y, por lo tanto, como ya se ha mencionado, un mecanismo de distinción dotado de prestigio social.

4. La lengua como sistema intocable

A pesar de que desde hace siglos sabemos que las lenguas tienden al cambio, pues la humanidad cuenta con documentos que muestran que la lengua que hoy hablamos y escribimos en nada se parece a la lengua de nuestros antepasados de la Edad Media o de los Siglos de Oro, siempre que un cambio lingüístico cobra relevancia se enfrenta a una fuerte resistencia por parte de los hablantes más conservadores; también contamos con evidencia de este fenómeno: el Appendix Probi, las glosas de los monjes copistas, por ejemplo, o los escritos de algunos intelectuales de distintas épocas que han emprendido una defensa de los registros culto y estándar frente a los diversos cambios que ha experimentado una lengua, particularmente si es hegemónica.

Habría que preguntarse de dónde proviene dicha resistencia, pues carece de sustento objetivo, ya que una de las particularidades que definen a los sistemas lingüísticos es su tendencia al cambio, su dinamicidad. Los sistemas lingüísticos hegemónicos parecen conceptualizarse, como ya hemos señalado, desde una óptica de superioridad frente al resto de las lenguas, de manera que, al ser superiores, hay una obligatoriedad de preservarlas, no porque representen a una comunidad, una cultura y un legado (todas las lenguas lo representan), sino por su carácter superior que implica, desde luego, que sus hablantes son “más civilizados” y, como ya se ha dicho, “más evolucionados”.

Así, las lenguas hegemónicas, como el español,⁵ para el caso que nos ocupa, se conciben como entidades valiosas, bienes supremos, tesoros que hay que resguardar y preservar para que no se modifiquen, aunque sus hablantes intenten una y otra vez adecuarlas a sus necesidades comunicativas cotidianas. De ahí que se aspire a una pureza lingüística que, por cierto, recuerda a la pureza racial. El lema de la Real Academia Española (RAE) adoptado en 1715, tras su fundación en 1713, da cuenta de ello: “Limpia, fija y da esplendor” (Historia de la Real Academia Española, s.f., párr. 5), incluso actualmente se asegura que “[…] la institución se ha dedicado a preservar –mediante actividades, obras y publicaciones– el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión, una aspiración también recogida en sus estatutos vigentes, de 1993” (párr. 2, las cursivas son nuestras). En este sentido, es importante destacar que el buen uso al que alude la RAE asume que hay usos malos o ineficientes, lo cual carece de sustento lingüístico, pues todo lingüista sabe que no hay usos mejores que otros (Moreno Cabrera, 2000), sino meramente usos distintos. Sin embargo, el poder de las élites ha permeado en las comunidades de hablantes, de modo que, en efecto, las personas renuncian a ciertas formas de hablar o las cuestionan a partir de un prejuicio.

Visto así, la lengua como sistema “puro” es un estado alcanzado gracias a que adquirió estatus, es decir, poder político: “[…] la lengua es un dialecto que ha triunfado políticamente. O para ser más precisos, un dialecto cuyos hablantes adquirieron una determinada forma de poder por intermedio de determinadas formas sociales y políticas dentro de un determinado marco económico”⁶ (Calvet, 2005, p. 69).

La pureza de las lenguas es un artificio, ya que estas se gestaron a partir de la confluencia de distintas lenguas. Recordemos que la lengua española es heredera del latín vulgar en conjunción con las lenguas que ya se hablaban en la península ibérica (ibéricas, tartesias, celtas, fenicias, ligures), y las germánicas, árabes, incluso el griego (Lapesa, 1981), por lo que hablar de pureza resulta muy poco objetivo:

El castellano no era más que un habla que arruinó la pronunciación latina, destruyó la declinación nominal y buena parte de la verbal del latín, modificó el significado de muchos términos latinos o sustituyó términos cultos por otros mucho más vulgares. (Moreno Cabrera, 2000, p. 154)

El otro aspecto que resalta en la “misión” de la RAE es el de mantener la unidad lingüística; esto es, toda diversidad es vista como una desviación o un atentado contra la lengua, negando así la inmensa variedad dialectal y de registros que puede presentar un idioma y que, efectivamente, ostenta el español.

La asunción de esta postura por parte de la RAE se vincula con la necesidad de unificación política del Imperio Español, un Estado, una única lengua; por lo que detrás de la misión de la RAE se encuentra el proyecto expansionista del imperio.

5. El uso de la lengua en redes sociales

Las redes sociales han transformado las condiciones en que circula el lenguaje. El cambio alcanza el estatuto mismo del discurso, que ahora se produce bajo lógicas de inmediatez, visibilidad y exposición pública. En estos espacios, escribir implica intervenir en una escena abierta en la cual cada enunciado puede ser observado, evaluado y amplificado de manera casi instantánea.

A diferencia de ámbitos institucionales como la escuela o la prensa, donde la producción textual atraviesa filtros relativamente estables, las plataformas digitales operan bajo una dinámica de acceso abierto. Cualquier usuario puede publicar, opinar, comentar o corregir. Esta ampliación del acceso a la palabra desplaza la normatividad hacia el espacio público y la hace más visible, ya que la evaluación lingüística ocurre frente a audiencias amplias y en tiempo real.

Uno de los rasgos más significativos del discurso digital es su carácter multimodal. La escritura se vincula con emojis, gifs, memes, hashtags y recursos tipográficos que intervienen activamente en la construcción del sentido. Como señala Crystal (2006), el lenguaje en internet desarrolla convenciones propias que responden a las condiciones técnicas y sociales del medio. El significado emerge de la interacción entre lo verbal y lo visual, y la interpretación depende de la combinación de múltiples señales expresivas.

La brevedad exigida por las plataformas y la velocidad de circulación favorecen la condensación y la manipulación gráfica. Muchas alteraciones ortográficas o sintácticas funcionan como marcas de pertenencia, ironía o énfasis dentro de comunidades específicas, cuestión que poco tiene que ver con la ignorancia. La escritura participa así en la construcción de identidad y posicionamiento, en un entorno regido por la visibilidad y por lo que se ha denominado economía de la atención, entendida como un escenario en el que la atención humana se convierte en un recurso escaso que condiciona la producción y circulación de los mensajes (Davenport y Beck, 2001).

En este escenario, la producción de juicios lingüísticos adquiere una especial intensidad. La exposición constante convierte cualquier forma de variación en objeto potencial de evaluación y facilita la circulación de intervenciones correctivas que, como se señaló antes, se despliegan ante una audiencia ampliada. La norma circula, se invoca y se reactualiza en intercambios que combinan valoración, exhibición y reconocimiento.

Estas condiciones hacen del espacio digital un terreno particularmente fértil para observar cómo se formulan y se sostienen los juicios sobre el uso lingüístico. La manera en que se enuncian tales valoraciones, el grado de certeza que proyectan y el tipo de obligación que construyen se vuelven aspectos centrales para comprender su funcionamiento.

En este escenario, en que la escritura digital se produce bajo condiciones de visibilidad ampliada y circulación acelerada, la evaluación lingüística adquiere una centralidad particular.

6. Juicios lingüísticos en torno a la variación en redes sociales

Los juicios lingüísticos pueden entenderse como actos evaluativos mediante los cuales un hablante toma posición frente a una forma de uso y frente a quien la emplea. Trascienden la descripción estructural al incorporar una valoración que organiza y delimita lo que se considera aceptable dentro de una comunidad discursiva. En este sentido, constituyen manifestaciones de ideologías lingüísticas, entendidas como sistemas de creencias que vinculan el lenguaje con concepciones sobre identidad, moralidad y orden social (Woolard, 1998).

Evaluar un uso como “correcto” o “incorrecto” implica activar presupuestos acerca de legitimidad, competencia y autoridad discursiva. La valoración recae sobre la forma lingüística y, al mismo tiempo, proyecta efectos sobre el hablante, situándolo dentro de una determinada jerarquía interpretativa. El juicio opera, así, como mecanismo de clasificación que organiza prácticas discursivas y sujetos dentro de un marco compartido de expectativas normativas.

En redes sociales, estas intervenciones adquieren especial visibilidad debido a las condiciones de circulación del discurso. La variación se convierte en detonante de posicionamientos que se formulan ante audiencias amplias y que se apoyan en recursos modales para estructurar grados de certeza, obligación o apreciación. La apelación a la norma académica funciona como referencia recurrente en la legitimación de tales evaluaciones.

Desde esta perspectiva, los juicios lingüísticos en el espacio digital constituyen prácticas discursivas situadas que articulan valoración, identidad y posicionamiento social. Su análisis exige atender a la forma en que se enuncian y a los efectos que producen en la interacción, ya que en ellos se condensan creencias sobre la lengua y sobre el orden que se considera deseable dentro de la comunidad.

Dado que, como se ha observado hasta ahora, se considera que la lengua es un bien y por lo tanto hay que cuidarlo, los propios hablantes con un cierto nivel de instrucción se erigen como policías de la lengua, que emplean la gramática normativa como sistema de control, generando una especie de panóptico de los buenos usos lingüísticos.

La noción de policía lingüística permite describir intervenciones en las que los usuarios asumen la función de vigilar, evaluar y sancionar el uso de la lengua en espacios digitales. Estas prácticas surgen en interacciones cotidianas entre participantes que se atribuyen la facultad de regular el comportamiento lingüístico de otros sin un respaldo institucional explícito. La corrección se convierte así en un gesto público que expone el enunciado ajeno ante una audiencia y lo somete a escrutinio colectivo.

Frick y Meletis (2024) muestran que las (re)correcciones en entornos digitales activan dinámicas de posicionamiento en las que el corrector exhibe su saber ante una audiencia y somete al otro a evaluación pública. En las secuencias de corrección y recorrección que analizan, el foco se desplaza progresivamente hacia la figura del corrector, cuya intervención queda expuesta y valorada dentro de la interacción.

La intervención correctiva se formula como defensa objetiva de la lengua y, con frecuencia, proviene de usuarios cuyos propios mensajes contienen inconsistencias ortográficas, sintácticas o argumentativas. La exigencia de apego estricto a la norma convive así con prácticas discursivas que no se ajustan plenamente a ese mismo estándar. La norma opera entonces como recurso estratégico que legitima una superioridad momentánea y refuerza el efecto público de la corrección más que como principio sostenido de coherencia lingüística.

La policía lingüística en redes sociales funciona de este modo como práctica de señalamiento selectivo en la cual la vigilancia del uso se activa frente a determinados hablantes o registros y se flexibiliza cuando se trata de la propia producción. La defensa del idioma se entrelaza con dinámicas de exposición y alineamiento que revelan el carácter situado e interesado de estas actuaciones.

Los hablantes que fungen como policías lingüísticos en redes sociales adoptan posturas no solo epistémicas frente a los usos “incorrectos” de los demás sino eminentemente posiciones políticas, porque corregir, exhibir y denostar al otro conllevan también la deslegitimación del contenido de los mensajes, es decir, la opinión del otro respecto del tema discutido. Así, no se trata de un mero acto pedagógico, sino de un ejercicio de poder: se anula la agencia política de los usuarios a través de una estrategia de corrección lingüística.

7. La modalidad en los enunciados correctivos en redes sociales

La modalidad constituye una categoría analítica que permite examinar cómo se formulan los juicios lingüísticos en el espacio digital. Desde una perspectiva semántica, Lyons (1977) entiende la modalidad como la expresión de la actitud del hablante respecto del contenido proposicional y del grado de compromiso que asume frente a lo enunciado. A través de recursos modales, el hablante presenta el contenido como necesario, posible, cierto o valorado, estableciendo así una determinada posición frente al uso y frente al interlocutor. En esta misma línea, Otaola Olano (1988) señala que la modalidad se proyecta tanto en el enunciado como en la enunciación, es decir, en las marcas que organizan grados de certeza, obligación o valoración dentro de la interacción discursiva. La autora distingue entre modalidad deóntica, epistémica y apreciativa.

La modalidad deóntica introduce nociones de obligación, permiso o prohibición y suele realizarse mediante imperativos como “Escribe correctamente”; perífrasis modales como “Debes respetar la norma”, “Hay que usar la forma adecuada”; o construcciones impersonales normativas como “Se tiene que respetar la gramática”. Estas estructuras presentan el uso lingüístico como exigencia normada por un marco compartido, además, la estructura impersonal contribuye a presentar la regla como principio general, desvinculado de una voluntad individual, lo que intensifica su efecto regulador.

La modalidad epistémica expresa el grado de certeza o evidencia que el hablante atribuye a la proposición. Se manifiesta en expresiones como “Es evidente que esa forma es incorrecta”, “Está claro que esa palabra no existe” o “Se sabe que esa construcción es vulgar”. En estos casos, el juicio se formula como conocimiento consolidado y se proyecta como verdad estable dentro de la interacción discursiva, lo que favorece su fijación como referencia compartida en el intercambio. Con frecuencia, esta modalidad se refuerza mediante la apelación a instancias reconocidas como la RAE u otras autoridades lingüísticas, como “No lo digo yo, lo dice la RAE”, lo que funciona como respaldo institucional del saber enunciado. La certeza proyectada reduce el espacio de negociación y organiza la interacción alrededor de una verdad presentada como dada.

La modalidad apreciativa o evaluativa incorpora una dimensión valorativa que afecta tanto a la forma lingüística como al hablante y se vincula con la expresión de actitudes y juicios subjetivos. En el ámbito digital se actualiza en enunciados como “Es lamentable que escribas así”, “Qué horrible uso del idioma” o “Es ridículo hablar de esa manera”, activándose frecuentemente mediante construcciones copulativas o atributivas que califican explícitamente el uso. La valoración intensifica el efecto del juicio y asocia la realización lingüística con cualidades morales o intelectuales. El uso queda vinculado a categorías como descuido, ignorancia o inferioridad cultural. La valoración se convierte así en mecanismo de clasificación que traspasa la dimensión formal del enunciado y alcanza al usuario de la lengua.

La convergencia de estas marcas modales presenta la corrección como una intervención legítima y necesaria, al tiempo que delimita posiciones dentro de la interacción y naturaliza la jerarquización de formas y usuarios, posicionando a unos como defensores legítimos y a otros como transgresores.

Desde esta perspectiva, la modalidad organiza el estatuto del juicio lingüístico en el entorno digital. Cada marca modal configura un grado específico de fuerza ilocutiva, entendida en el sentido de Austin (1962) como la dimensión del enunciado que realiza una acción al ser pronunciado y delimita la posición enunciativa desde la cual se interviene. El imperativo concentra la intensidad directiva; la impersonalidad proyecta generalidad normativa; la declaración epistémica instala el juicio como evidencia; la evaluación intensifica la dimensión afectiva y moral del señalamiento.

De esta manera, el análisis de la modalidad permite identificar cómo la regulación lingüística adquiere forma gramatical concreta. La autoridad se construye en la elección de estructuras que instituyen un deber ser, fijan certeza incuestionable o atribuyen valor moral e intelectual. A través de estos recursos, el estándar se presenta como referencia privilegiada y determinadas realizaciones se desplazan hacia posiciones de menor legitimidad. En consecuencia, la modalidad opera como dispositivo de distribución simbólica que estructura la relación entre uso, norma y usuario en el espacio público digital.

En este sentido, el presente estudio se inscribe en una investigación en curso que toma la modalidad como categoría rectora para examinar la construcción de los juicios correctivos en redes sociales.⁷ A partir de este enfoque, se aborda un conjunto de datos recopilados en distintas plataformas con el fin de observar cómo las marcas de obligación, certeza y valoración configuran posiciones y jerarquías en el espacio digital.

7.1. Metodología y corpus

El análisis que se presenta a continuación se apoya en una investigación en la que se identificó la modalidad como uno de los ejes centrales en la construcción del posicionamiento discursivo en los enunciados de corrección lingüística en redes sociales. Para llevar a cabo el análisis se conformó un corpus, cuya observación permite describir los esquemas modales que estructuran la relación entre uso, norma y usuario en el entorno digital. Dicho corpus está integrado por 200 enunciados correctivos recopilados en tres plataformas digitales predominantemente escritas: X (antes Twitter), Facebook y Threads.

La selección de estas tres plataformas responde a su amplia base de usuarios y a su funcionamiento como espacios de interacción pública caracterizados por la inmediatez y la circulación acelerada de contenidos. X favorece intervenciones breves y reactivas que propician la corrección directa y el señalamiento inmediato; Facebook permite intercambios más extensos y argumentativos en publicaciones y comentarios; Threads combina dinámicas conversacionales ágiles con debates metalingüísticos en formato textual. La alta visibilidad de las intervenciones y la rápida respuesta entre usuarios convierten a estas plataformas en escenarios idóneos para observar la emergencia y circulación de actos correctivos.

La delimitación temporal abarca publicaciones entre 2020 y 2025. Este periodo concentra un incremento significativo en debates sobre lenguaje inclusivo, normatividad y apelaciones a la autoridad lingüística en entornos digitales, debido a que, en enero de 2020, la RAE publicó el Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. De forma simultánea, las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia de COVID-19 provocaron un aumento sostenido del uso de plataformas digitales. La combinación entre expansión del debate metalingüístico y crecimiento abrupto de la interacción en línea amplificó la visibilidad de prácticas correctivas en espacios públicos virtuales.

Los ejemplos fueron recopilados mediante la búsqueda por palabras clave asociadas a corrección lingüística (“escribe bien”, “se debe respetar”, “la RAE dice”, “está mal dicho”, “deforman el idioma”, entre otras), priorizando enunciados que activaran explícitamente un juicio normativo sobre el uso o sobre el hablante.

Cada enunciado fue sometido a un proceso de codificación manual que incluyó las siguientes variables: 1) modalidad predominante (deóntica, epistémica o evaluativa); 2) recursos léxico-gramaticales activados (imperativos, perífrasis modales, construcciones impersonales, marcadores de evidencia, adjetivación valorativa); 3) apelación a instancia de autoridad (RAE, diccionario, institución académica).

En casos de coactivación modal se registró la modalidad dominante y se consignó la concurrencia secundaria. Por esta razón, las frecuencias relativas no constituyen categorías mutuamente excluyentes, de modo que la suma de los porcentajes puede superar el 100%, ya que un mismo enunciado puede activar más de una orientación modal.

El análisis se orienta a explicar cómo, a través de recursos semántico-gramaticales específicos, se configuran posiciones de autoridad y se producen efectos de legitimación o exclusión, tanto de lo dicho, como de quien lo enuncia, en el espacio digital.

7.2. Análisis y resultados

El corpus evidencia que la corrección lingüística en redes sociales se estructura mediante patrones modales diferenciados que organizan la relación entre quien corrige y quien es corregido. Como se aclaró antes, algunos enunciados presentan superposición de marcas modales, por lo que los porcentajes corresponden a frecuencias relativas y no a categorías excluyentes.

El análisis permite identificar una distribución modal diferenciada en los actos digitales de corrección lingüística. La modalidad evaluativa concentra el mayor número de casos (96 ejemplos, 46,8%), seguida de la modalidad deóntica (72 ejemplos, 35,1%) y, en menor proporción, de la modalidad epistémica (37 ejemplos, 18,0%).

7.2.1. Modalidad evaluativa: el juicio (o prejuicio) como eje dominante

La modalidad evaluativa constituye la configuración más frecuente del corpus. En estos enunciados, la corrección se formula mediante juicios explícitos que vinculan el uso lingüístico con atributos morales, intelectuales o sociales del hablante y se correlacionan con capacidad, moralidad y pertenencia social.

Algunos de los ejemplos representativos incluyen:

1. 1. “Escribe bien, animal”.
2. 2. “Aprende a escribir burra kuka”.
3. 3. “Qué horrible uso del idioma”.
4. 4. “Ese absurdo ‘lenguaje inclusivo’ es lo más naco y tonto”.

En estos casos, el señalamiento trasciende la forma lingüística y se proyecta sobre la identidad del interlocutor. La evaluación funciona como mecanismo de clasificación que asocia el “mal uso” con ignorancia, inferioridad o falta de legitimidad. La fuerza del acto correctivo se intensifica mediante insultos, adjetivación peyorativa e hipérboles que consolidan la posición del corrector como instancia de superioridad simbólica.

Los ejemplos muestran que aquellos usuarios que, de acuerdo con el juicio del corrector, no se expresan “adecuadamente” o conforme a la norma, son clasificados como personas inferiores en la escala social (naco, en México, es una expresión clasista), e incluso, como no pertenecientes a la especie humana, es decir, equiparables a animales, lo cual también es un ejercicio de inferiorización, pues recuérdese que en el pensamiento occidental, los animales carecen de raciocinio, de alma y, por ende, pueden ser sometidos por los seres humanos. Los ejemplos también permiten observar que el corregido es tratado como incapaz a nivel intelectual.

El predominio de esta modalidad sugiere que la corrección en redes sociales se sostiene fundamentalmente en valoraciones subjetivas que organizan jerarquías entre hablantes.

7.2.2. Modalidad deóntica: la norma como obligación

Este tipo de modalidad se articula mediante imperativos directos, perífrasis modales y construcciones impersonales que instituyen deber normativo.

Algunos ejemplos del corpus son:

1. 1. “Se debe respetar el idioma”.
2. 2. “Aprende a escribir primero y después abre tus fauces”.
3. 3. “No podemos deformar el castellano con aberraciones sin sentido”.
4. 4. “Se debe respetar la cultura y la lengua. Es un tesoro y un derecho”.

Estas formulaciones presentan la norma como marco obligatorio y generalizable. La construcción impersonal (“se debe”) contribuye a proyectar la regla como principio abstracto que excede la voluntad individual. El acto correctivo adopta aquí la forma de mandato o prescripción, configurando la interacción en términos de cumplimiento o transgresión.

Los ejemplos permiten observar que la lengua es conceptualizada como un bien o un tesoro al que se le debe respeto, y las expresiones ajenas a la norma constituyen faltas de respeto y aberraciones inadmisibles. Pero paradójicamente, también se piensa a la lengua como un derecho, pero excluyente, pues sólo se le permite a quien domina las formas correctas.

7.2.3. Modalidad epistémica: la autoridad como evidencia

En estos enunciados, el juicio correctivo se formula como conocimiento consolidado o evidencia objetiva, con frecuencia mediante apelación a instancias institucionales.

Algunos ejemplos ilustrativos incluyen:

1. 1. “Así lo dice la rae, pero oye, que si quieres hacer pública tu ignorancia y que nos riamos de ti, adelante, siéntete libre de hacer el ridículo”.
2. 2. “Eso dice la RAE y pues ni modo”.
3. 3. “lo dice la rae, no yo”.
4. 4. “Escribir correctamente el español permite organizar y expresar las ideas de manera clara y precisa. Fomenta las oportunidades y una óptima imagen profesional”.
5. 5. “No se dice ni se escribe ni se piensa ‘cada que’... Es ‘Cada vez que…’”.

En estos casos, la legitimidad del señalamiento se apoya en una fuente externa presentada como garante del uso correcto. La norma adquiere estatuto de evidencia y reduce el margen de negociación discursiva.

Los ejemplos evidencian que, desde el punto de vista del corrector, la RAE es una institución incuestionable, en tanto que lo establecido por ella se torna dogma, ley gramatical, lo cual dista mucho de la realidad, ya que la RAE no puede establecer leyes, simplemente sugiere usos. Los usos diferentes se evalúan como ignorantes, ridículos, poco claros, imprecisos y no profesionales, con lo cual la persona corregida es situada en una escala inferior en términos epistémicos y sociales.

A partir de los resultados, se puede asumir que los actos digitales de corrección lingüística se sostienen principalmente en juicios valorativos y descalificadores, absolutamente subjetivos, es decir, carecen de fundamento lingüístico. La modalidad deóntica aparece con alta frecuencia mediante imperativos y construcciones impersonales que instituyen obligación normativa. La modalidad epistémica se activa en menor proporción a través de apelaciones a evidencia o autoridad institucional, particularmente mediante referencias explícitas a la Real Academia Española como instancia que sanciona los usos alejados de la norma.

7.2.4. Comparación entre redes

La distribución modal presenta variaciones según la plataforma. En X se observa mayor concentración de modalidad evaluativa e imperativa directa, con alta presencia de insulto breve y mandato explícito (“Escribe bien”, “Aprende a hablar”). La estructura breve del formato favorece intervenciones condensadas y directivas. En Facebook se registra una mayor extensión argumentativa. Aunque la modalidad evaluativa continúa siendo predominante, aparecen con mayor frecuencia formulaciones deónticas desarrolladas y apelaciones normativas enmarcadas en discursos sobre educación, cultura o identidad. Por su parte, en Threads destaca la modalidad epistémica vinculada a citas de la RAE y discusiones metalingüísticas más explícitas, aunque también se activan valoraciones directas en debates sobre pronunciación, ortografía o lenguaje inclusivo. En conjunto, la modalidad evaluativa se mantiene como dominante en las tres plataformas, lo que confirma que la corrección digital se articula prioritariamente como juicio valorativo antes que como exposición técnica o demostración normativa.

El examen de las formas gramaticales muestra, además, que la intensidad del acto correctivo varía según la estructura empleada: el imperativo concentra los intercambios más confrontativos (“escribe bien animal”); las construcciones impersonales generan un efecto de neutralidad que remite a autoridad difusa (“ese uso no se recomienda”); los declarativos con cópula (“eso es incorrecto”) presentan el juicio como constatación; las interrogativas retóricas (“¿niñes? Escribe bien”) y los condicionales (“si no sabes escribir no opines”) introducen reproche indirecto. En conjunto, estos patrones evidencian que la modalidad organiza el contenido del juicio y modula su fuerza y proyección social.

8. Discusión

El análisis permite considerar la corrección lingüística en redes sociales como una práctica en la que la norma opera como principio de ordenamiento social, los internautas se posicionan no solo como “mejores” o “peores” usuarios de la lengua, sino como “mejores” o “peores” individuos en términos morales, sociales y políticos. Los enunciados correctivos, a través de configuraciones modales específicas, organizan relaciones de poder, delimitan quién ocupa la posición de autoridad y establecen criterios de legitimidad sobre el uso y sobre los usuarios. Estas intervenciones exceden la evaluación lingüística y participan en la construcción de expectativas sobre el desempeño comunicativo y sobre las condiciones de pertenencia dentro del intercambio digital.

La coactivación de modalidades en un mismo enunciado, por ejemplo, interrogativas retóricas seguidas de mandato directo, intensifica la intervención correctiva y refuerza la asimetría entre corrector y corregido. La lengua se conceptualiza recurrentemente como entidad vulnerable, patrimonio que debe preservarse o estructura susceptible de deformación, lo que favorece la activación de juicios categóricos sobre su uso y facilita la legitimación de intervenciones directivas.

La modalidad organiza el alcance del juicio al proyectar deberes, certezas y valoraciones que orientan la interpretación del enunciado. A través de estas marcas, el estándar adquiere la apariencia de referencia estable y autorizada, mientras que determinadas realizaciones se sitúan en posiciones de menor legitimidad e incluso descartables, en la medida en que se presentan como carentes de aval institucional, por lo que se asume que “no existen”, de modo que la apelación a instancias como la RAE refuerza este efecto al convertir la corrección en un acto respaldado por una autoridad normativa. La práctica correctiva se erige, así, como mecanismo de regulación discursiva con implicaciones políticas, en tanto estructura la participación y distribuye autoridad dentro del espacio público digital.

El hecho de que la modalidad evaluativa predomine sobre la deóntica y la epistémica da cuenta de cómo los juicios de corrección lingüística apelan a la superioridad subjetiva del corrector frente al corregido y evidencian la jerarquía social de los usuarios de la lengua cuyas opiniones, en la medida en que se apegan o no a la normatividad lingüística, son validadas o deslegitimadas, independientemente de su nivel argumentativo.

Por lo anterior, es plausible afirmar que la lengua se instituye como un terreno de disputa que interviene en la distribución de reconocimiento, autoridad y control social.

9. Conclusiones

En este trabajo se mostró cómo los intercambios comunicativos en entornos digitales, particularmente las prácticas de corrección lingüística, entrañan posicionamientos de dominación, en los cuales el corrector se coloca en una posición de superioridad frente al corregido, más que un ejercicio pedagógico, como ejercicio de poder, para invalidar el contenido enunciativo del otro, a partir del uso lingüístico normativo. Vista así, la norma lingüística se instituye como la tabula rasa que clasifica a los usuarios de las redes como los que tienen derecho a expresar una opinión y los que son privados de él.

En consecuencia, el objetivo de este trabajo no consistió en cuestionar la existencia ni la funcionalidad comunicativa de la lengua estándar, sino en mostrar que, aun siendo un instrumento eficaz de intercomprensión en determinados ámbitos, constituye un artificio histórico resultado de procesos de selección, fijación e institucionalización. Desde esta perspectiva, el análisis se orientó a examinar las condiciones bajo las cuales ese estándar se activa como criterio de calificación social. Se buscó evidenciar cómo la norma, cuando se moviliza en prácticas correctivas digitales, opera como dispositivo de poder que distribuye autoridad discursiva, establece fronteras de legitimidad y contribuye a la reproducción de asimetrías en el espacio público virtual.

El análisis expone que las correcciones lingüísticas presentan una regularidad afianzada en la modalidad (evaluativa, deóntica y epistémica) como configuración semántica y pragmática que le permite a los correctores exhibir, cuestionar y denostar a los corregidos, tanto a nivel lingüístico, como ideológico. El predominio de la modalidad evaluativa en las tres plataformas analizadas permite situar los juicios en el ámbito de lo subjetivo, es decir, en el prejuicio que soslaya exclusión racial y social. Los correctores lingüísticos en los entornos digitales utilizan la norma como una herramienta de control para señalar lo diferente como inválido y despreciable.

Asimismo, es posible afirmar que los usos lingüísticos normativos consolidan una gramática del prestigio que se manifiesta en decisiones formales que sostienen efectos de clasificación en el nivel del enunciado. Las dinámicas de visibilidad y exposición propias de las plataformas intensifican estos efectos al ampliar la audiencia y consolidar la proyección pública del señalamiento. La modalidad opera entonces como mecanismo de distribución en la estabilización de jerarquías lingüísticas que se traducen en jerarquías sociopolíticas en el espacio digital. En consecuencia, la corrección lingüística en redes sociales no es un gesto pedagógico neutral: es un acto político.

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Notas

Notas de autor