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Custer: LOS OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO. EL CASO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (1970-1973)



Introducción

En la historia argentina reciente uno de los campos que ha suscitado mayores estudios y controversias ha sido el concerniente a la violencia política, protagonizada por las organizaciones armadas revolucionarias que surgieron con inusitada potencia en los primeros años de los ´70. En ese momento, la lucha armada pasó a convertirse en la vía revolucionaria por excelencia, constituyendo a las organizaciones que la sostenían y desplegaban como medio de intervención política excluyente, en actores relevantes de la escena política nacional. A pesar de la vasta bibliografía que se ha dedicado a estudiar los orígenes, el auge y la crisis de dichas organizaciones, poco es lo que se ha avanzado en analizar profundamente los hechos armados que estas llevaron a cabo. Teniendo en cuenta esto es que, en la primera parte de este artículo, exponemos las limitaciones de algunos de los trabajos que han abordado, aunque más no sea tangencialmente, la materia expuesta.

Previamente a emprender nuestro cometido central, esbozamos las líneas rectoras principales de la estrategia político-militar de las FAR2 y efectuamos algunas precisiones conceptuales que nos sirven para abordar la tarea delineada. Centrándonos en el caso particular de las FAR, en la tercera parte de este trabajo, efectuamos un recuento estadístico de los operativos que protagonizaron, en base a un trabajo exhaustivo de diversos tipos de fuentes disponibles. Esto nos permitió alcanzar un panorama global de su accionar armado, luego de haber establecido su cantidad, temporalidad, distribución geográfica, efectividad y la coordinación existente con otras organizaciones armadas. En la última sección, vamos a presentar una tipología de los operativos armados que permita aprehender acabadamente su especificidad. La categorización propuesta, extensible al conjunto de las organizaciones armadas revolucionarias de la época, consideramos que es una forma adecuada para adentrarse en el estudio pormenorizado de su práctica armada, juzgando la centralidad que le asignaban dichas organizaciones en sus estrategias revolucionarias.

Entre la ausencia y la insuficiencia: el estudio del accionar de las organizaciones armadas revolucionarias en la bibliografía existente

La irrupción de las organizaciones armadas revolucionarias puede comprenderse como el resultado de un fenómeno de radicalización política, acicateado por varios factores que se concatenaron para que la inconformidad de algunos sectores intelectuales militantes de diversas tendencias diera paso, a partir del golpe de estado de junio de 1966, a una acción más decidida por emprender la senda armada3. La dictadura militar denominada Revolución Argentina (1966-1973), encabezada por el Teniente General (R) Juan Carlos Onganía, constituyó el contexto de emergencia propicio para que grupos clandestinos comenzaran a organizarse y, una vez que las políticas económicas y represivas gubernamentales condujeron a la irrupción de un proceso masivo y violento de movilización obrero-estudiantil y de protesta social, cuyo hecho emblemático fue el “Cordobazo” (acontecido el 29 de mayo de 1969), confirmaran el camino emprendido por medio de un impetuoso accionar armado (Tortti, 1999, pp. 223-224; Brennan y Gordillo, 2008, pp. 101-105).

Las organizaciones revolucionarias que irrumpieron en 19704 operaron como polo de atracción de vastos sectores militantes y juveniles, estructurando ese poderoso movimiento armado que, junto al auge de la conflictividad social, marcaron la batida en retirada de la Revolución Argentina. Luego de dos relevos presidenciales, el nuevo presidente, Teniente General Alejando Lanusse, a partir de abril de 1971, buscó institucionalizar el sistema político por medio de una apertura destinada a conjurar la agudización de los enfrentamientos sociales (Portantiero, 1977, pp. 558-562; O´ Donnell, 1982, pp. 456-459). Dicho proceso culminó con la asunción presidencial del candidato justicialista electo, Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973.

La relevancia que tuvieron las organizaciones armadas revolucionarias en dicho proceso, y la trayectoria vertiginosa que protagonizaron, adquiriendo un papel de actores centrales durante las presidencias peronistas de 1973-1976, tuvo su correlato en la abundante bibliografía que se ha dedicado a estudiarlas o abordar algún aspecto de ellas. Sin poder ahondar en este trabajo en la vastedad de dicha producción5, podemos destacar que el material producido ha tendido a centrarse mayormente en las dos organizaciones principales: Montoneros (Gillespie, 1987; Bartoletti, 2011) y el PRT-ERP (Pozzi, 2000; Carnovale, 2011). El curso de estas estuvo marcado por un vertiginoso crecimiento entre el fin de la dictadura y comienzos de 1973, que las llevó a aglutinar en su seno al grueso de la militancia radicalizada y a otras agrupaciones menores.

Para interpretar la trayectoria de las organizaciones armadas revolucionarias, se ha dado un primordial valor explicativo a su composición social predominantemente pequeñoburguesa (Brocato, 1985; Gillespie, 1987), a las transformaciones político-ideológicas de las que fueron emergentes (Hilb y Luztky, 1984; Ollier, 1986) o a la subjetividad militante que conformaron (Ollier, 1998; Carnovale, 2011). En gran parte de estos trabajos, la noción de militarización ha sido clave en la interpretación del declive que empezaron a sufrir las organizaciones armadas revolucionarias a partir de 1974, propiciado por el enfrentamiento cada vez más directo que entablaron con las fuerzas de seguridad y para-estatales, provocando su aislamiento creciente respecto de otros sectores sociales (Gillespie, 1987; Ollier, 1998; Tortti, 1999; Calveiro, 2005). Esta idea también ha sido descartada por quienes consideran la existencia de una efectiva correspondencia entre las ideas originarias de las organizaciones y las prácticas desplegadas en su devenir histórico (Brocato, 1985; Carnovale, 2011). Cabe destacar que la producción bibliográfica también ha comenzado a abordar otros tópicos, como la política que se dieron las organizaciones armadas para incidir en sectores más amplios de la población (Grammático, 2011; Robles, 2014; Mariños, 2017), la construcción identitaria forjada a través de las publicaciones partidarias (Slipak, 2015) y, con notable vigor, profundizando en indagaciones orientadas en la perspectiva de género (Martínez, 2009; Oberti, 2015; Noguera, 2019). Pese a que los trabajos tienden a evidenciar un sesgo, en parte lógico, a escrudiñar fundamentalmente a las dos organizaciones armadas principales, también surgieron estudios de caso que vinieron a llenar el vacío existente respecto de otras menores (Duhalde y Pérez, 2003; Campos y Rot, 2010; Grenat, 2010).

Teniendo en cuenta que nos hemos detenido en señalar las obras que consideramos más representativas y que constituyen solo una muestra muy reducida del extenso universo de los trabajos que versan sobre estas organizaciones, algo que llama poderosamente la atención es el escaso tratamiento que ha recibido la práctica armada protagonizada por aquellas. Esto resulta aún más sorprendente tomando en consideración la centralidad que tenía la lucha armada en la estrategia revolucionaria delineada por aquellas, al ser definida como la metodología efectiva para la toma del poder y que, por otra parte, era la característica común que las unificaba a todas6.

En rasgos generales, la bibliografía disponible que ha buscado cuantificar la práctica armada adolece de serias falencias, que pueden ser sistematizadas de la siguiente manera: 1) Inconsistencia en la construcción de los datos y utilización de las fuentes de información; 2) Ausencia de un trabajo de clasificación en base a un número adecuado de variables. El primer aspecto, puede ejemplificarse por medio de dos obras, cuyas mayores falencias resultan ser, por un lado, la no identificación de las fuentes utilizadas para llegar a los resultados expuestos (Círculo Militar, 2001, pp. 147-1707) y, por el otro, el hecho de que el afán de sumar “casos” lleva a adicionar hechos a todas luces disímiles con lo que supuestamente se busca cuantificar, convirtiendo el trabajo de procesamiento de datos en cuanto menos incierto (Manfroni y Villarruel, 2014 8). El hecho de que estos trabajos se encuentran ligados al sector castrense es clave para explicar lo sesgado de los resultados obtenidos al momento de efectuar sus correspondientes análisis9.

La segunda limitación se circunscribe específicamente a trabajos realizados en el campo académico. En los albores democráticos vieron luz dos trabajos, ya devenidos en clásicos, que abrieron una línea de análisis respecto al estudio de los hechos armados, que lamentablemente no tuvo continuidad. No obstante, y ciñéndonos al tema específico de este artículo, hay que destacar que el abordaje general de ambos estudios acerca de las acciones armadas no permite dar cuenta ni de la autoría, diversidad, objetivos concretos y resultados de las operaciones, sino advertir el cariz cada vez más cruento que fueron tomando los acontecimientos entre 1969-1972 (O´Donnell, 1982, pp. 446-451) y entre 1974-1976 (Marín, 1984, pp. 114-175). Al poco tiempo, Ollier (1986, pp. 117-119) totalizó 1.243 operativos entre los años 1970-1972 con la virtud de avanzar en la identificación de las organizaciones que los ejecutaron, pero sin referir de ningún modo a su especificidad. Finalmente, pueden mencionarse dos trabajos que toman a las organizaciones principales como estudios de caso. Pacheco (2012), circunscribiéndose a Montoneros, ofrece un análisis cuantitativo de su accionar armado entre mayo de 1970 y mayo de 1976. Consideramos que las categorías utilizadas para clasificar los datos, si bien reconocen algunas especificaciones (terrorismo, acumulación y agitación), no permiten arribar a un análisis que contemple de manera acabada su diversidad, complejidad y grado de eficacia. Iazzetta (2015), por su parte, realiza un estudio centrado en desentrañar el sentido de la violencia ejercida por el PRT-ERP entre 1971-1976, a partir del repertorio de acciones que define como cualitativamente menores. Para lograrlo pone a punto una tipología que le permite discernir entre cuatro tipos de acciones armadas (de aprovisionamiento, de propaganda, atentados y enfrentamientos armados y que expresan la justicia popular) y si bien constituye un esfuerzo logrado en el propósito delineado, su enfoque no está destinado a dar una visión exhaustiva de la práctica armada en cuanto tal.

Estas consideraciones son también extensivas al caso particular de las FAR, en donde el trabajo que más ha profundizado en el análisis de la trayectoria política de la organización (González Canosa, 2012), no brindó un estudio específico sobre este tópico.

Estrategia, táctica y práctica armada: algunas precisiones conceptuales

Aunque el objeto de este artículo se centra en la práctica armada, antes de abocarnos a dicha tarea, expondremos brevemente los lineamientos principales que marcaron la trayectoria política y la concepción revolucionaria esbozada por las FAR. Los orígenes de la organización se remontan a la partida de grupos militantes argentinos hacia Cuba entre los años 1966-1967, con el propósito de entrenarse militarmente para posteriormente sumarse al proyecto revolucionario del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por Ernesto Guevara en Bolivia. Muerto Guevara y desarticulado el ELN, de aquella experiencia se desprende un puñado de militantes, algunos de procedencia comunista, que pasaron a conformar el núcleo fundacional de las FAR, promediando el año 1969. En ese tránsito, se produjo una revalorización de la ciudad como escenario propicio para desplegar la lucha revolucionaria, favorecida por la irrupción de la protesta callejera a partir del “Cordobazo” y modificando la concepción eminentemente rural que inspiraba al proyecto de Guevara10.

El aspecto que se mantuvo fiel en la estrategia político-militar asumida por las FAR, en relación con la propuesta guevarista original, fue considerar como necesidad ineludible para la toma del poder, la construcción de un ejército popular que fuera capaz de derrotar a las Fuerzas Armadas (FF. AA) mediante un largo proceso de desgaste que desembocara en una guerra revolucionaria. Adoptando la lucha armada como única salida para emprender el camino de la liberación de la explotación del hombre por el hombre, se lanzaron decididamente a protagonizar operativos armados con el fin de plasmar en la práctica su objetivo estratégico11. La centralidad del accionar armado deriva de esa concepción y su puesta en marcha insumió la totalidad del esfuerzo militante inicial, aunque apenas seis meses después de hacer su aparición pública, la propia organización reconocía que el gran problema a resolver era su efectiva vinculación con las masas. En este punto, sostenían que dicha conexión estaba asegurada por las “acciones mismas”, pero de lo que se trataba era de cómo se iban “incorporando las masas cada vez más al proceso de la lucha revolucionaria”12. Teniendo en cuenta ello, no resulta extraño que en ese documento ya se planteara la posibilidad de integrarse al peronismo, algo que recién va a efectivizarse en abril de 1971, por medio de la asunción de la identidad peronista por parte de las FAR (1971).

La adscripción política al peronismo13 fue un elemento esencial que explica el devenir de las FAR en dos sentidos: por un lado, permitió acelerar la confluencia de las principales agrupaciones peronistas que sostenían la necesidad de la lucha armada, a partir de la conformación transitoria de las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP14); por otro lado, favoreció la referencialidad política de la organización, en un momento en que el peronismo revolucionario pasaba a ganar adeptos de manera creciente entre las filas juveniles. Para principios de 1972, las FAR consideraban estar en condiciones de encarar la etapa de “extensión de la guerra”, hecho que suponía “vincular a la guerrilla con las otras formas de lucha popular” que emergían en oposición a la dictadura. Los límites de las movilizaciones masivas residían en que no ofrecían una garantía para evitar el “contraataque represivo”, algo que solo podía empezar a ser revertido por la conformación de una vanguardia armada articulada orgánicamente con agrupaciones de base, que adoptando la “perspectiva de la guerra” pasaran a cumplir tareas de propaganda, reclutamiento, conducción en movilizaciones de masas y apoyo logístico en términos de suministro de información, favoreciendo así el crecimiento de la organización y su influencia política15.

A mediados de 1972 se abre un momento de gran activación política, al calor del proceso de transición a la democracia que desemboca en las elecciones de marzo de 1973. Juan Domingo Perón, exiliado durante diecisiete años, se convierte entonces en el actor principal de la escena política aceptando tácitamente su proscripción para viabilizar los comicios convocados por la dictadura, algo que también es avalado por Montoneros y las FAR. Estas últimas consideraban la voluntad de participar en las elecciones como una “maniobra táctica” destinada a aumentar el poder del peronismo y de las fuerzas populares en desmedro del partido militar y como una “respuesta de carácter estratégico” tendiente a nuclear en torno de aquel movimiento político, cuyo eje era la clase obrera peronista, a “todos los sectores cívicos dispuestos a luchar por la liberación nacional y social del pueblo”. Según la organización, la superestructura burocrática del peronismo podía ser neutralizada por la unificación de todos sus sectores combativos y el desarrollo de una amplia movilización de las bases16.

Concluida la campaña electoral con la victoria peronista, las FAR, ya en franco proceso de fusión con Montoneros, consideraron que la inminente asunción a la presidencia de Cámpora significaba el “inicio de una nueva etapa en la lucha por la liberación nacional”. Sin embargo, distinguían entre el triunfo electoral y la toma efectiva del poder, estimando que esto solo podía alcanzarse con la apropiación del poder económico y militar, objetivo que demandaba la conducción de Perón, la construcción del “Ejército peronista” y una amplia movilización popular “para el apoyo, la defensa y el control del gobierno en función de lograr el cumplimiento de los objetivos de liberación contenidos en el programa electoral como etapa de transición hacia la construcción del socialismo nacional”17. Como se puede observar, las definiciones de las organizaciones armadas peronistas ya encerraban potencialmente el conflicto con el liderazgo de Perón, que va a irrumpir en escena cuando éste, regresado definitivamente al país, emprenda un curso distinto al avizorado por el sector revolucionario de su movimiento. En ese sentido, lejos de haber confundido la estrategia (electoral) con la táctica (revolucionaria) del viejo líder tal como sostiene Gillespie (1988, pp. 134-137), las FAR y Montoneros revirtieron esa díada (estrategia revolucionaria y táctica electoral) para consolidar una apuesta política que suponía profundizar la movilización popular y la construcción militar, incrementando por esa vía su influencia social como medio para volcar el liderazgo de Perón en la senda que pretendían impulsar bajo el nuevo gobierno peronista.

Si reflexionamos en torno a la distinción entre estrategia y táctica, de los lineamientos sostenidos por las FAR se desprende que la segunda consistía en la puesta en marcha de los posicionamientos conducentes a cumplir con el objetivo estratégico último, por ello la participación en las elecciones y la asunción de un gobierno peronista fueron interpretados por la organización como peldaños hacia la toma efectiva del poder. Teniendo en cuenta esos planteos estratégicos y tácticos delineados, desde un principio las FAR intentaron efectivizarlos protagonizando numerosos y resonantes operativos armados (Cúster, 2018). Estimamos que, si bien la estrategia revolucionaria de las FAR puede ser pensada como eminentemente militar en la medida que sostenía como imprescindible un enfrentamiento bélico que se desarrollaría in crescendo, también se conjugó con “movimientos tácticos” destinados a fomentar la movilización social y la influencia política de la organización, habida cuenta de que ésta pregonaba el desencadenamiento de una guerra popular. La ligazón con sectores políticamente activos del entramado social se convirtió en indispensable al poco tiempo de haber iniciado sus operativos armados. Por ello consideramos que, más allá de las distinciones estratégicas o tácticas, militares o políticas, cuestiones que han sido analizados como binarias y excluyentes al abordar el estudio de las organizaciones armadas revolucionarias, particularmente en el momento inicial de advenimiento democrático (Hilb y Luztky, 1984; Ollier, 1986, 1998; Calveiro, 2005), las nociones “políticas” y bélicas estaban indisolublemente unidas en la concepción sostenida por la organización. Así lo entendían las FAR cuando establecían que “toda operación armada -independientemente de su finalidad específica -tiene una significación política”, al superar en los hechos los “límites del control represivo sobre el que se apoya la legalidad burguesa”18.

Por ello, en este artículo planteamos el estudio de la práctica armada centrada en los operativos que fueron efectivamente llevados a cabo por la organización. Y cuando nos referimos a práctica u operativos armados es porque los militantes participantes lo hacían portando armas o detonando explosivos. Es decir, la utilización ostensible de armamento, aunque se pusiera celo y recaudos en reducir las “fuerzas enemigas” sin producir bajas, era prácticamente una condición sine qua non de los operativos, teniendo en cuenta que los mismos servían, no solo para dotar de recursos a la organización, sino también para foguear el “espíritu y la capacidad de combate de los militantes” y como efecto demostración para que otros sectores se sumen a la lucha armada19. Como la organización insistentemente lo proclamaba en sus comunicados, todas las acciones armadas eran llevadas a cabo con la intención común de viabilizar un método de lucha que consideraban como el más eficaz para lograr la toma revolucionaria del poder20.

Lo antedicho no nos releva de la necesidad de ahondar en el análisis de la práctica armada, más bien todo lo contrario, a fin de lograr una mejor comprensión del alcance práctico que tuvo “lo armado” en la estrategia revolucionaria desplegada por las FAR. En este sentido, el recorte que planteamos en este trabajo remite a la relación entre la organización y “el afuera” mediante un análisis de sus acciones armadas, proceso imprescindible en la formación de sus militantes en combatientes21. Para poder dar un análisis pormenorizado, juzgamos necesario cuantificar el accionar armado de la organización como un paso previo para proceder luego a desentrañar su especificidad dando cuenta de qué hechos configuraron, con qué finalidad concreta fueron realizados y contra qué objetivos se dirigieron, entre otras cuestiones relevantes.

Un primer nivel de análisis estadístico: el relevamiento de los operativos armados protagonizados por las FAR

Partiendo de los supuestos expuestos, procedimos a realizar un procesamiento de datos en el que combinamos la utilización de cuatro fuentes (fondo de la ex -Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -DIPPBA-22, diario Crónica y las publicaciones Cristianismo y Revolución y Estrella Roja23) correspondientes a tres tipos diferentes (archivos de fuerzas de seguridad, prensa comercial de circulación nacional y prensa militante). La tarea arrojó el resultado de 111 operativos armados realizados entre el 30 de julio de 1970 y el 25 de mayo de 1973, en los que participaron las FAR. Tomamos como punto de partida para la contabilización de los operativos armados la aparición pública de la organización y como punto de cierre el fin de la dictadura militar. Esto último, no solo porque la asunción del gobierno peronista electo supuso una modificación importante del escenario político nacional, sino además porque para ese entonces las FAR ya se encontraban en un proceso acelerado de fusión con Montoneros, que recién se anunció oficialmente el 12 de octubre de 1973, al momento de asumir por tercera vez Juan Domingo Perón la presidencia del país.

A ese guarismo inicial de 111 hechos le agregamos otros 68 que aparecen reseñados en un documento interno de la organización24 y 2 adicionales que fueron corroborados por otra fuente (Pérez Pertino, 2017, pp. 122-123, 128), arribando a un total de 181 operativos armados registrados. El “Boletín Nº 4” es particularmente revelador por varias razones. En primer lugar, confirma una sospecha que sosteníamos respecto a que los hechos armados referidos en fuentes externas a la organización bien pueden tener ciertas omisiones, es decir, operaciones que no fueron registradas. Si bien esto es cierto, no hay que dejar de señalar que dichas fuentes suelen asentar los acontecimientos de mayor repercusión, por ende, los operativos de mayor envergadura protagonizados por las organizaciones armadas revolucionarias. Sin embargo, la incorporación de un documento interno resultó significativa porque al tiempo que nos permitió contabilizar 29 hechos que de otro modo hubiesen sido ignorados, nos posibilitó además la identificación de 35 actos que, si bien habían sido apuntados en otras fuentes, éstas no habían señalado su autoría por parte de las FAR. Por otra parte, el “Boletín Nº 4” confirma que la organización realizó 14 operativos asentados en una o varias de las otras fuentes, aunque llamativamente no hace mención a otros 13 hechos que sí fueron registrados por alguna de ellas como perpetrados por las FAR, aunque en este caso se trataron de artefactos explosivos colocados en forma aislada y que, por esa razón, tal vez pudieron ser omitidos en el documento elaborado por la organización25.

La labor efectuada nos permite realizar una primera aproximación al accionar desplegado por la organización al clasificar los hechos registrados en base a diferentes variables. En términos temporales, los 181 operativos se distribuyen anualmente de la siguiente manera: 5 en 1970; 36 en 1971; 116 en 1972 y 24 en 1973. Como podemos observar hay un incremento sustancial de acciones durante el año 1972. Sin embargo, dicho aumento no necesariamente expresaría una mayor capacidad operativa mostrada por la organización en ese año. Ello por dos motivos. En primer lugar, la incorporación del “Boletín Nº 4” tuvo como efecto ampliar sideralmente las acciones registradas por la organización en la segunda mitad de 1972 (adicionando 64 hechos producidos entre los meses de junio y noviembre). Lamentablemente, los boletines anteriores (Nº 1, 2 y 3) no han sido hallados, por lo que la posibilidad de contrarrestar el posible efecto de sobre-representación incorporando dicha documentación resulta imposible. En segundo lugar, si para evitar ese potencial efecto no incluimos los 64 hechos registrados en el “Boletín Nº 4”, podemos afirmar que el accionar de las FAR habría mostrado un sostenido incremento, evaluando la proporción de operativos efectuados mensualmente: 1 por mes en 1970; 3 en 1971; 4,3 en 1972 y 4,8 en los primeros cinco meses de 1973. Dicho crecimiento se habría prolongado durante la inminencia del proceso electoral y la asunción del gobierno peronista, entre marzo y mayo de 1973, incluso soportando los embates represivos que había venido sufriendo la organización26. En ese sentido, la tendencia al aumento también se advierte si tenemos en cuenta lo que se desprende del propio “Boletín Nº 4”, en donde la lista de operaciones muestra un aumento de entradas tendientes a registrar las acciones armadas llevadas a cabo por la organización: 4 en junio; 3 en julio; 5 en agosto; 10 en septiembre; 13 en octubre y 13 en noviembre27. Esta intensificación del accionar armado expresa la etapa de “extensión de la guerra” que encaraba la organización, al mismo tiempo que su crecimiento organizativo. En ese sentido, las FAR aprovecharon el momento de apertura política para establecer mayores ligazones con agrupaciones de base movilizadas y producir mayor cantidad de operativos armados, concibiéndolos como mecanismos que favorecían el establecimiento de formas organizativas de transición hacia la constitución del ejército del pueblo, a modo de acrecentar las posiciones de la opción revolucionaria en el seno del peronismo28.

En cuanto a la distribución geográfica de los operativos, estos se situaron en los principales núcleos urbanos o en localidades circundantes: 35,4 % en Buenos Aires (64); 14,2% en Córdoba (26); 12,2% en La Plata (22); 7,2% en Rosario (13); 6,1% en Mar del Plata (11); 5% en Tucumán (9) y en Santa Fe (9), respectivamente. El resto de las acciones se concentraron en siete ciudades distintas29 y, en menor medida, en otras tres localidades rurales del país30. Sentado el carácter eminentemente urbano del accionar armado de las FAR, los resultados expuestos nos permiten rastrear una serie de cuestiones. En primer lugar, la enorme concentración de acciones armadas en Buenos Aires, algo que no es sorprendente habida cuenta de la existencia de un núcleo militante considerable, la importancia de dicha ciudad en la estructura socio-económica del país y su enorme concentración poblacional, aunque centrada mayormente en la zona suburbana: 42 hechos en partidos pertenecientes al Gran Buenos Aires (GBA) y 22 en la Capital Federal.

En segundo lugar, los resultados expuestos confirman a nivel operacional los cuatro centros originarios de la organización, que tuvo como base: Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Tucumán. La escasez relativa de hechos en la ciudad de Tucumán puede ser explicada a raíz de que fue la regional más pequeña de las “cuatro fundadoras” y que contaba con una cantidad de militantes significativamente menor. No obstante, si nos atenemos al total provincial, el número de acciones armadas protagonizadas en Tucumán ascendería a 11, al sumar los 2 operativos efectuados en poblaciones rurales de dicha provincia, tomando en cuenta que seguramente fueron planeados y ejecutados por militantes provenientes de la capital tucumana. En ese sentido, la base militante existente en Santiago del Estero era muy endeble y el apoyo operacional por parte de fuerzas tucumanas fue algo sin dudas necesario. Esto realzaría la posición de Tucumán, igualando al menos cuantitativamente la cantidad de operativos realizados por la organización en Mar del Plata. En tercer lugar, a partir de mediados de 1971, las FAR también comenzaron a operar militarmente en Rosario y Santa Fe y, en agosto de 1972, hicieron lo propio en Mar del Plata, evidenciando por medio de acciones algunos de los nuevos centros de expansión de la organización.

Otras ciudades que pasaron a contar con núcleos de militantes que se incorporaron a las FAR a lo largo de 1972, como Mendoza y Neuquén (De Marinis & Abalo, 2005; Valverde, 2012: pp. 93-99), aparecen reflejadas en este conteo por medio de un número reducido de acciones31. Esto puede explicarse en virtud de que la propia organización haya buscado no firmar acciones realizadas o directamente mantener un nivel operativo menor, ante la posibilidad de que sus militantes pudiesen ser más fácilmente rastreados por las fuerzas de seguridad en esas localidades32.

Respecto de la extensión o no de la organización hacia otras zonas que aparecen reflejadas en el análisis referido y a modo de buscar indagar en los posibles vínculos estrechados entre la militancia de diversas poblaciones, no hay que dejar de tener en cuenta lo expresado por varios ex -militantes entrevistados en relación a que las operaciones eran planificadas en lugares donde se tenía algún mínimo de militantes y estructura logística propia para poder ejecutar con éxito las acciones y sortear eventuales dificultades de seguridad, aunque eran usuales traslados de militantes (circunstanciales o permanentes, según el caso) para fortalecer el trabajo en ciudades que lo requerían. Vinculaciones de este tipo han surgido en varias entrevistas, marcando una especie de “efecto cascada” con Buenos Aires como centro neurálgico nutriendo con aporte militante particularmente a las regionales de Córdoba y La Plata. Estas, a su vez, hicieron lo propio con Rosario. Tucumán mantuvo una estrecha relación con la regional cordobesa, al tiempo que existieron vinculaciones con la militancia rosarina y apoyó el incipiente accionar en Santiago del Estero. Mar del Plata, en cambio, parece haberse nutrido de la regional platense33. Resta esclarecer, dado los operativos reseñados, el particular caso de Corrientes.

Considerando tanto el análisis cuantitativo como geográfico expuesto podemos situar, sin lugar a dudas, a las FAR entre una de las principales organizaciones armadas y con mayor capacidad operativa del período. Ello se plasma a nivel comparativo en un estudio cuyos primeros resultados mostraron que la organización solo fue superada, en el número de acciones armadas realizadas entre mayo de 1970 y mayo de 1973, por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y levemente por Montoneros. En total, contabilizamos 1329 operativos armados, los cuales fueron protagonizados: 539 por el ERP (40,6% del total); 95 por Montoneros (7,2%); 81 por las FAR (6,1%); 78 por las FAL (5,9%), 29 por las FAP (2,2%), 27 por la Guerrilla del Ejército Libertador (2%), 20 por Descamisados (1,5%), 47 por otras organizaciones (3,5%), 22 de forma conjunta por varias (1,7%), 19 por diversos comandos independientes (1,4%) y en 372 no se identificó su autoría (28%). Sobre la abrumadora cantidad registrada por el ERP hay que tener en cuenta el efecto de sobre-representación que supone el hecho de haberse servido del órgano de difusión de dicha organización para establecer el número de operaciones realizadas (Cúster, 2018b)34. En ese sentido, esa cantidad de acciones puede ser considerada un tope, mientras que el de las otras organizaciones un piso que puede incrementarse por medio de triangulaciones de fuentes, tal como hicimos en este trabajo tomando el caso de las FAR. Realzando la relevancia de las tres organizaciones principales, hay que destacar que la cuarta en importancia (las FAL) y la única que se acerca a Montoneros y FAR en términos estadísticos, fue en realidad una coordinación de columnas independientes que confluyeron operativamente en un lapso acotado de tiempo, especialmente entre fines de 1970 y fines de 1971 (Grenat, 2010, pp. 395-397).

Al mismo tiempo, en ese mismo trabajo pudimos rastrear que solo el ERP tuvo mayor extensión operativa que las FAR y que estas igualaron a Montoneros en el número de ciudades en las que actuaron militarmente con cierta consistencia. Entendemos esto último como la presencia por medio de más de una acción armada y que no se trate exclusivamente de bombas. Mientras que el ERP se hizo presente en doce ciudades (Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Zárate-Campana), las FAR (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Tucumán) y Montoneros (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán) hicieron lo propio en siete35. Esto nos permite definir que fueron solo estas tres organizaciones las que lograron establecer una considerable estructura militante y con base operativa militar de cierta envergadura a nivel nacional en el período bajo examen (Cúster, 2018b)36.

Los resultados que arrojan otras variables analizadas son la considerable planificación que tenían las acciones dado el alto grado de eficacia alcanzado y la existencia de una operatividad significativa entre las distintas organizaciones armadas peronistas. En el primer aspecto: el 88,4% de los operativos se ejecutaron de modo exitoso (160), mientras que apenas 1,7% registraron un éxito parcial (3) y el 9,9% concluyeron con un resultado totalmente negativo (18). La tasa de éxito incluso aumenta, si entre los fracasos absolutos apartamos del registro los 12 atentados cuyas bombas fueron desarmadas o hechas explotar en otro lugar del que fueron originalmente colocadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, al considerar que no solo son hechos de menor relevancia, sino que además su carácter de fallido es bastante cuestionable, ya que los mismos revestían principalmente una función intimidatoria y su ubicación podía ser advertida a las instituciones37. Entre los 6 operativos que culminaron con un fracaso absoluto se registran 2 hechos de gran trascendencia y que fueron protagonizados por las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP)38: el intento de asesinato del Comisario Mayor Alfredo Benigno Castro de la Policía Federal Argentina, el 26 de octubre de 1971, en Villa Sarmiento (GBA) y el fracaso del secuestro de un ejecutivo de la empresa Fiat en Ferreyra (Córdoba), el 3 de noviembre de ese mismo año, que culminó con la muerte de un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y los tres militantes de las FAR señalados en la nota 15, entre los cuales se contaba el líder de la organización, Carlos Olmedo. Esto nos permite asegurar que la planificación sostenida como fundamento del accionar armado es algo que, no solo fue plasmado a nivel de principio (FAR, 1970c), sino que se ajustó, en gran medida, a la práctica llevada a cabo, si tomamos en cuenta los resultados alcanzados a partir de nuestro análisis cuantitativo.

La coordinación en el seno de la OAP implicó la gran mayoría de las operaciones conjuntas de las FAR con otras organizaciones. De los 181 operativos reseñados: 91,7% fueron realizados exclusivamente por aquella (166); 6,5% por alguna combinación de las organizaciones que conformaron las OAP (12)39; 0,6 % por las FAR y el ERP (1); 0,6% por las FAR, el ERP y Montoneros (1) y 0,6% por el Comando Argentino de Acción Popular (CARP) (1)40. Las combinaciones con el ERP resultan ser las más circunstanciales, no solo por su peso prácticamente nulo en términos cuantitativos, sino porque la única acción realizada exclusivamente junto al ERP fue el asesinato del Comandante del II Cuerpo del Ejército Argentino, Teniente General Juan Carlos Sánchez, el 10 abril de 1973 en Rosario, obedeciendo más a una circunstancia casual que a una planificación originaria en ese sentido41. Por otro lado, la fuga de militantes presos de la cárcel de Rawson (provincia de Chubut) el 15 de agosto de 1972, se explica en gran medida por la necesidad apremiante que tenían tanto las FAR como el ERP de recuperar combatientes y cuadros principales de conducción encarcelados, que contó además con la participación de los montoneros presos. Esto demuestra un considerable accionar conjunto con el resto de las organizaciones armadas peronistas, vehiculizado principalmente a través de la existencia de las OAP y sopesando, sobre todo, la relevancia de las acciones concernidas. Al mismo tiempo, desmiente cierta creencia establecida de que las FAR operaban tanto con Montoneros como con el ERP, esto último siendo algo muy escaso y posibilitado solo en circunstancias muy especiales.

La especificidad del accionar armado o un segundo nivel de análisis. Una propuesta de tipificación

Hasta ahora hemos podido tener un panorama global de los operativos armados en los que las FAR tuvieron participación. Para poder efectuar un análisis más pormenorizado de estos, hay que comenzar a ahondar en qué tipos de hechos configuraron, ilustrando por medio de qué acciones la organización avizoró la posibilidad de empezar a darle concreción a su estrategia político-militar. Teniendo presente la diversidad de los operativos protagonizados por las organizaciones armadas revolucionarias en aquellos años, hemos procedido a establecer una tipología por medio del entrecruzamiento de tres variables distintas (objetivo-finalidad42, característica y medio) que determinan la existencia de quince tipos (toma de ciudad, asalto, desarme, robo, destrucción, bomba, ataque, amenaza, asesinato, secuestro, fuga, alocución, distribución, simbólico y denuncia) y diez sub-tipos de hechos, cuya explicación brindamos en la siguiente tabla:

Tabla 1:

Tipología los operativos armados. Tipos y sub-tipos según objetivo-finalidad, característica y medio empleado para su consumación.2525-1627-folia-37-9-g?

Apreciando el cuadro desplegado, tres tipos de hechos (destrucción, ataque y alocución) pueden, a su vez, subdividirse en diez especies diversas, según el modo de ejecución empleado. Las destrucciones, por ejemplo, pueden ser desglosadas en: demoliciones (supone la detonación de un edificio íntegro por medio de explosivos), sabotajes (cuando la destrucción está destinada a producir un daño con el objeto de ocasionar la interrupción de la prestación de un servicio), incendios u otros (daños menores ocasionados de diversos modos). Entre los ataques, pueden distinguirse: los bombardeos (efectuados por medio de bombas molotov o incendiarias) y las balaceras (producidas por disparos o ametrallamientos). Las alocuciones, en cambio, podían revestir diversas modalidades: conferencia de prensa realizada ante periodistas, propagación de proclama o mensaje por algún medio de comunicación o a través de una emisora en algún lugar público o podía tratarse también de una arenga personal. Aplicando la tipología esbozada a los 181 operativos en que participaron las FAR, obtenemos el siguiente resultado: 1 toma de ciudad (0,6%); 49 asaltos (27,1%); 12 operaciones de desarme (6,6%); 2 robos (1,1%); 24 destrucciones (13,3%); 65 bombas (35,9%); 2 ataques (1,1%); 1 amenaza (0,6%); 5 asesinatos (2,8%); 4 secuestros (2,2%); 3 fugas (1,7%); 6 alocuciones (3,3%); 3 distribuciones (1,7%); 3 acciones simbólicas (1,7%) y 1 denuncia (0,6%)43.

La tipología expuesta tiene la virtud de ser exhaustiva y, además, brinda criterios que permiten desagregar el conjunto total de hechos. Estos son considerados globalmente como operativos armados porque, como ya adelantamos, los militantes portaban armamento como elemento que permitía vulnerar la resistencia presente en los objetivos atacados o consistían en la detonación de cargas explosivas. Para ilustrar lo formulado, podemos tomar como ejemplo las alocuciones que consistían en un “mensaje oral difundido por la organización”. En este tipo de hechos el empleo de armas les franqueaba a los comandos de las FAR el acceso al lugar desde el cual se iba a transmitir o efectuar la comunicación (canal de televisión, antena de radio, cabinas emisoras, fábrica o cualquier otro establecimiento). Siguiendo esta lógica la gran mayoría de los operativos contabilizados implicó el manejo de armas (98) o el estallido de algún artefacto (74), totalizando el 95% de hechos, según las fuentes consultadas. Solo 8 operaciones se realizaron de “modo furtivo”, por lo que no hubo exhibición de arma alguna, aunque es muy probable que en ellos hayan participado militantes armados ante la eventualidad de poder llegar a ser localizados in fraganti por algún efectivo de seguridad. Esto no resulta azaroso, dado que la organización, si bien planeaba las operaciones para reducir los riesgos de enfrentamiento, máxime en situaciones desfavorables, al mismo tiempo consideraba el combate como algo esperable y, en cierta medida, deseable, ya que lo definía como la “expresión política y a la vez como la mejor medida de la eficacia alcanzada en el esfuerzo de construcción organizativa”44.

Al distinguir el variado repertorio de hechos armados, esta tipología permite también diferenciar las acciones que contaron con una complejidad militar y repercusión pública mayor respecto de otras que no revistieron particular relevancia. Esto es algo a tener en cuenta, en la medida en que es factible que acciones de menor envergadura como, por ejemplo, los desarmes y bombas, aparezcan sub-representadas en cuanto a su número, por no haber sido registradas por las fuentes consultadas o habiéndolo sido, no pudo identificarse su autoría, tratándose en algunos casos de posibles actos cometidos por las FAR. En la prensa periódica de la época abundan noticias sobre bombas y desarmes cuyos perpetradores se desconoce (Cúster, 2018b).

Pasando a analizar en detalle cada uno de los tipos definidos previamente, vamos a empezar, en primer término, con la clase de hechos que tuvieron como objetivo la finalidad de sustraer bienes materiales. En cuanto al primer tipo de esta clase de hechos, las FAR protagonizaron la toma de la ciudad de Garín (localidad del GBA y situada a 45 kilómetros del centro porteño), el 30 de julio de 1970, acontecimiento de notoria repercusión y por medio del cual la organización se dio a conocer públicamente. Emulando una acción llevada a cabo por los Tupamaros uruguayos en la ciudad de Pando, el 8 de octubre de 1969, la organización procedió a controlar simultáneamente el destacamento policial, la sucursal del Banco Provincia, la central de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y la garita de control ubicada sobre la ruta de ingreso a la localidad. Ello permitió cortar las comunicaciones terrestres y telefónicas del pueblo, evitando cualquier alerta de aviso que pudiera frustrar los asaltos efectuados en la comisaría y el banco. Durante los cincuenta minutos que demandó la realización del operativo, los veinte militantes que participaron en forma activa se organizaron en seis grupos diferentes movilizándose en ocho autos sustraídos previamente45. La propia organización valoró positivamente la repercusión que tuvo la eficaz ejecución de la acción en la opinión pública y entre los medios represivos y se encargó de comunicar el botín apropiado: $ 3.316.628 moneda nacional, siete pistolas, tres revólveres, dos metralletas, municiones, uniformes y demás elementos encontrados en la comisaría46. No encontramos registros de otro acto similar producido por la organización, excepto por la referida como “toma parcial” de Saldán, en el que se procedió a ocupar simultáneamente la municipalidad y el registro civil de la localidad próxima a la capital cordobesa (Salamone, 2015). Debido a la menor dimensión de esta última es que procedimos a asentarla como 2 asaltos en este conteo, en lugar de considerarla una toma de ciudad, en el sentido estricto del término47.

Los asaltos (49), cuya relevancia estadística es notoria, tenían como finalidad inmediata apoderarse de distintos elementos fundamentales para proseguir con la actividad armada y política de la organización (como, por ejemplo, sellos y documentación oficial, dinero, instrumentos quirúrgicos, armas y uniformes). Por ello, se realizaron principalmente en diversas oficinas de la administración pública, bancos, establecimientos médicos y policiales (29 operativos en conjunto para un 59,2% del total de asaltos48). Los asaltos a comercios también revistieron particular relevancia (8 hechos y 16,3% del total), concentrándose en negocios dedicados a la venta de máquinas de escribir (4), armerías (3) y una peluquería. El 24,4% restante se radicó en: viviendas particulares (4), otros establecimientos privados (3), canteras (2)49, un puesto ferroviario y un camión militar50. De la totalidad de asaltos, solo el cometido contra el banco provincial en la ciudad de Córdoba, el 29 de diciembre de 1970, redundó en un fracaso absoluto en la medida que los comandos de la organización no pudieron vulnerar la bóveda de la entidad financiera y al momento de su retirada se produjo un enfrentamiento armado que costó la vida a la militante Gelín y a dos agentes de policía, al tiempo que fueron detenidos cuatro miembros de la organización51.

En el tercer lugar de la lista enunciada, nos encontramos con los operativos de desarme (12), que suponían la reducción de agentes de las fuerzas de seguridad con la finalidad de sustraerles las armas y municiones que portaran consigo y frecuentemente también comportaban el robo de otros elementos accesorios, como gorras, chaquetillas y correajes. Usualmente, eran perpetrados en lugares públicos e implicaban una maniobra de distracción previa a modo de tomar desprevenidos a los efectivos concernidos. Las acciones de este tipo afectaron en su amplia mayoría a policías (10) y también a militares (1) y guardias privados (1). Sin embargo, la operación de desarme de mayor dimensión registrada se dio cuando comandos de las FAR lograron apoderarse de las armas de un pelotón del Grupo de Artillería de Defensa Aérea perteneciente al Ejército aprovechando un cambio de guardia, en la localidad de Ciudadela (GBA), el 27 de mayo de 197252. Hay que destacar que, en acciones de mayor envergadura, como por ejemplo, asaltos, fugas o alocuciones, también se despojaba a los agentes ubicados en el lugar de hecho, aunque en este conteo hemos procedido a contabilizarlas ateniéndonos al objetivo y la finalidad principal de la acción y no como operaciones de desarme. En relación a los robos (2), se trató de los hechos consignados en la nota 18, acontecidos en las proximidades de la ciudad de Cipolletti, de donde los militantes neuquinos pudieron extraer principalmente documentación obrante en las dependencias vulneradas.

Respecto de los actos que tuvieron como finalidad exclusiva causar grandes daños materiales, están las destrucciones (24), el tercero de los hechos más registrados. Estas se reparten, según el criterio establecido para clasificarlas, en: 11 demoliciones, 6 sabotajes y 7 incendios. Las primeras estuvieron concentradas en establecimientos privados (7)53, una embarcación propiedad de un empresario54, un puesto de prefectura, una comisaría en construcción y un club militar de polo. Los sabotajes, en cambio, se centraron en atentar por medio de artefactos explosivos colocados en cables de alta tensión para cortar el suministro eléctrico (1) y sobre las vías férreas a fin de interrumpir el servicio de trenes en los restantes (5). Estos últimos hechos, emplazados en la ciudad de Rosario, formaron parte de una serie de atentados que tuvieron el propósito de cortar las vías de acceso de las principales ciudades del país, a modo de conmemorar la fecha del 17 de octubre55. Las destrucciones por medio de incendios se centraron principalmente en vehículos (5)56y también en una garita ferroviaria y en el depósito del diario El Día de La Plata. En términos generales, podemos decir que estas tuvieron como objetivo: propiedad empresaria (45,8%), servicios prestados por el estado (33,4%) y establecimientos pertenecientes a las fuerzas de seguridad (20,8%).

La tercera clase de hechos refiere a operativos que tenían como objetivo tanto cosas como personas, con la finalidad de causar destrozos a la propiedad o como medio de intimidación, respectivamente. Las bombas (65), que ocupan el puesto número uno en hechos registrados, cumplían ambas funciones. En algunos casos, servían también para difundir comunicados emitidos por la propia organización por medio de un mecanismo lanza-panfletos (Cúster, 2018a). Hay que destacar que la magnitud de la explosión podía variar mucho según el tipo de dispositivo empleado, desde artefactos de baja potencia hasta cargas de dinamita de alto poder. En este último caso, podía tratarse de “voladuras”, cuyos daños materiales eran considerables, pero que hemos decidido catalogar como bombas, en lugar de destrucciones, ya que no acarrearon, como estas últimas, la demolición íntegra del edificio en donde fueron emplazadas. Como ejemplo de este último caso puede mencionarse las cargas explosivas colocadas en el hotel Sheraton de la Capital Federal, el 16 de octubre de 1972, que ocasionaron serios destrozos en el piso 22 y daños menores en pisos contiguos57. En base a los objetivos concernidos, puede establecerse que las 65 bombas fueron colocadas en: viviendas particulares (18); empresas (15); establecimientos militares (11); vía pública (4); establecimientos policiales (3); puentes (3); establecimientos privados (2); estaciones de tren (2); transportes (2); actos públicos (2); un vehículo militar; un establecimiento de prefectura y un lugar indeterminado58. En términos más globales podemos sintetizar que los artefactos explosivos se concentraron: 43,1% establecimientos de las fuerzas de seguridad o en propiedad particular perteneciente a miembros de aquellas (28); 29,2% en empresas o viviendas particulares de empresarios (19); 10,8% en transportes públicos y vías de acceso (7); 6,2% en la vía pública (4); 3,1% en actos políticos (2); 3,1% en establecimientos privados (2), 3,1% en lugares indeterminados (2) y 1,5% en la vivienda de un gremialista (1). Los ataques (2) se dividen en dos sub-tipos, según el medio utilizado para perpetrarlo, es decir, si fue realizado por medio de bombas molotov (con la finalidad de causar destrozos) o ráfagas de tiros (con una finalidad fundamentalmente intimidatoria). En el caso de las FAR, solo encontramos registradas acciones del primer caso. Se trató de los ataques cometidos contra el Banco Shaw de Capital Federal, el 7 de octubre de 197159 y la vivienda del Decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Héctor Luis Fasano, en apoyo al personal no-docente de la casa de estudios en huelga60.

La cuarta clase de hechos, ya remite directamente a los que tenían como objetivo personas. El único registro de amenaza consumada por la organización remite a la extorsión cursada a los directivos del Golf Club de Rosario para que entreguen 5000 litros de leche y mercadería en villas de emergencia y rematen un terreno destinado a la práctica de golf con el objeto de que sea loteado en provecho de familias de barrios humildes, bajo apercibimiento de atentar contra la vida de socios del golf club y sus familiares61.

Las personas objeto de asesinatos (5) fueron principalmente altos rangos de las fuerzas de seguridad que tuvieron a cargo actividades “contrasubversivas” acusados por la organización de ser responsables en hechos de tortura y asesinatos contra militantes: los casos de Castro (fallido) y Sánchez ya mencionados62; el del Mayor (R) Julio Ricardo San Martino, ex -Jefe de Policía y Director del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba y el Contralmirante (R) Emilio Rodolfo Berisso, Jefe de Política y estrategia del Estado Mayor Naval63. Empero, también se registra el caso del Secretario Adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Avellaneda, Julián Moreno, quien fuera asesinado en dicha ciudad, el 22 de enero de 1973, en virtud de la creciente tensión con la dirigencia gremial de cara a las elecciones de marzo de ese año y cuya muerte fue acompañada en el mismo acto por la de su chofer y también sindicalista del gremio, Argentino Deheza64.

En cuanto a los secuestros (4), alcanzaron esencialmente a empresarios (3), con el objeto de lograr cuantiosas sumas de dinero como pago por sus liberaciones o alguna reivindicación gremial por parte de un sindicato en conflicto con el sector patronal. Esto último es lo que intentó alcanzarse en la acción llevada a cabo por las OAP mencionada anteriormente, en la que perdieron la vida tres militantes de la organización intentando secuestrar a un directivo de la Fiat para torcer las disoluciones del Sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC) y del Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM) decretadas por el gobierno nacional, hecho que pasó a ser conocido como el “combate de Ferreyra”65. En los dos casos que el secuestro tuvo como motivación exigir el pago de un rescate, la organización pudo llevarlo a cabo con éxito al obtener $ 500.000.000 y $ 1.000.000.000 moneda nacional por la liberación del italiano Enrique Barella (industrial), el 10 de noviembre de 1972 y de Oscar Ricardo Castell, (gerente general de una embotelladora de Coca Cola) el 2 de junio de 1973, respectivamente66. Algo más sorprendente es el caso del estudiante brasileño Antonio Carlos Duarte, becado por el Rotary Club, que fue secuestrado el 13 de enero de 1972 en Santa Fe por comandos de las FAR y las FAP, siendo liberado luego de que se cumplieran las exigencias demandadas: la contratación y pago de haberes a diez nuevas enfermeras destinadas a cumplir servicios gratuitos en hospitales de la zona y la donación de $ 8.000.000 moneda nacional en medicamentos a ser distribuidos en los mismos establecimientos67.

Las fugas de militantes presos alcanzaron el número de tres. La más importante, por su alcance y repercusión, fue sin lugar a dudas, la fuga de la cárcel de Rawson, mencionada con anterioridad y cuyo plan suponía la huida de ciento dieciséis militantes encarcelados, pertenecientes a diferentes organizaciones. La operación, realizada en conjunto por el ERP, FAR y Montoneros el 15 de agosto de 1972, se vio parcialmente frustrada por un problema de comunicación con el grueso del transporte encargado de consumar la evacuación, aunque permitió el escape de seis de los máximos dirigentes que se encontraban encarcelados en el penal68. Otro caso fue la evasión de cuatro militantes de la cárcel de mujeres del Hogar Buen Pastor de la Capital Federal, el 26 de junio de 1971, acción llevada a cabo por las FAP, con el apoyo militante de las FAR y Montoneros69. La fuga restante aparece reseñada de modo escueto y señalando que se trató de “un combatiente” liberado por comandos de las FAR, el 4 de marzo de 1971, en la provincia de Buenos Aires (Cristianismo y Revolución, Nº 29).

En último lugar, están los hechos dirigidos a un público de personas indeterminado o plural. El primero de estos está constituido por las alocuciones (6), que era una vía para difundir el mensaje de la organización teniendo como marco de producción una acción armada, revistiendo diversas formas, según la puesta en ejecución empleada. En el caso de las FAR, solo encontramos rastros de acciones correspondientes a dos de los sub-tipos establecidos (emisiones y personales). En cuanto a las primeras, podemos contar dos hechos, que tuvieron como objetivos cabinas emisoras. Una, localizada en el Club Belgrano de la ciudad de Córdoba, que fue atacada por comandos de la organización, el 17 de octubre de 1971 (Estrella Roja, Nº 8) y la otra, encargada de musicalizar una galería de la ciudad de La Plata, el 16 de noviembre de 197270. La peculiaridad de estos hechos remitía a que, sin tratarse de medios de comunicación, permitían la propagación de una proclama emanada por la organización a los ocasionales transeúntes que circulaban por esos espacios. El otro sub-género de alocuciones se refiere a las arengas personales (4), las cuales se concentraron principalmente en establecimientos fabriles (3) como vía de incitación a los trabajadores a asumir posiciones más combativas o afines a la lucha armada71. En un solo caso, se trató de un lugar distinto, al producir un corte de tránsito en un cruce de vías del ferrocarril, en una zona periférica del partido de La Matanza (GBA), el 9 de enero de 1973. Hay que destacar que, en términos temporales, es posible conjeturar una mayor predisposición de las FAR a realizar este tipo de hechos a medida que se iba consolidando la apertura electoral (5 de los 6 hechos se registraron entre noviembre de 1972 y marzo de 1973) y cierto grado de emulación en relación con el ERP, que fue la organización que adoptó dichas acciones como una marca distintiva72.

En el caso de las distribuciones (3), estas solían suponer un asalto previo a un negocio o camión para distribuir las mercaderías entre sectores carenciados de la población. A veces, solamente consistían en la entrega lisa y llana de algunos bienes. En el caso de las FAR, los tres hechos consignados consistieron en: el asalto a un camión lechero en Ciudadela (GBA), el 8 de agosto de 1972; una entrega directa de barriletes en un barrio carenciado de la ciudad de Mar del Plata, el 6 de enero de 1973 y el asalto a una fábrica de guardapolvos en un barrio de Lanús (GBA), el 21 de febrero de 1973 (FAR, 1973d; Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1972d). En este tipo de hechos, también puede hablarse de una práctica popularizada fundamentalmente por el ERP73.

Las operaciones simbólicas (3) remitieron a dos hechos bien concretos: el izamiento de una bandera de las FAR en una plaza céntrica de Tandil, antes de la celebración de un acto oficial por el 150º aniversario de la ciudad, el 4 de abril de 1973 y el copamiento simultáneo de dos estaciones de tren para inscribir consignas y “rebautizarlas” como “22 de agosto” y “11 de marzo”, el 25 de abril de 1973, en Villa Dominico (GBA) y Don Bosco (GBA), respectivamente74.

Finalmente, la única acción de denuncia (1) alude al copamiento de un campamento militar con el propósito de manifestar críticas a la política habitacional del gobierno respecto a las villas de emergencia75. Dado que no medió la fuerza y tampoco se sustrajeron cosas, a este hecho, acontecido en San Miguel, el 16 de enero de 1972, lo contabilizamos como una denuncia y no como correspondiente a otro tipo.

Esta minuciosa exposición sobre las acciones armadas de las FAR nos permite tener una visión más acabada y concreta de su estrategia político-militar, al estar informada por los hechos armados que efectivamente llevaron a cabo. Es destacable la notoria diversidad de hechos protagonizados por las aquellas. En términos de tipos, los más asiduamente registrados fueron las bombas, asaltos, destrucciones y operaciones de desarme (150 hechos y 85,9% del total). Sin embargo, si nos atenemos al objetivo y la finalidad concernida, los resultados se distribuyen de modo más homogéneo: 67 con el objeto de destruir cosas, aunque con un móvil mayormente intimidatorio (37%), 64 destinados a sustraer cosas (35,4%), 24 con la finalidad de destrucción (13,3%), 13 ligados directamente a personas, aunque con propósitos diversos (7,2%) y 13 efectuados en miras a un público más general al cual estaban especialmente dirigidos (7,2%).

Para concluir, aunque exceda los marcos de este trabajo, podemos referir que la organización mostró una tendencia a realizar operativos armados de cierta complejidad. Esta aseveración puede, sin embargo, relativizarse, si volvemos a advertir que en el caso de hechos menores es más factible que la autoría de las FAR no haya sido identificada. Esto explica, por otra parte, que el ERP evidencie la preponderancia estadística abrumadora sobre las otras organizaciones armadas observada, pero que obedece mayormente a hechos de menor envergadura, lo que demuestra la ventaja de contar con fuentes propias para esta tarea. En el caso la organización bajo estudio es algo que pudimos hacer de modo parcial, al sumar los hechos reseñados en el “Boletín Nº 4”. En términos comparativos, estas no parecen haber perpetrado hechos, ni escogido objetivos muy diferentes a los de otras organizaciones, aunque la recurrencia a las detonaciones (sub-tipo de las destrucciones que implicaba la colocación de descargas explosivas para producir la destrucción de edificios enteros o partes significativas de los mismos) merece ser destacada como un rasgo distintivo de aquella, ubicando a este tipo de hechos en el tercer lugar de los operativos más producidos, siendo solo superado por los asaltos y las bombas76.

Conclusiones

En este trabajo hemos efectuado un análisis detallado del accionar armado llevado a cabo por las FAR como medio para lograr una mejor comprensión de la estrategia revolucionaria que buscaron plasmar. Esa vía de indagación no ha sido explorada, o lo ha sido de modo muy superficial hasta el momento. En lo referido no solo a estas, sino también a las organizaciones armadas revolucionarias en conjunto. Buscando suplir esa falencia, y tomando como estudio de caso la organización que venimos investigando, hemos realizado un recuento estadístico exhaustivo que nos permitió contabilizar la cifra de 181 operativos armados en los que las FAR tuvieron participación. Esto nos posibilitó alcanzar una visión global del accionar armado puesto en ejecución por la organización, destacando dos aspectos centrales e interrelacionados: 1) Su crecimiento cuantitativo, pese a la inminencia del proceso electoral de 1973 y los embates represivos por parte de las fuerzas de seguridad que golpeaban a la estructura de la organización; 2) La expansión geográfica de su red militante, que partiendo de cuatro centros originarios (Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Tucumán), logró también hacerse presente por medio de operativos armados en Rosario, Mar del Plata y Santa Fe, entre sus núcleos más relevantes y, en menor medida, en Santiago del Estero, Mendoza y Corrientes. Estos dos fenómenos nos permiten ubicar, sin lugar a dudas, a las FAR entre una de las tres principales organizaciones armadas revolucionarias del período, junto a Montoneros y al PRT-ERP. Además, del procesamiento de datos elaborado se desprende también la notable eficacia que alcanzaron los operativos ejecutados por aquellas, que permite suponer en parte el planeamiento efectivo que tenían en su diseño previo y se evidencia una significativa operatividad conjunta con otras organizaciones armadas peronistas (como Montoneros, las FAP y Descamisados) en el seno de las OAP, al tiempo que se descarta ello en relación con el ERP, siendo esto último algo solo posibilitado en dos circunstancias especiales y concretas.

Esa primera aproximación necesaria, sin embargo, requirió un segundo nivel de análisis para desentrañar la especificidad que revistieron los operativos armados de las FAR. Esto es lo que nos propusimos mediante la tipología presentada en la parte final de este trabajo, que nos permitió distinguir entre 15 tipos y 10 sub-tipos de operativos armados diferentes, alcanzando una visión mucho más acabada de la estrategia político-militar desplegada efectivamente por la organización. En términos estadísticos, las bombas, asaltos, destrucciones y desarmes fueron los hechos más ejecutados por la organización. Desde un punto de vista general, podemos establecer que las FAR buscaron dar concreción a su estrategia revolucionaria por medio de diversos hechos armados que tuvieron objetivos, finalidades y propósitos diferentes.

En primer lugar, la línea “expropiatoria”, tendiente a obtener los recursos necesarios para permitir el funcionamiento material de la organización, fundamentalmente vía asaltos y, en menor medida, desarmes y robos. En segundo término, la finalidad destructiva, que estuvo centrada mayormente en causar estragos en propiedad empresaria. Una tercera motivación, no totalmente escindible de la anterior, remitió al factor intimidatorio de algunos actos, como las bombas y los ataques, que, en este caso, vulneraron principalmente establecimientos de las fuerzas de seguridad o viviendas particulares de sus miembros. En cuarto orden, un ánimo de “ligazón con las masas” puede rastrearse en los hechos que estuvieron destinados al público en general, destacándose entre estos, las alocuciones y las distribuciones, que instaban a asumir una mayor combatividad por parte de los obreros y causar simpatía con la causa revolucionaria entre los sectores desfavorecidos, respectivamente. La quinta clase de hechos, referida a los que alcanzaron directamente a personas individualizadas, revistieron diversos propósitos. Como ejemplo de ello se puede mencionar a las fugas, que buscaron liberar a combatientes detenidos a fin de reinsertarlos en la lucha armada en que estaban empeñados. Los secuestros, en cambio, revistieron diversas motivaciones. Como pudimos observar, en dos casos con el objeto de permitir el sostén material de la organización por medio del pago de cuantiosos rescates, aunque encontramos también otros dos raptos que estuvieron destinados a apoyar un conflicto gremial y lograr la concesión de beneficios a un sector de la población, respectivamente. Los asesinatos, por su parte, buscaron plasmar principalmente una instancia vindicativa en la que la organización eliminó, en la mayor parte de los casos registrados, a altos rangos de las fuerzas de seguridad acusados de ser responsables en hechos de tortura y asesinatos contra militantes revolucionarios. No obstante, no hay que olvidar que, más allá de su finalidad inmediata y según la lógica de la propia organización, todos los operativos armados revestían el carácter de demostrar en los hechos la viabilidad de la estrategia de guerra revolucionaria pregonada y es por ello que todos eran concebidos y ejecutados con un propósito último tendiente a fomentar la ejemplaridad por medio del acto.

Las proporciones de los hechos concernidos en base a su finalidad inmediata permiten avalar, en parte y para el caso de las FAR, cierto “espíritu romántico-justiciero” que habría inspirado la primera etapa del accionar guerrillero (Calveiro, 2005, p. 112), si nos atenemos a dos cuestiones: 1) La escasa magnitud estadística de los intentos de asesinato (5), que se consumaron en 4 casos, evidenciando un marcado grado de selectividad tendiente a concentrarse en altos rangos de las fuerzas de seguridad invocando su involucramiento en actos de represión clandestina; 2) La existencia de numerosas acciones, cuyos propósitos apuntaban a demandar, reclamar o satisfacer necesidades variadas de la población. No obstante, no hay que soslayar el hecho de que si bien el conjunto de los operativos eran planeados y concebidos con una finalidad que no suponía atentar directamente contra la vida de persona alguna (salvo en el caso de los asesinatos), algo que probablemente ayudó a alimentar ese ideal “romántico-justiciero”, la propia lógica de toda acción violenta implicaba la posibilidad de tener que matar o ser matado, acarreando la pérdida de vidas humanas, tal como hemos señalado en varias oportunidades.

Por medio de la labor realizada sentamos las bases para empezar a poner en diálogo la concepción político-militar sostenida por las FAR con los hechos armados que buscaron plasmarla. Un estudio integral de las estrategias revolucionarias emprendidas por cualquier organización tiene que comprender necesariamente la investigación de las prácticas que generaron y quebrar la tendencia, a veces existente, de examinarlas ateniéndose solamente a las concepciones que las guiaron. Consideramos que en este trabajo hemos brindado un primer paso tendiente a profundizar en el estudio sobre la práctica armada, elemento que nos permitirá establecer un mayor grado de interrelación entre éstas y las concepciones que las impulsaron. Por otra parte, estimamos que la tipología propuesta es plausible de ser extendida al conjunto de las organizaciones armadas revolucionarias para desmenuzar apropiadamente la operatoria que pusieron en funcionamiento, no solo al convertirse en un factor desestabilizante de la Revolución Argentina, sino también a partir del período que se inicia en mayo de 1973 y que culmina con el golpe de estado de marzo de 1976, en el que cumplieron el rol de actores centrales de la escena política nacional y extenderse incluso al estudio de la última dictadura militar, momento en el cual iniciaron su proceso de declive irremediable. La realización de un estudio sistemático, con una base empírica y análisis riguroso como el que ofrecemos, extendido temporalmente y tomando como objeto al conjunto de las organizaciones armadas revolucionarias puede brindar nuevos elementos para repensar, matizar o dirimir parte de la controversia suscitada en torno a la noción de militarización como vector explicativo fundamental de la trayectoria política de dichas agrupaciones.

Fuentes:

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. (1985) Sentencia Judicial Causa 13/84. Recuperado de http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/.

FAR. (1970a) Con el fusil del Che. Granma, 11/12/1970.

FAR. (1970b) Comunicado Nº 2. Cristianismo y Revolución, 25, septiembre.

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FAR. (1972c) A nuestro pueblo. 27 de mayo de 1972. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo Nº 641.

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FAR. (1972e) El ajusticiamiento de Juan Carlos Sánchez. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo N° 367.

FAR. (1973a) ¡Leña a los gorilas asesinos y vendepatria! CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo N° 626, 1973a.

FAR. (1973b) Comunicado. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo N° 641.

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FAR, FAP y Montoneros. (1971) Comunicado. Estrella Roja, 6, septiembre. Recuperado de: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-puebloerp/estr ella-roja-n06/.

FAR y Montoneros. (1973) Apoyar, defender y controlar. El Descamisado, 2, 29/05/1973.

Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo N° 412, 1972a.

Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo Nº 552, 1972b.

Policía de la Provincia De Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Daños, Legajo Nº 2353, 1972c.

Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo Nº 677, 1972d.

Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo Nº 720, 1973.

Policía de la Provincia de Buenos Aires-Unidad Regional XII. Volante Nº 215. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo Nº 122, 1970.

Notes

2 Fuerzas armadas revolucionarias, en adelante FAR.

3 Entre dichos factores, puede mencionarse: la deslegitimación del sistema político fruto de la tutela militar y los efectos de la duradera proscripción del peronismo; la frustración con la línea política reformista sostenida por el Partido Comunista y el Partido Socialista y la incapacidad de estos en recuperar su influencia política en el seno de la clase obrera luego de la irrupción del peronismo en 1946 y el impacto de la Revolución cubana y de procesos de liberación nacional liderados por fuerzas revolucionarias armadas en Vietnam y Argelia (Terán, 1991, pp. 97-144).

4 Nos referimos, principalmente, a: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); el Frente Argentino de Liberación (FAL); las FAR; Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), bajo la dirección político-militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las FAP fue la única organización de estas que se dio a conocer públicamente antes de 1970, al haber sido desarticulado su intento de implantar un foco rural en Taco Ralo (provincia de Tucumán), en septiembre de 1968 y que comenzó a operar en zonas urbanas con el asalto a dos destacamentos policiales en el Gran Buenos Aires, el 16 de octubre de 1969. El resto de las organizaciones se dieron a conocer públicamente a lo largo del año 1970. El FAL se dio a conocer el 24 de marzo de 1970 por medio del secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, exigiendo para su libertad el reconocimiento de la detención y la garantía de la vida de dos de sus militantes secuestrados clandestinamente. Montoneros, conmemorando el año del “Cordobazo” (29 de mayo de 1970), hizo su aparición pública con el secuestro y el posterior asesinato del Teniente General (R) Pedro Eugenio Aramburu. Las FAR hicieron lo propio el 30 de julio con la toma de la localidad de Garín, a las afueras de Buenos Aires. El ERP tuvo su bautismo operativo el 18 de septiembre tomando la comisaría nº 24 de la ciudad de Rosario.

5 Para un balance historiográfico exhaustivo puede consultarse: Mangiantini (2015); Rot (2016).

6 Puede decirse, con cierto grado de esquematismo, que las principales organizaciones armadas revolucionarias del período compartían la estrategia de lucha armada centrada en la necesidad de construcción de un ejército popular, cuyas influencias iban desde el foquismo guevarista hasta la guerra popular prolongada pregonada por Mao Tse Tsung, pasando por las experiencias vietnamita y argelina. Las diferencias estribaban en la identificación política, siendo el peronismo el parteaguas que dividía a las organizaciones que reclamaban dicha identidad (FAP, FAR y Montoneros) y las que se definían como marxistas (FAL y PRT-ERP). En términos organizativos, las agrupaciones peronistas se constituyeron en organizaciones político-militares, a tono con la experiencia cubana, mientras que el PRT sostuvo la centralidad del partido político en la conducción de la guerra, algo que denota mayor proximidad a los planteos chinos y vietnamitas. El caso de FAL es especial, ya que se trató de un frente integrado por columnas combatientes independientes.

7 El trabajo identifica 21.655 hechos armados producidos entre 1969-1979 por “organizaciones terroristas” apelando a lo alegado por el Ejército Argentino, en el marco de la causa 13/84 que juzgó a las Juntas de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos durante la última dictadura militar. El propio fallo judicial considera que “pueden observarse, como incluidos en nóminas de la misma fuente, algún hecho cuya atribución a las bandas terroristas, a las qué nos estamos refiriendo, aparece en la actualidad, cuanto menos, bastante dudosa” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, 1985).

8 En este caso no hay una clara delimitación entre hechos armados y víctimas resultantes. El número de víctimas resulta de la sumatoria de acciones armadas varias (suponen, por ende, siempre una víctima), heridos (2368), muertos (1094) y secuestrados (758). Con esa operación se llegan a contabilizar 17.382 víctimas perpetradas por el “terrorismo guerrillero” entre 1969-1979. Además, al margen del alto número de víctimas sin identificar, en una simple revisión salta a la vista que en la nómina se incluyen inexplicablemente, por ejemplo, las víctimas acontecidas durante las jornadas del “Córdobazo” (12 muertos y 17 heridos), el “Viborazo” del 15 de marzo de 1971 (1 muerto y 205 heridos) y el definitivo regreso de Perón al país, el 20 de junio de 1973 (18 muertos y 202 heridos).

9 Manfroni fue colaborador de la revista Cabildo durante el Proceso de Reorganización Nacional, publicación apologética de la represión emprendida por la última dictadura militar. Actualmente es columnista del diario La Nación. Villarruel, por su parte, preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Ambos asumen una posición de denuncia pública respecto al juzgamiento “selectivo” dirigido a condenar a efectivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA) por hechos de terrorismo de estado y mantener impune la violencia perpetrada por las organizaciones armadas revolucionarias. Esa defensa los acerca al discurso castrense tendiente a argumentar que los procesamientos y condenas judiciales se debieron a una “derrota política” que las FF.AA sufrieron con el advenimiento de la democracia, luego de su victoria militar.

10 FAR, 1970.

11 FAR, 1970b.

12 FAR, 1970.

13 No es el centro de este trabajo analizar las elaboraciones que esgrimieron las FAR al momento de asumir como propia la identidad política peronista. Muy brevemente, podemos decir que el planteo de la organización fue combinar el marxismo como una herramienta de análisis de la realidad, asumiendo la identidad política mayoritaria de la clase trabajadora, conjunción que les permitía dotar de “eficacia histórica” a sus planteos revolucionarios (FAR, 1971, 1971b). Ello suscitó una polémica abierta con el PRT sobre la interpretación legítima del marxismo y las lecturas que ambas organizaciones hacían del mismo. Para abundar en el análisis de este tópico véase: Caviasca (2006); González Canosa (2013); Campos (2013); Cúster (2016).

14 Las OAP fueron constituidas originalmente por las FAP, FAR y Montoneros como un intento de coordinación operativa entre las diversas organizaciones armadas revolucionarias peronistas. Funcionó entre mediados de 1971 y principios de 1972 y antes de su disolución se sumó también, por un corto tiempo, la organización Descamisados.

15 FAR, 1971b.

16 FAR, 1972.

17 FAR y Montoneros, 1973.

18 FAR, 1970c.

19 FAR, 1970c.

20 FAR, 1971.

21 La formación del combatiente era asumida, no solo en su faceta de adiestramiento militar, sino que suponía además un esfuerzo militante integral que demandaba la internalización de diversos valores como la disciplina partidaria, la abnegación individual en la construcción del colectivo, criterios normativizados de conducta y de moral sexual, entre otras cuestiones. Si bien aún no se cuenta con una investigación dedicada exclusivamente a esta temática, algunos trabajos han indagado estas dinámicas intra-partidarias que han llevado a caracterizar su funcionamiento como propio de “organizaciones totales” al no reconocer separación entre las esferas de “lo político” y “lo privado” (Ollier, 1998; Carnovale, 2011; Slipak, 2015).

22 Este archivo es administrado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)-Fondo DIPPBA. Al haber pertenecido a una agencia de la policía de Buenos Aires registró acontecimientos concernientes a dicha provincia. La decisión de incluirlo en este cómputo, a riesgo de sufrir una sobre-representación de los resultados obtenidos respecto de Buenos Aires en relación con el del resto de las provincias, estriba en la información detallada que brinda respecto del accionar de las organizaciones armadas revolucionarias y por el hecho de que es complementada por otro tipo de fuentes. En total fueron consultados cuarenta y cuatro legajos, entre los cuales, treinta y tres refieren a operativos protagonizados por las FAR.

23 Cristianismo y Revolución, publicación emblemática del cristianismo radicalizado y tribuna de difusión de las organizaciones armadas, contó en sus últimos cuatro números (Nº 27-30) con un recuento de las acciones llevadas a cabo por estas entre enero de 1970 y julio de 1971, en una sección titulada primero “Cronología de la violencia” y luego “La justicia del pueblo”. Estrella Roja, fue el órgano de difusión del ERP, el cual publicó en sus dos primeros números solamente las acciones llevadas a cabo por la propia organización, pero a partir del Nº 3 contó con una sección denominada “Crónica de la guerra revolucionaria”, donde brindaba una cronología completa de la actuación de todas las organizaciones armadas revolucionarias. Para la labor realizada se consultaron los ejemplares Nº 3 (junio de 1971) al Nº 21 (21/06/73), que consignan los hechos armados realizados entre enero de 1971 y mayo de 1973.

24 FAR, 1972b. El “Boletín Nº 4” contiene una “Lista de operaciones” donde constan las acciones armadas llevadas a cabo por las FAR entre los meses de junio y noviembre de 1972. Ese listado está conformado por cuarenta y ocho entradas en las que se registran diversas acciones armadas. Seis de estas no fueron tenidas en cuenta al momento de adicionar operativos armados por la razón de que remitían muy vagamente a los hechos, sin especificar contra qué objetivo se cometieron, ni lugar en donde se produjeron. La diferencia entre las cuarenta y dos entradas y los sesenta y cuatro operativos armados estriba en que, en el caso de las bombas, estas aparecen reseñadas en una sola entrada y para el conteo efectuado fueron desglosadas individualmente.

25 El “Boletín Nº 4” muestra una tendencia a mencionar atentados masivos y simultáneos de bombas, sin referir en concreto a los lugares que afectaron (“cargas explosivas en todas las regionales”), pudiendo ser esa la razón por la cual los explosivos colocados de forma aislada hayan sido omitidos en la lista presente en dicho documento.

26 Entre 1970-1973, las organizaciones armadas revolucionarias sufrieron la persecución estatal materializada en diversos fenómenos: respuestas de las fuerzas de seguridad actuantes al momento de desarrollarse los operativos armados; procesamientos judiciales dictados en el marco de una legislación penal cada vez más dura y que, a partir de julio de 1971, contó con un fuero y una legislación específica para juzgar los delitos de tipo “subversivo” (la Cámara Federal en lo Penal); prácticas violatorias de la legislación de excepción vigente (como detenciones arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas) e incluso hechos de desaparición y/o asesinato de personas cuyas autorías nunca fueron esclarecidas. En el caso de FAR específicamente, podemos contar: tres desapariciones (Marcelo Verd y Sara Palacio en San Juan, el 2 de julio de 1971; Mirta Misetich en Capital Federal, el 13 de ese mismo mes); cinco asesinatos (Juan Pable Maestre -pareja de la anterior - cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en Escobar, provincia de Buenos Aires, el 14 de julio de 1971; Miguel Ángel Castillo en Córdoba, el 4 de noviembre de 1971; Carlos Astudillo, Alfredo Kohon y María Angélica Sabelli en la conocida como masacre de Trelew, el 22 de agosto de 1972); cuatro muertes en combate (Raquel Gelín en Córdoba, el 30 de diciembre de 1970; Juan Carlos Baffi, Carlos Olmedo y Agustín Villagra en Córdoba, el 3 de noviembre de 1971) y no menos de cuarenta detenidos y encarcelados en diferentes unidades penitenciarias del país.

27 FAR, 1972b

28 FAR, 1972.

29 En orden de importancia, las otras ciudades en las que se registraron operaciones realizadas por las FAR fueron: Santiago del Estero [8], Corrientes [6], Mendoza [3], Cipolletti [2], Paraná [2], Bahía Blanca [1] y Rawson [1].

30 1 en Dique Escaba (Tucumán), 1 en Las Banderitas (Tucumán) y 1 en la provincia de Entre Ríos.

31 En el caso de Neuquén, nos referimos a 2 acciones de robo cometidas en la Municipalidad de Fernández Oro y en el Juzgado de Paz de Allen, dos localidades próximas a la ciudad de Cipolletti (Río Negro), separada ésta última de la primera solamente por el río Neuquén (Pérez Pertino, 2017).

32 Esto teniendo en cuenta que al ser poblaciones de menor escala que los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el contingente militante que en dichas localidades podía ser objeto de investigaciones o represalias era sensiblemente menor, por lo que la no identificación política podía ayudar a resguardar más el anonimato de las personas involucradas.

33 Entrevista del autor a “Cristina”, 2014; “Isabel”, 2017; “Pancho”, 2018; “Renée”, 2019.

34 Sin embargo, el mayor grado de accionar evidenciado por el ERP es algo que confirman todas las fuentes consultadas y se desprende del hecho de que los 372 hechos cuya autoría no aparece identificada no pueden hacer oscilar esa notoria preponderancia estadística de dicha organización. En el conteo efectuado (en base a las mismas fuentes utilizadas en este estudio) se excluyó a las bombas y se individualizó las acciones de desarmes (criterio diferente al empleado en este trabajo. Ver nota N° 28).

35 El menor número de ciudades registradas en que actuaron las FAR remite a la no incorporación del Boletín Nº4 como fuente de información para elaborar este recuento general.

36 Con menor expansión geográfica, las FAL y las FAP operaron solo en tres núcleos urbanos (Buenos Aires, Córdoba y La Plata). Para el cómputo de ciudades se consideró que una organización tenía una presencia armada “de cierta envergadura” si realizó más de un hecho armado, sin que estos fuesen exclusivamente bombas.

37 Policía de la Provincia de Buenos Aires-Servicio de Informaciones -SIPBA-, 1972.

38 Las OAP fueron constituidas originalmente por las FAP, FAR y Montoneros como un intento de coordinación operativa entre las diversas organizaciones armadas revolucionarias peronistas. Funcionó entre mediados de 1971 y principios de 1972 y antes de su disolución se sumó también, por un corto tiempo, la organización Descamisados.

39 De esas 12 acciones: 5 fueron realizadas por FAR y Montoneros; 4 por FAP, FAR y Montoneros; 1 por FAR y FAP; 1 por FAP con el apoyo de FAR y Montoneros y 1 por Descamisados con el apoyo de FAR y Montoneros. Cabe destacar que la única organización que participó en todas estas operaciones conjuntas fueron las FAR [12] y le siguieron, en orden decreciente: Montoneros [11]; FAP [7] y Descamisados [1].

40 La inclusión de esta acción -la voladura con dinamita del Golf Club de Rosario, el 26 de julio de 1971 -obedece a que por medio de ella el CARP anunció públicamente su integración a las FAR. Dicho grupo constituyó parte importante de la base militante que conformó la regional de la organización en esa ciudad.

41 Entrevista del autor a “Jorge”, 2011.

42 En este trabajo nos referimos a “objetivo” en relación a qué (cosa material) o quién (persona concreta o público más amplio) estaba dirigida la acción. La “finalidad” remite al efecto concreto que se buscaba obtener (sustracción, destrucción, intimidación). En cambio, podemos hablar de “propósitos” para denotar la razón última que se buscaba cumplir o que se esgrimía para efectuar la acción (por ejemplo: pertrechar a la organización, reclamar el cumplimiento de una decisión o protestar contra determinada situación).

43 Hay que recordar que en el caso de los 181 operativos registrados en total hablamos, en sentido estricto, de intentos, más allá de que las tasas de fracaso absoluto (3,3% exceptuando las bombas) y de éxito parcial de las acciones (1,7%), como ya mencionamos, hayan sido extremadamente bajas.

44 FAR, 1970c.

45 Clarín, 31/07/1970; Crónica, 31/07/1970; Policía de la Provincia de Buenos Aires-Unidad Regional XII, 1970.

46 FAR, 1970b, 1971.

47 El criterio general aplicado en todos los tipos de hechos armados es contar como operaciones independientes las acciones que fueron realizadas en simultáneo contra objetivos diferentes. La excepción a la regla es el caso de los desarmes, en donde apuntamos las operaciones llevadas a cabo, sin contabilizar cada una de las armas sustraídas o efectivos reducidos como hechos individuales (criterio diferente al expuesto en la nota 20).

48 De esos 29 asaltos: 10 fueron efectuados en oficinas de la administración pública nacional (4 pertenecientes al Registro Nacional de las Personas, 1 al Registro Nacional Automotor, 1 a la Dirección General Impositiva, 1 a la Comisión Nacional de Energía Atómica, 1 a la empresa de Agua y Energía, 1 Municipalidad y 1 juzgado); 8 en unidades médicas (5 sanatorios privados, 1 consultorio privado, 1 hospital público y 1 indeterminado); 7 en bancos (5 estatales y 2 privados) y 4 en establecimientos policiales (2 sub-comisarías, 1 destacamento y 1 puesto policial).

49 Respecto de las viviendas particulares: 3 asaltos fueron cometidos en el domicilio de miembros de las fuerzas de seguridad (dos militares y un policía), mientras que los 2 restantes fueron cometidos en casas de personas catalogadas como “oligarcas”, sin mayor precisión al respecto (FAR, 1972b). En cuanto a los establecimientos privados se produjeron en: un supermercado, un establecimiento industrial y una cooperativa de crédito. Las canteras eran atacadas como vía para obtener dinamita, que luego era empleada fundamentalmente en las destrucciones.

50 En este último hecho, acontecido en Pilar (GBA) el 29 de abril de 1971, y en el que perdió la vida el Teniente Mario César Asúa, las FAR lograron apoderarse de un gran número de armamento pesado.

51 Clarín, 30/12/1970.

52 Clarín, 28/05/1972; Crónica, 27/05/1972; FAR, 1972c.

53 Entre los establecimientos privados se contaron: 2 clubes de golf, 1 country club, 1 asociación de caballos, 1 discoteca, 1 estacionamiento de una concesionaria de autos Fiat y 1 empresa privada dedicada a brindar servicios de seguridad.

54 El hecho remite a la voladura del yate perteneciente al empresario Américo Grossi, concesionario de la empresa Fiat, acontecida en el Yacht Club de Santa Fe, el 28 de marzo de 1972. Crónica, 29/03/1972; La Opinión, 29/03/1972.

55 Crónica, 16/10/1972, 17/10/1972; FAR, 1972d

56 De estas 5 destrucciones: 3 se concentraron en vehículos privados (fundamentalmente colectivos de líneas urbanas pertenecientes a empresas) y 2 sobre vehículos de las fuerzas de seguridad. En el primer caso, el hecho de mayores dimensiones fue la quema de diecisiete colectivos pertenecientes a diferentes líneas y el intento fallido de hacer lo propio con siete vagones del ferrocarril Sarmiento (éxito parcial), en la Capital Federal, el 25 de octubre de 1972, ante el alza de los precios en los servicios de transporte (Crónica, 25/10/1972, 26/10/1972; Clarín, 26/10/1972; FAR, 1972b). Respecto de los últimos dos operativos, ambos acontecieron en la ciudad de Córdoba y tuvieron como objeto incendiar la flotilla de carros de asalto de la policía provincial (intento parcialmente frustrado), el 21 de octubre de 1970 (Clarín, 22/10/1972; Cristianismo y Revolución, Nº 27) y dos vehículos de la fuerza aérea, el 18 de mayo de 1972 (FAR, 1972d; Estrella Roja, Nº 13).

57 Clarín, 17/10/1972; Crónica, 17/10/1972; La Opinión, 17/10/1972. El atentado tuvo una notoria repercusión pública, no solo por el objetivo escogido y por enmarcarse dentro de una serie de hechos armados protagonizados por la organización para conmemorar la fecha del 17 de octubre, sino también porque acarreó la muerte de una turista canadiense y heridas serias en su marido y otro huésped estadounidense. El matrimonio se encontraba alojado en la habitación 2203, contigua a la 2204, donde fueron emplazados los explosivos. La organización culpó a la dirección del hotel por no haber evacuado a las víctimas a tiempo, tal como habían dado aviso una hora antes de que se produjeran las explosiones (FAR, 1972b). Este fue el único caso en que un atentado con explosivos tuvo como saldo víctimas.

58 En cuanto a las viviendas particulares, las bombas se ubicaron: 11 en los domicilios de efectivos de las fuerzas de seguridad (9 militares, 1 policía y 1 prefecto); 5 de empresarios; 1 de un gremialista y 1 indeterminado. Respecto de las empresas, entre las mismas se contaron: 5 firmas (Domingo Marimón, Siemens y Cochería Rossi en Córdoba; IBM en Tucumán y una empresa constructora en Mar del Plata), 4 concesionarias de automóviles, 3 plantas industriales (Lucas Servis en La Matanza -GBA- y Metalúrgica SIAP y Petroquímica Sudamericana en La Plata), 2 hoteles y 1 banco (City Bank de Córdoba). En relación a los establecimientos de las fuerzas de seguridad, los militares correspondieron: 3 a la Marina (Oficina de reclutamiento y Círculo de Retirados de la Armada Naval en Mar del Plata y sede en Tucumán), 2 al Ejército (local del Servicio de Informaciones en Mendoza y sede en Entre Ríos), 1 a las Fuerzas Armadas en conjunto (Centro de Oficiales Retirados en Capital Federal) y 5 indeterminados (identificados como de las Fuerzas Armadas en general, acontecidos en Corrientes, el 23 de agosto de 1972). Los pertenecientes a la policía fueron en 2 comisarías de Tucumán y en 1 seccional en construcción en la localidad de José C. Paz (GBA). El restante se dirigió al Centro de Oficiales de la Prefectura, en la Capital Federal.

59 Este sería el caso de un típico acto relámpago, en el que grupos pequeños de personas arribaron por diversas vías a la intersección de dos calles del barrio de Caballito y dieron lugar a un pequeño acto que consistió en la breve palabra a viva voz de un orador y volanteadas, mientras se procedía a cortar el tránsito vehicular interponiendo escombros de una obra en construcción cercana. El acto culminó con el ataque a la sucursal bancaria y la desconcentración ordenada de los manifestantes, que la prensa estima en alrededor de cien. Se atribuyeron la acción FAP, FAR y Montoneros (Crónica, 8/10/1972).

60 Crónica, 26/03/1973; Estrella Roja, Nº 19.

61 La amenaza fue remitida por escrito el 28/10/1971 al tiempo que se devolvían los trofeos sustraídos durante la destrucción del edificio de la entidad, producida dos días antes por el CARP, tal como referimos en la nota 26 (Clarín, 28/07/1971; Crónica, 28/07/1971, 29/07/1971; La Opinión, 28/07/1971, 29/07/1971).

62 Clarín, 27/10/1971; Crónica, 28/10/1971 y FAR, 1972e.

63 El Mayor (R) San Martino fue asesinado por comandos de la OAP en Córdoba, el 29 de julio de 1971 (FAR, FAP y Montoneros, 1971). Mientras que el asesinato del Contralmirante (R) Berisso fue el único realizado exclusivamente por las FAR, el 28 de febrero de 1973, en Lomas de Zamora (GBA) (FAR, 1973).

64 FAR, 1973b.

65 FAR, 1971c.

66 Barella fue secuestrado el 5 de noviembre de 1972, en Merlo (GBA) (Clarín, 11/11/1971; Crónica, 8/11/1972, 10/11/1972), mientras que Castel lo fue el 21 de mayo de 1973, en Córdoba y por esa razón fue integrado en este conteo (Clarín, 22/05/1973; Crónica, 22/05/1973 y 2/06/1973).

67 Crónica, 13/01/1972.

68 Los seis dirigentes fugados fueron: Mario Roberto Santucho, Domingo Menna, Enrique Gorriarán Merlo (PRT-ERP), Roberto Quieto, Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Es por ello que la consideramos una de las tres operaciones parcialmente exitosas. Un grupo de diecinueve militantes que no logró alcanzar el avión que servía de transporte para garantizar el escape fue fusilado en una base naval, la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la denominada masacre de Trelew. Este hecho implicó la muerte de dieciséis de los integrantes (once pertenecientes al ERP, tres a las FAR y dos a Montoneros) y del que solo lograron sobrevivir tres (dos integrantes de las FAR y uno de Montoneros).

69 Las militantes liberadas fueron: Amanda Peralta, Ana María Solari (FAP), Ana María Papiol, y Lidia Malamud (FAL). En la acción perdió la vida Bruno Cambareri de las FAP (Cristianismo y Revolución, Nº 30; Crónica, 27/06/1971; La Opinión, 27/06/1971).

70 Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1972b.

71 Esos sucesos se llevaron a cabo en las fábricas: Metalúrgica Otis de la Capital Federal, el 29 de noviembre de 1972 (FAR, 1972b); fábricas Deca, en Morón (GBA), el 9 de enero de 1973 (Policía de la provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1972c) e Iaconelli de Córdoba, el 30 de marzo de 1973 (Crónica, 30/03/1973).

72 Del conteo general mencionado (Autor, 2018b), se desprende que el primer hecho de una arenga realizada por una organización armada en un establecimiento fabril corresponde al ERP, el 21 de diciembre de 1970, en Córdoba. La preponderancia del ERP en este sub-tipo de hechos en fábricas es notablemente mayor (73,8%) que respecto del total de las acciones armadas (40,6%) y baja levemente si tomamos el caso de las alocuciones en general (65,1%). Las FAR, con apenas 5 alocuciones (6%), se ubica como la segunda organización que más protagonizó ese tipo de hechos. En dicha contabilización registramos una alocución menos porque, como ya explicamos, en su confección no incluimos al “Boletín” Nº 4 como fuente de información.

73 La preponderancia del ERP en relación a las distribuciones perpetradas en general es aún mayor: 107 (81,7%) sobre un total de 131 (Cúster, 2018b).

74 Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1973; Crónica, 25/04/1973.

75 Crónica, 18/01/1972.

76 Esta cobra mayor dimensión si tenemos presente que de las 26 detonaciones registradas a nivel general, 9 (34,6%) corresponden a acciones en las cuales participaron las FAR (Autor, 2018b).

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