Andrés David Rico Salazar1,c1
aricosalaza@alumni.unav.esRecepción: 31 de julio de 2025
Aceptación: 25 de octubre de 2025
Resumen
Esta investigación estudia los desafíos de la administración institucional frente la gobernanza pública, sus polaridades económicas, ideológicas y técnicas destacando a la tecnocracia como contrapeso del populismo.
En este marco se propone como objetivo demostrar, desde la filosofía política y contrastando los tipos de racionalidad weberiana, que la tecnocracia constituye un modelo de gobernanza capaz de contrarrestar el populismo desde el interior del Estado, enmarcado en la evolución postindustrial planteada por Daniel Bell, cuya transformación paradigmática reforzó la participación de los técnicos y del conocimiento científico en la toma de decisiones de poder público, orientando la acción gubernamental hacia criterios de racionalidad y prudencia.
De tal forma que se toma como hipótesis central la tecnocratización del poder, como consecuencia de la evolución postindustrial y del predominio de una racionalidad con arreglo a fines, que actúa como mecanismo interno de contención del populismo, reduciendo su impacto en la sociedad, independientemente de la orientación ideológica del gobierno de turno.
En consecuencia, de lo anterior se propone el desarrollo estadístico descriptivo y paramétrico, estimado en un modelo econométrico de efectos fijos basado en el Índice de Libertad Democrática (V-Dem) (Coppedge et al., 2025) y en la Base de Datos Global de Populismo (Hawkins et al., 2019), evaluando el impacto de este último en función de las posiciones ideológicas y de los niveles de libertad democrática. Asimismo, se incorpora el Índice de Efectividad del Gobierno del Worldwide Governance Indicators como segundo aspecto empírico descriptivo abordado a través un análisis comparativo para los casos de Colombia, Chile y Argentina durante el período 1995–2024.
De esta forma, la investigación aporta al debate contemporáneo sobre la viabilidad de los modelos de gobernanza tecnocráticos en sociedades democráticas libres y su papel en el fortalecimiento de la resiliencia institucional, la estabilidad política y la eficiencia del Estado.
Palabras clave: gobernanza, democracia, liberalismo, modelo de efectos fijos, racionalidad weberiana
Abstract
This research examines the challenges of institutional administration in relation to public governance, focusing on its economic, ideological, and technical polarities, and highlighting technocracy as a counterbalance to populism. Within this framework, the study aims to demonstrate drawing from political philosophy and contrasting Weberian types of rationality that technocracy constitutes a model of governance capable of counteracting populism from within the state. This is framed within Daniel Bell's post-industrial paradigm, whose transformative vision reinforced the participation of experts and scientific knowledge in public decision-making, orienting governmental action toward criteria of rationality and prudence.
Accordingly, the central hypothesis posits the technocratization of power as a consequence of post-industrial evolution and the predominance of goal-oriented rationality, functioning as an internal containment mechanism against populism by reducing its societal impact, regardless of the ideological orientation of the government in office.
Consequently, the study develops a descriptive and parametric statistical model, estimated through a fixed-effects econometric approach, based on the Liberal Democracy Index (V-Dem) (Coppedge et al., 2025) and the Global Populism Database (Hawkins et al., 2019), assessing the impact of the latter in relation to ideological positions and levels of democratic freedom. Additionally, the Government Effectiveness Index from the Worldwide Governance Indicators is incorporated as a second empirical-descriptive component, applied through a comparative analysis of Colombia, Chile, and Argentina during the 1995–2024 period.
In this way, the research contributes to the contemporary debate on the viability of technocratic governance models in free democratic societies and their role in strengthening institutional resilience, political stability, and state efficiency.
Keywords: governance, democracy, liberalism, fixed effects model, weberian rationality
Es importante comprender el concepto central de esta investigación: la tecnocracia, entendida como un eje transversal desde lo filosófico, político del poder y la economía. La intención primaria es contraponer preceptos o rasgos de los regímenes populistas y analizar sus impactos directos en el marco social a través de la política como método de decisión, y a partir de las categorías tipológicas de racionalidad weberiana con arreglo a fines y con arreglo a valores, demostrar la relevancia del componente técnico en lo público y la aparición evolutiva de los tecnócratas en el poder como resultado de los avances postindustriales y tecnológicos, que actúan como un mecanismo de contrapeso racional en la toma de decisiones dentro de un Estado democrático. Además esta investigación tiene un enfoque ecléctico, que aporta evidencia empírica (mediante la constatación estadística y econométrica), a través de un modelo de efectos fijos que correlaciona el promedio aritmético de populismo como variable dependiente de la posición ideológica de los partidos y del grado de democracia liberal, que busca comprender la incidencia del populismo en las colectividades políticas con sentido partidista y el contraste del populismo con los grados libertad en una sociedad democrática. Basándose en la prudencia y la argumentación de lo general a lo concreto, enmarcando el tema en la defensa de la administración pública y de las organizaciones, se adopta un sentido cientificista, priorizando la coherencia práctica en los resultados y buscando demostrar que, mediante enfoques sistémicos es posible optimizar la toma de decisiones.
El presente estudio está cimentado en los planteamientos de Daniel Bell y su obra académica en torno a la era postindustrial, concepto acuñado por él y abordado a través de El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social (Bell, 1976), Las contradicciones culturales del capitalismo (Bell, 1989) y El fin de las ideologías (Bell, 1964). Uno de los objetivos principales de Daniel Bell, es comprender las distinciones predominantes en la transformación social, en función de la economía y la política, que marca la pauta esta investigación respecto a la evolución del sistema industrial, así como la inmersión y aparición de los técnicos en decisiones trascendentales para la sociedad. Esto ocurre como resultado de la expansión inminente de los avances tecnológicos y la consecuente profesionalización, además del imbricado rol de la política en la vida de los individuos, esta última cada vez más predominante en el orden social. Con el objetivo de evitar distracciones derivadas de la criticidad y análisis particular, es importante afirmar que la defensa del planteamiento aquí desarrollado no busca establecer la tecnocracia como un sistema de gobierno único en reemplazo de la política. Son dos aspectos que transcurren en paralelo, la ciencia y las decisiones sociales, pero que, a la vez, se complementan con una finalidad virtuosa. Ambas son fundamentales para explicar el fenómeno del populismo en las esferas del poder.
Lo más relevante ahora es observar, en el tiempo, los avances tecnológicos y, con ellos, la creciente preponderancia de los científicos en la participación del poder. A partir de esta premisa, Bell (1976) identifica tres estadios clave, sobre los cuales asigna, a modo de definición, principios axiales para su comprensión. El primer estadio es la estructura social, determinada por las connotaciones económicas propias de los principios microeconómicos. En este contexto, se busca la asignación óptima de recursos, el cálculo preciso del beneficio y la maximización del bienestar al menor costo posible.
El segundo estadio corresponde a la estructura política, que abarca las diversas formas de participación de los individuos en la toma de decisiones. Esta puede manifestarse de manera pendular, desde la movilización de masas hasta el control de estas. En otros casos, surge de un ímpetu propio de los sujetos sociales, es decir, de una iniciativa individual basada en sus particularidades o en coyunturas específicas.
En el tercer estadio está la estructura cultural, que Bell (1976) define como “el reforzamiento y la realización del sujeto” (p. 28). Este contexto conceptual, preeminente en la sociedad postindustrial, muestra sus características más importantes, así como la aparición de nuevos protagonistas en la toma de decisiones: los tecnócratas. Esto permite desarrollar desde ahora una panorámica de la estructura contemporánea de la sociedad en cuestión, tal como se comprueba en la tabla a continuación.
Tabla 1: Axiomas de la estructura postindustrial
Fuente: Bell, D. (1976). El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social (p. 30). Alianza.
Ahora bien, es fundamental reconocer que las formas de gobierno que emergen en la sociedad postindustrial, como la tecnocracia, constituyen una consecuencia inevitable del avance tecnológico y de una economía caracterizada por la relación constante entre eficiencia y costos. Este fenómeno se vincula estrechamente con la teoría microeconómica del productor y los rendimientos indexados a la frontera de posibilidades de producción (FPP). La inversión en capital y en mano de obra especializada mantiene, dentro del mismo margen de costos, un incremento en la eficiencia, desplazando la frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Dicho desplazamiento aumenta la producción y los rendimientos derivados de los avances tecnológicos, impactando directamente en la creación de riqueza.
Además, la intermediación de la movilidad social impulsa la profesionalización en términos absolutos, propiciando el crecimiento de la clase de los llamados “cuellos blancos”, es decir, mano de obra técnica y profesional. (p. 154) emplea este término para referirse a la evidente nueva clase social profesionalizada de mayores rentas, como forma de movilidad social.
La especialización de la fuerza laboral, si bien incrementa la productividad, representa solo una parte del proceso. La autoridad, lejos de ser exclusiva del ámbito laboral, atraviesa todos los aspectos de la sociedad postindustrial. La creciente especialización y la expansión de los conocimientos técnicos constituyen factores determinantes en el ascenso de una nueva clase dirigente, que surge de este proceso económico y del avance tecnológico. Dicho fenómeno se erige como el principio regulador de la organización social, la cual se estructura en torno a la racionalidad y a la tecnocracia como fundamentos esenciales. No obstante, en muchos otros casos, la intervención del técnico se limita a influir sobre el titular oficial de las competencias. Cuando el técnico logra imponerse, se produce un despojo efectivo del poder político. En consecuencia, el político conserva la apariencia del poder, pero pierde su sustancia.
La acrecentada relación que Bell (1976) describió respecto a la injerencia de los técnicos en la política, Jean Meynaud (1964) la asiente con cuatro contribuciones estructurales que pueden ordenarse sin jerarquía; entre:
La ampliación de las tareas
Las responsabilidades asumidas por los gobernantes
La aceleración del curso de los acontecimientos
El perfeccionamiento progresivo de los modos de intervención
Estos roles constitutivos se vuelven transversales al Estado moderno. En esta línea, Meynaud (1964) subraya que ni la democracia ni la burocracia, por sí solas, son suficientes para ejercer el poder en una sociedad moderna, convirtiendo el criterio de este argumento en la hipótesis central de esta investigación, la cual se establece de la siguiente forma: En la medida en que aumenta el predominio de racionalidad con arreglo a fines en la estructura gubernamental expresada en la tecnocratización de las decisiones públicas, menor es la incidencia del populismo y mayor los niveles de libertad, por el contrapeso de la primera, sin distingo de la orientación ideológica del gobierno de turno en el ejecutivo. Que, en línea con la argumentación de Bell (99), lo anterior se sustenta con el conocimiento y la organización dos elementos según él, que definen la sociedad postindustrial, y por ende la forma de administrar la economía y las decisiones política. De tal forma que se constituye una relación inalienable entre el sistema económico, la administración del poder público, la política y los distintos niveles burocráticos del Estado, donde el técnico es imprescindible.
Por otra parte, es clave introducir la sistematización del problema como indicio de reflexión académica al margen de lo anteriormente propuesto, con la finalidad de responder a través de esta investigación a las siguientes preguntas:
¿Es la tecnocracia un contrapeso dentro del poder público en una democracia frente a medidas y discursos populistas?
¿Reduce el populismo los niveles de libertad en un Estado democrático?
En consecuencia esta investigación propone una discusión de bases filosóficas y una demostración empírica para la defensa del sentido tecnocrático como instrumento para el equilibrio congruente entre el discurso político y los hechos. De tal forma, el sentido pragmático y la prudencia en la toma de decisiones sustentan el valor de la ciencia y de los técnicos en el poder, que mitigan la escalada de un avance populista que disminuya los niveles de libertad.
Consideraciones que aportan al conocimiento científico y político el prisma de categorizar las tipologías de racionalidad weberianas con el carisma del líder en el poder y sus consecuentes decisiones, donde la racionalidad práctica calcula las decisiones mediadas conceptualmente desde la ciencia. El carisma, con arreglo a valores, tiene igual sentido virtuoso en la llamada racionalidad, pero puede ser usado por el populista para malversar una dirección hacia intereses distintos al de los valores inclinados al bien en el poder.
En concordancia con los planteamientos de Daniel Bell que es sujeto de esta investigación para mostrar la evolución de la sociedad postindustrial y la aparición de los tecnócratas como producto de las dinámicas explicadas en sus obras cumbre. De tal forma, en esta discusión filosófica aflora la hipótesis de que la racionalidad con arreglo a fines es un corrector virtuoso para evitar las inclinaciones populistas.
Categóricamente, este estudio se diferencia de otros en la articulación argumentativa y empírica, y, sobre esta última, se suma el abordaje y la selección de variables para el modelo de efectos fijos. Por consiguiente, estos han argumentado la relación entre populismo y tecnocracia en distintos ámbitos y técnicas. Entre ellas destacan modelos con efectos fijos sobre la libertad académica, comparaciones regionales en Europa entre democracia y populismo, y normas tecnocráticas que sustentan la legitimación de organizaciones internacionales.
Otros estudios, relativamente más cercanos desde el punto de vista de la correlación de variables, como el de Ruth-Lovell, Lührmann y Grahn (2021), “Democracy and Populism: Testing a Contentious Relationship”, investigan los impactos del populismo sobre la democracia, demostrados empíricamente.
Todos los anteriores han tomado como fuente, para su desarrollo empírico y argumentativo, los datos de V-Dem o de la Global Populism Database.
La toma de decisiones se fundamenta en la planificación burocrática y la política, dos escenarios trascendentes que responden a las dinámicas sociales y al mercado. Estos espacios, influenciados por la interacción colectiva, articulan derechos y demandas individuales. La planificación, como método, no solo facilita el acceso político, sino que establece un marco social basado en un sistema de valores definido y alineado con las preferencias humanas para la vida en sociedad. Es así como la estructura social y la esquematización postindustrial, convergen a través de seguimientos, tendencias y comportamientos fenomenológicos repetitivos, contingentes y prospectivos, enmarcados en aspectos económicos, políticos, tecnológicos y sociales, integrados para gestionar el poder, determinado por la complejidad inmanente del sistema.
En consecuencia, Bell (1976) concibe que la estructura social está constituida por la economía, el sistema de trabajo y la tecnología. La estructura política, por su parte, se encarga de regular el poder, reivindicar derechos y controlar los conflictos entre los individuos. La estructura cultural, en cambio, aborda aquello que se comprende a través de la representatividad, en lo que denomina la “cultura de lo nuevo”, fundamentada en el advenimiento del capitalismo. Esta es consecuente con las libertades que se convierten en fuente de trascendencia para el arte, aspecto principal para el análisis de la modernidad, ya que su función es actuar como vehículo hacia la vanguardia, mediante la adopción de lo nuevo por parte de los individuos. Por tanto, esta estructura cultural está constituida por autoridad y legitimidad, orientadas a una neoestructura social (p. 46).
La libertad aparece, entonces, como un punto de inflexión en el estudio político, sociológico y ontológico del orden social. En términos marginales, los individuos son más conscientes de su destino y toman decisiones con base en ese precepto. Evocando la tendencia predominante, los científicos y tecnócratas ingresan al argot decisorio de la estructura postindustrial en dimensiones macro, ya sea en conjunto con la clase política o sin ella, como policy makers en el ámbito económico. A su vez, promueven la transversalidad de las firmas en las relaciones de producción y trabajo como fuentes de bienestar.
El rol direccional de la sociedad, desde la administración y la gerencia, es dual dentro de esta nueva clase técnica. Por un lado, estos individuos muestran afinidad por el ocio y por empleos alineados con la demanda del capital, caracterizados por la sofisticación. Por otro lado, presentan aversión hacia los trabajos propios de los sectores primario y secundario, los cuales se encuentran cada vez más en una transición generacional hacia sectores enfocados en los servicios. Este contexto otorga especial relevancia al sector privado y empresarial, que emerge como una externalidad positiva en la generación de riqueza, convirtiéndose en un actor fundamental del proceso. Junto con estos actores, el gobierno mantiene su rol orientado al bienestar social y, como ideal, al equilibrio macroeconómico, el cual resulta determinante para el logro de dichos objetivos dentro del Estado moderno.
De forma transversal, Bell (1976) plantea dimensiones filosóficas vinculadas con la racionalidad contemporánea, más allá de los planteamientos de Max Weber, señalando la existencia de una racionalidad inherente y estructural de la sociedad moderna. Entre ellas destaca la racionalidad de la ética económica. En esta línea, Bell concibe la tecnocracia como un concepto paradójico, al afirmar que no se refiere exclusivamente a lo técnico; por el contrario, en sus consideraciones más amplias, se ocupa de lógicas y prácticas resolutivas de problemas, instrumentales y orientadas a objetivos mediante el cálculo racional (p. 400).
En este sentido, establece dos interrogantes clave: “¿quién posee el poder?” y “¿cómo se posee el poder?”. Este último, según el autor, responde al concepto de sistema, es decir, el establishment previo al acceso al poder. Lo interpreta como el escenario contingente desde el cual se pretende conquistar el poder y al grupo que gobierna. En sus palabras: “Cuando se produce un cambio en la naturaleza del sistema, llegan nuevos grupos al poder” (Bell, 1976, p. 394). Es importante destacar la equivalencia entre esta dinámica y el tránsito de las sociedades desde formas de producción menos tecnificadas hacia otras más avanzadas, donde el conocimiento se erige como el fin último de la sociedad tecnocrática y de la tendencia contemporánea eminentemente tecnológica y cualificada, particularmente en las esferas corporativas y de dirección.
Este entrelazamiento es descrito como Zweckrationalität, una racionalidad de medios y fines que se ajustan mutuamente, lo cual evidencia cómo la técnica y la política se encuentran en diálogo constante. Así, las decisiones no responden únicamente a criterios técnicos, sino también a valores e intereses políticos que moldean los resultados.
La racionalidad marca un precedente determinante en los planteamientos sociales contemporáneos, al margen de la admiración y las formas paralelas de los relevos en los roles de gobierno. En línea con la inevitable y vertiginosa transición de la sociedad occidental desde su contingencia industrial hacia la postindustrial; asimismo, la estructura técnica se diseña y configura para alcanzar una ética conductual en el desarrollo administrativo, fundamentada en principios científicos precisos y calculadores. En este marco, la eficacia, la austeridad y la optimización de los recursos intrínsecos a la gestión (costes) dan cabida a la conceptualización alemana de la Zweckrationalität (Bell, 1976, p. 97). Entender estas particularidades del pensamiento weberiano resulta determinante para comprender las tendencias subjetivas de los individuos como unidades independientes en la sociedad, incluso en escenarios de poder y legitimidad, sobre algunos individuos en quienes recae la responsabilidad de tomar decisiones de gran impacto. Estos aspectos resultan de interés para explicar la lógica incoherente del populismo.
Por esa razón, las instituciones, expresión de la intersubjetividad, no pueden entenderse desde una única voluntad, sino como el resultado de múltiples subjetividades que las configuran. En este marco, las acciones individuales, determinadas por la libertad de cada sujeto, generan consecuencias imprevistas que escapan a una lógica empírica estructurada. Según Salvat (2014), “la imposibilidad de una constatación empírica directa o indirecta provoca un enrarecimiento de las relaciones sociales, las cuales trascienden la razón individual y dan lugar a una sociedad entendida como la interacción de múltiples voluntades libres” (p. 55).
Esta distinción presenta un alto grado de complejidad y, al mismo tiempo, un profundo sentido de contemporaneidad, en tanto propone otra alternativa para la definición y comprensión del Estado democrático y libre. No obstante, su carácter problemático se manifiesta en el espacio intermedio de las intersubjetividades y de las voluntades libres, anteriormente descritas donde la argumentación populista (de naturaleza mitómana) adquiere fuerza en el momento que emerge un liderazgo carismático que desvirtúa la virtud de la prudencia.
En lugar de orientar su carisma conforme a la racionalidad práctica que exige dicha virtud (entendida en la tradición aristotélica y tomista como la recta razón aplicada a la acción), el líder populista la subvierte, instrumentalizándola para la manipulación emocional y la reducción de los márgenes de libertad dentro del entramado social previamente constituido. De este modo, se configura un círculo vicioso de engaños, sostenido por la ilusión de que “la próxima vez será posible” o por la retórica justificatoria que desplaza la responsabilidad hacia factores externos, como el establecimiento o la estructura misma del Estado.
Tal dinámica erosiona la deliberación racional propia de la democracia liberal y debilita los fundamentos éticos de la administración pública, la cual debería regirse por principios de prudencia, responsabilidad y racionalidad técnica orientados al bien común, antes que por la lógica emocional y prometeica del discurso populista.
El pensamiento de Max Weber en torno a la acción social ha sido fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales y trascendental para el entendimiento de la conducta de los individuos en el poder. Dentro de su teoría, establece una tipología de la acción racional que distingue entre la racionalidad con arreglo a fines (Zweckrationalität) y la acción racional con arreglo a valores (Wertrationalität). La primera hace referencia a una acción en la que los medios y los fines están claramente definidos desde una perspectiva de eficiencia y cálculo racional, mientras que la segunda se basa en principios o creencias que guían la conducta sin necesariamente considerar su eficacia pragmática. Este planteamiento es fundamental para comprender la lógica sociológica de los individuos. El interés de esta investigación se centra en aquellos que ostentan el poder en distintas esferas y que pueden influir en los resultados finales a través de decisiones directas. Este es, en esencia, el núcleo del pensamiento metodológico que busca entender las intenciones humanas en estos escenarios, particularmente en el ámbito político. En este sentido, la Zweckrationalität se convierte en la principal herramienta para obtener resultados basados en el cálculo racional y la eficiencia, ajustándose a cada circunstancia según lo que es más conveniente. Por otra parte, el sistema de valores de la Wertrationalität, en cierto sentido, humaniza los contextos propios de cada individuo, más allá de la racionalidad técnica.
El efecto de estas tipologías de racionalidad cuando se aplican a la política y al ejercicio del poder. ¿Es entonces una justificación válida argumentar que las consecuencias de acciones intencionadas de los políticos, al margen de sus decisiones en la arena pública, deben ser comprendidas a través de la Wertrationalität? ¿O, por el contrario, el precedente de sostenerse en el poder los conduce a usar las virtudes de la Wertrationalität para legitimar sus acciones bajo la apariencia de inevitabilidad?
Procurar responder estas preguntas resulta especialmente complejo en distintos escenarios, considerando el factor emocional intrínseco a las afinidades políticas e ideológicas cuando su propósito consiste en disfrazar o persuadir bajo la apariencia de que dicho acto está plenamente guiado por intenciones valóricas. En estos escenarios, de índole ideológica y política, la acción se reviste de una supuesta orientación hacia el bien, pero en la práctica revela una desviación de su sentido originario: el ejercicio auténtico de la libertad y la pluralidad. En consecuencia, cuando las acciones se justifican mediante la Wertrationalität solo de manera instrumental para legitimar o perpetuar el poder, dejan de constituir una praxis política en sentido arendtiano y se transforman en una forma de manipulación racionalizada del espacio público.
Desde esta perspectiva, las consecuencias no intencionadas juegan un papel central en la justificación política. Si bien a menudo se presentan como efectos colaterales inevitables, en muchos casos son perfectamente previsibles y forman parte de una estrategia racional de poder. La Wertrationalität, al anclarse en valores y principios, puede ser manipulada por líderes populistas para justificar decisiones que, aunque en apariencia respondan a un ideal superior, en realidad están calculadas para la consolidación del poder. Como señala Salvat, “la estructura de valores en la política contemporánea no es neutra, sino que responde a una arquitectura del poder que instrumentaliza la creencia en fines superiores para legitimar su dominio” (Salvat, 2014, p. 55). Lo que deja entrever cómo el carisma del líder se sirve de la Wertrationalität de los individuos, consolidando su proyecto político mayoritariamente irracional.
Considerar escenarios que busquen un equilibrio entre la Zweckrationalität, con su énfasis en el cálculo y la eficiencia, y la Wertrationalität, centrada en principios y valores, podría parecer una solución intuitiva; no obstante, los deseos de poder no siempre comulgan con la inclinación a emplear valores y pasiones de manera genuina, en aras de conservar los principios democráticos. En muchos casos, la permanencia en el poder se logra mediante la manipulación de valores para justificar decisiones políticas y mantener la legitimidad. En este sentido, la Zweckrationalität continúa desempeñando un rol crucial en cualquier forma de gobierno, ya sea político o corporativo, pues contrarresta el uso excesivo y tendencioso a conquistar la Wertrationalität, evitando así posibles derivas totalitarias.
Desde una perspectiva crítica, la primacía determinista del carisma al interior de la Wertrationalität respecto de la política puede generar afrentas o conflictos directos, cuando los resultados de la administración del gobierno al margen de lo social se alejan de la realidad, dado que las decisiones excluyen la consideración de criterios racionales de eficiencia o eficacia y se tornan innegociables por los límites alcanzados desde la perspectiva de los valores. Esto puede dificultar el diálogo democrático y la construcción de consensos, generando una sociedad en la que la política se guía más por convicciones inquebrantables que por soluciones prácticas a los problemas colectivos.
Las determinaciones que asume Salvat sobre estas líneas son, según él, expresión de una dimensión casi enajenada del poder a través de la racionalidad formal, haciendo de sí una relación contemporánea, si se quiere, de amo y esclavo, sin opciones reales de liberarse de ese yugo de dominación. Frente a ello, no estaría de más preguntarse: ¿es la racionalidad formal un mal en sí mismo? ¿La evolución de la humanidad debería considerar como enmienda una opción primitiva? ¿En otras formas de organización económica, ideológica y política, la racionalidad formal realmente desaparecería? O, por último, ¿no es acaso esta misma racionalidad formal la que legitima los derechos sociales de las masas frente a escenarios populistas o demagógicos en la modernidad? A través de la demostración, el conocimiento técnico y la verdad, invito a meditar estas preguntas con criterio.
Asimismo, Pablo Salvat (2014) reconoce la importancia de forjar contrapesos dentro del espectro burocrático, precisamente porque una ampliación hipotética del poder hacia una burocratización completamente estatizada implicaría una grave restricción a la libertad y una homogeneización del poder, con el riesgo de un dominio absoluto del Estado. Aun así, también advierte que resulta ilusorio o altamente improbable lograr un reemplazo total de la racionalidad formal, dado que esta se encuentra materializada tanto en el capitalismo como en la burocracia.
De hecho, siguiendo la tesis weberiana, Salvat muestra cómo una es resultado de la otra: la expansión del capitalismo moderno da lugar a una burocracia racional como forma de gestión eficiente. Eliminar una implicaría, inevitablemente, la desaparición de las condiciones mínimas de libertad. En este sentido, la solución no reside en sustituir uno de los polos por completo, sino en gobernar manteniendo un equilibrio entre ambos tipos de burocracias (pública y privada), preservando así la libertad mediante un sistema de pesos y contrapesos (Salvat, 2014, p. 191). Este orden requiere, de forma ineludible, la participación del técnico en la vida política, como consecuencia de la reconfiguración estructural que impone la modernidad industrializada.
Es allí donde la conquista del momento político de la ciudadanía, es decir, la facultad de elegir hace evidente un sinnúmero de posiciones que, al final, conmutativamente validan la importancia de los principios liberales y, por ende, la importancia de la racionalidad formal inmanente a la democracia. Hay una esquematización determinista que podríamos considerar. Es claro que el carisma no tiene casa, es decir, es una característica del político y líder que no es mala; puede reafirmarse que es una virtud, capaz de persuadir y mover masas, y esa movilización también es inmanente a la política. Por tanto, se puede afirmar que los individuos guardan optimismo acerca de la realidad.
En esta línea, incluso Salvat señala que, cuando se refiere al carisma en relación con el populismo, la democracia (como instrumento de elección de los jefes políticos) pierde su sentido original al desvirtuarse su estructura institucional. Esto ocurre cuando la fe de los electores se traslada directamente a la figura del líder populista. Categóricamente, Salvat afirma que “no es su proyecto político, sino la creencia en su figura personal. Así, las masas abandonan la evaluación racional de sus capacidades, cediendo a la irracionalidad movilizada desde las emociones y los sentimientos” (Salvat, 2014, p. 234); en este contexto, la única herramienta con un sentido de alteridad capaz de ejercer contrapeso y control es la racionalidad formal y práctica, salvaguardando las libertades fundamentales y evitando que la ausencia de un proyecto político concreto, sustituido por narrativas de cohorte mágico, religioso o deísta, termine por destruir a quienes eligieron al líder. Esto se explica, en parte, porque quien pretende el poder no necesariamente busca un emolumento; sus aspiraciones pueden ir más allá. Tal como señala Weber, muchas veces el impulso hacia el poder obedece a la “consecución de fines idealistas o egoístas, al poder por el poder, y al goce del prestigio que este mismo constituye” (Weber, 2015, p. 11).
Con el sentido inmanente, esta investigación ha correlacionado la importancia de la libertad democrática y la incidencia de la tecnocracia como contrapeso del populismo, en esencia discutido en los planteamientos filosóficos, con relación a la pregunta problema número uno (1). En esta sección empírica, a través de un modelo econométrico de efectos fijos, se demostrará la incidencia de este sobre la perspectiva ideológica partidista, con los niveles de significancia respectivos. De la misma forma, se incluye en el modelo un índice continuo que se compone de dimensiones cruciales que se detallarán más adelante.
De esta manera, se pretende responder a la pregunta número dos de la sistematización del problema, planteada nuevamente de la siguiente forma:
¿Reduce el populismo los niveles de libertad en un Estado democrático?
Como acercamiento a lo propuesto hacia la región latinoamericana, se plantea un análisis descriptivo a través del indicador compuesto del Banco Mundial que mide la efectividad del gobierno para Colombia, Chile y Argentina. El criterio de selección de estos tres países responde a las características de los gobiernos de turno, es decir, los periodos presidenciales correspondientes (Chile y Colombia: 2022-2026; Argentina: 2023-2027), vistos como extremos populistas de izquierda y derecha en Colombia y Argentina, respectivamente, y Chile, aunque de izquierda progresista, hace las veces de centro entre los dos países anteriores como más “moderado”. En el marco del periodo actual anteriormente mencionado, se observa un efecto péndulo y, de ello, deriva la posibilidad de ver en consecuencia los resultados de efectividad.)
De tal forma, esto permite ubicar los escenarios de eficiencia de acuerdo con cada administración y con las dinámicas internas de los tres países, entre ellas las reformas constitucionales en Argentina (1994) y en Chile (2005). Estas dinámicas internas son las que hicieron variar el número de periodos presidenciales en cada país, dado que en algunos momentos los mandatos tuvieron una duración más extensa que en otros. Al mismo tiempo, para el periodo comprendido entre 1995 y 2024, Colombia y Argentina presentan ocho (8) periodos presidenciales, mientras que Chile cuenta con seis (6). En este sentido, los carismas de los mandatarios de cada país y sus gestiones prácticas, representadas en la efectividad del gobierno de cara a cada gobierno de turno, constituyen un elemento clave dentro del análisis empírico.
Para este objetivo, se realiza, econométricamente, mediante datos de panel, una estimación de efectos fijos estructurada a partir de bases de datos provenientes de Harvard Dataverse, específicamente la Global Populism Database (GPD) (Hawkins et al., 2019), en adelante GPD. De esta base se seleccionaron dos variables principales: “totalaverage”, que representa un promedio aritmético del grado de populismo, calculado a partir de las evaluaciones de discursos codificados por cada período gubernamental; y “lr”, una variable categórica (dummy) que indica la posición ideológica de los partidos políticos, clasificada de la siguiente manera: -1 = izquierda, 0 = centro, 1 = derecha. Esta codificación se basa en el indicador DALP (Kitschelt, 2013).
Asimismo, se extrajo de la base de datos del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) (Coppedge et. al., 2025; Pemstein et al., 2025) un índice compuesto que mide el grado de democracia liberal, estimado en un intervalo continuo entre 0 y 1. Este índice incorpora dimensiones como las libertades civiles, el estado de derecho, los controles al poder ejecutivo y la calidad electoral, y se denomina, para los fines de la modelación, v2x_libdem.Con esta estructura, se estima el grado promedio de populismo al interior de cada gobierno en función de su categorización ideológica, en conjunto con el nivel de democracia liberal, considerando las condiciones específicas de cada país y período gubernamental. Para la estimación de los efectos fijos, se define la categoría -1 = izquierda como base de referencia; por tanto, las categorías centro y derecha se interpretan en relación con dicha base, explicando las diferencias en el grado de populismo. La estimación controla por efectos fijos a nivel país y por el indicador de democracia liberal.Forma de la ecuación:
Donde:
De acuerdo con los resultados estimados mediante el modelo de efectos fijos, se realizaron pruebas de validación y ajuste que respaldan su elección frente al modelo de efectos aleatorios. En particular, se aplicó el test de Hausman, cuyo resultado fue (𝜒² = 28.32, gl = 3, p < 0.001) lo cual evidencia la existencia de correlación entre los efectos individuales y los regresores, lo cual justifica el uso del modelo de efectos fijos. Adicionalmente, se emplearon errores estándar robustos del tipo Driscoll-Kraay (HC3) con el objetivo de corregir de manera simultánea problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia transversal. Estas condiciones fueron diagnosticadas mediante los tests de Breusch-Godfrey y Wooldridge, ambos con valores p < 0.001, a continuación, su resultado:
El modelo confirma la influencia de las ideologías, categorizadas por posición política (izquierda, centro y derecha), capturadas mediante el factor "lr", controlando la heterogeneidad espuria mediante efectos fijos por país (intrapais) y su variabilidad transversal en el tiempo. Se tomó como categoría de referencia (baseline) la ideología de izquierda en las variables dicotómicas.
Tabla 2: Coeficientes del modelo de efectos fijos (estimación Driscoll-Kraay)
Fuente: Elaboración propia con datos de Hawkins et al. (2019) y Coppedge et al. (2025); Pemstein et al. (2025).
Asimismo, se incluyó el índice de democracia liberal como variable explicativa adicional, para evaluar su efecto sobre el promedio aritmético del nivel de populismo. Es importante aclarar que las variaciones estimadas son de orden marginal; es decir, representan el cambio unitario en la variable dependiente ante una variación de una unidad en las variables independientes, bajo la forma funcional del modelo.
De esta manera, un cambio en el gobierno desde una posición de izquierda hacia una de centro se asocia con una reducción marginal, altamente significativa, de (−0.1173) unidades en el nivel de populismo, manteniendo constantes las demás variables. En otras palabras, los resultados permiten afirmar que, en comparación con la izquierda, las posiciones políticas de centro tienden a ser menos populistas en el contenido de sus discursos.
Por otro lado, en esta misma línea de análisis, cuando se considera la otra categoría ideológica (la derecha), los resultados son relativamente similares, ya que muestran una dirección marginal comparable a la del centro (−0.00142). No obstante, este efecto es evidentemente menos significativo en términos estadísticos, y considerablemente menor cuando se compara con el impacto del centro en la reducción del populismo. Esto sugiere que, aunque los gobiernos de derecha presentan una leve tendencia hacia una menor intensidad populista en su discurso, dicha influencia es marginal y menos consistente en comparación con la observada en gobiernos de centro.
Es importante destacar el carácter estructural o sistemático del modelo de efectos fijos, y que las correlaciones anteriores se evalúan en contextos de cambio dentro del país y en periodos de fin de mandato, donde se pueden dar relevos ideológicos en el gobierno, sea presidencialista o parlamentario (presidente o primer ministro). Esto es aclaratorio para la variable dependiente, que evalúa el nivel de populismo.
Por último, el índice de calidad democrática como variable es altamente significativo, con resultados claros y determinantes. Es importante destacar que esta variable es continua, escalada entre 0 y 1. En la evaluación marginal respecto del populismo, se muestra que, en un escenario de alta calidad democrática -es decir, donde el índice se acerca a 1-, el impacto sobre el grado de populismo es negativo; es decir, disminuye. Según los resultados, el coeficiente es de −1.5558, lo que representa una reducción altamente considerable.
Apareciendo de esta manera la importancia generalizada de la libertad democrática, no es menor dejar de lado la composición del índice, la cual es de valor incisivo para comprender el alcance de los resultados. Este indicador conceptualiza la democracia liberal, incluyendo la importancia de los derechos individuales, la limitación del ejecutivo representada en los contrapesos, la garantía de los derechos civiles, el respeto por el Estado de derecho, la ramificación de los poderes entre ellos el judicial y su independencia y el respeto hacia este compromiso. Desde luego, también comprende la realidad de una verdadera democracia electoral (Coppedge et al., 2025).
Como parte del análisis anterior, se incorpora el indicador compuesto del Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, basado en seis dimensiones clave, entre ellas la “Efectividad del Gobierno”. Este se mide en un intervalo de -2,5 a 2,5, donde el valor negativo representa baja efectividad y el positivo, alta. Dado el respaldo técnico y la percepción global que sustenta su medición, este indicador es pertinente para la metodología cuantitativa aquí expuesta. Se analizan los datos de Chile, Colombia y Argentina entre 1996 y 2023, para observar variaciones agregadas en la calidad de los servicios públicos, formulación e implementación de políticas, credibilidad del gobierno y, especialmente, la independencia frente a presiones políticas (Kaufmann & Kraay, 2024), aspecto clave para comprender el hacer científico en la administración pública. A continuación, las variaciones del indicador para los países latinoamericanos seleccionados:
Nota. Elaboración propia con datos de Worldwide Governance Indicators. (Kaufmann y Kraay 2024).
Es evidente la diferencia que Chile marca respecto a Argentina (país vecino) y Colombia, tres países con claras divergencias en la administración y el manejo de los componentes económicos, políticos, sociales y estructurales del Estado. En este sentido, Chile ha desarrollado, desde la década de 1980, medidas determinantes para la modernización estructural de su aparato administrativo público y burocrático, con el objetivo de lograr una mejor gestión institucional.
Este proceso se ha caracterizado por una conexión latente con la realidad y las opiniones de los ciudadanos, enfocándose en responder a sus necesidades con un propósito claro: la efectividad. Se realizaron amplios esfuerzos, incluso con rigurosidad conceptual, orientados a definir con precisión el rumbo de las reformas emprendidas en aquella década. Estas reformas se alinearon con la corriente de la Nueva Gestión Pública (NGP).
Sin embargo, el país alcanzó su preponderancia y efectividad principalmente gracias al liderazgo directo de quienes dirigían las entidades públicas y a la necesidad de ofrecer un servicio de excelencia. A esto se sumó la incorporación de mecanismos de evaluación y mejora continua de los procesos internos de cada institución, con un sentido cultural organizacional que trascendió lo político. Esta visión misional eficiente logró atraer a cada uno de los servidores públicos hacia un compromiso con la calidad y la eficiencia institucional (Olavarría, 2010).
Esto se refleja claramente en las series de tiempo disponibles: ya para 1995, Chile mostraba resultados sobresalientes con un valor de 1.5. En comparación, las cifras de Argentina y Colombia evidencian un rezago considerable. El valor más alto alcanzado por Argentina en los últimos 28 años fue de 0.33 en 1998, mientras que Colombia apenas llegó a 0.05 en 2013. Los valores más bajos registrados fueron de 0.49 en Colombia (2002) y de -0.38 en Argentina (2023), lo que evidencia una brecha persistente en términos de efectividad institucional.
No obstante, en el caso chileno también se ha registrado una caída significativa en los últimos años. Desde 2013, cuando alcanzó un valor de 1.16, ha experimentado una disminución constante hasta llegar a 0.55, la cifra más baja en los últimos 27 años. Este descenso debe ser observado con atención, ya que podría indicar tensiones o debilidades emergentes en la capacidad institucional del país.
La secuencia del análisis se delimita ahora a los años correspondientes a 2022 y 2023 como margen más reciente, que marca la coyuntura para evaluar la efectividad de dichos gobiernos y sus correspondientes variaciones.
Tabla 3. Efectividad del Gobierno
Nota. Elaboración propia con datos de Worldwide Governance Indicators. (Kaufmann y Kraay 2024)
De acuerdo con la tabla categorizada específicamente para los tres países en cuestión de este análisis, enmarcado en el tiempo de los gobiernos de turno para Chile, Argentina y En el caso de Colombia, y en concordancia con la disponibilidad temporal de los datos correspondientes al último período de gobierno considerado para cada uno de los tres países, se cuenta con información desde 2022 hasta 2023, los cuales constituyen los registros más recientes
Durante el período 2022-2023, Argentina registró una caída en su nivel de gobernanza, con valores negativos que reflejan un desempeño relativamente bajo dentro del rango general del indicador. El percentil correspondiente disminuyó en 5.19 puntos porcentuales, pasando del 41.51 % al 36.32 %.
En Colombia, la gobernanza también mostró un deterioro leve: el valor del índice descendió de 0.01 a -0.08, acompañado por una reducción en el percentil de 52.83 % a 48.11 %, lo que evidencia una menor efectividad gubernamental.
Por el contrario, Chile exhibió una tendencia positiva, con un aumento sostenido en su índice de gobernanza (de 0.55 a 0.72) y una mejora en el percentil de 69.34 % a 75.94 %.
En conjunto, los resultados confirman que, mientras Argentina y Colombia presentan una trayectoria descendente en la efectividad gubernamental, Chile muestra un fortalecimiento sostenido, lo que evidencia divergencias claras en el desempeño institucional reciente entre los tres países.
Esta investigación se centró en analizar, desde la filosofía política y la demostración empírica, a través de un modelo de efectos fijos, que acompañado de las teorías de Daniel Bell en términos conceptuales alrededor de la tecnocracia y la evolución postindustrial, detalla los avances tecnológicos y la profesionalización de la mano de obra, que generan una transferencia la cual influye en la complejidad de las decisiones sociales y en sus principios axiales, dando lugar a la participación emergente de los técnicos en el poder como tomadores de decisión en lo público.
Esta participación se inscribe en lo político debido a la preponderancia de la composición neoestructural que no es inherente al rol del Estado. Asimismo, se considera la importancia y la legitimidad del poder y su influencia en la concreción de los hechos políticos y sociales, en articulación con la responsabilidad de quienes son elegidos a través del sistema democrático libre, al margen de una administración meramente eficiente y de la construcción de valores que son frecuentes en la vida pública.
Por esta razón, el análisis se fundamenta en una argumentación teórica basada en los tipos de racionalidad propuestos por Max Weber, con especial atención en la racionalidad con arreglo a fines o instrumental, y la racionalidad con arreglo a valores. Es en este último tipo de racionalidad donde se discute la naturaleza instrumental del líder populista, dados los componentes a través de los cuales puede hacer frente de forma inconsistente, mediante una retórica no contrastada con hechos, construyendo figuras con tendencia a la deidad, basadas en la fe forjada por el carisma dispuesto para esa finalidad.
De esta manera, se discutió con rigor el rol de la cultura en el sistema capitalista y cómo se aproxima a un límite ético el manejo de las masas mediante la retórica posicionada en el escenario populista. De forma que la validación de la racionalidad con arreglo a fines, o racionalidad formal, termina articulándose en el presente como una forma de alteridad, como un contrapeso respecto a este fenómeno, con orientación al cumplimiento y a la salvaguarda de los derechos individuales con base en la estructura del Estado y sus prerrogativas. Estas incluyen la protección de los derechos políticos, sociales y humanos, y la prevención de tendencias totalitarias cuando se produce una aleación entre el discurso y la sobrelimitación de los poderes que mengua la libertad al interior de los sistemas democráticos.Esto ha quedado evidenciado en los resultados econométricos del modelo de efectos fijos, en sus configuraciones categóricas y niveles de libertad.
Desde el punto de vista empírico, el estudio se sustentó en una estimación de panel con efectos fijos utilizando información proveniente del Global Populism Database (GPD) (Hawkins et al., 2019) y del Varieties of Democracy (V-Dem) (Coppedge et al., 2025; Pemstein et al., 2025). Se seleccionaron dos variables principales: la primera, Total Average, representa el promedio aritmético del populismo en cada gobierno; la segunda, una variable categórica (lr), identifica la orientación ideológica de los partidos (−1 izquierda, 0 centro, 1 derecha). Adicionalmente, se incorporó el índice v2x_libdem, que mide el grado de democracia liberal en un rango continuo de 0 a 1, abarcando dimensiones como libertades civiles, control del ejecutivo, independencia judicial y calidad electoral.
En términos sustantivos, el cambio ideológico desde gobiernos de izquierda hacia gobiernos de centro se asocia con una reducción promedio de 0.117 unidades en el nivel de populismo (p < 0.001), mientras que el tránsito hacia gobiernos de derecha muestra un efecto menor pero estadísticamente significativo de −0.014 (p < 0.01). Estos resultados confirman que las posiciones de centro tienden a ser menos populistas en comparación con las de izquierda o derecha, manteniendo controladas las condiciones estructurales de cada país.
La variable democracia liberal mostró un efecto altamente significativo y negativo (−1.5558; p < 0.001), lo que permite afirmar que a mayor calidad democrática, menor populismo. En contextos institucionales más sólidos, caracterizados por libertades civiles, contrapesos efectivos y Estado de derecho, el discurso populista pierde intensidad. Esto respalda la hipótesis central de que la fortaleza institucional y la consolidación democrática son elementos mitigadores del populismo político.
De manera complementaria, el análisis descriptivo con el indicador de Efectividad del Gobierno del Worldwide Governance Indicators (Banco Mundial) refuerza la interpretación empírica. Entre 1995 y 2023, los resultados muestran una clara divergencia entre los tres países analizados. Chile presenta un desempeño consistentemente superior en efectividad gubernamental, alcanzando valores de 0.55 en 2022 y 0.72 en 2023, lo que equivale a un percentil de gobernanza del 75.94 %. En contraste, Colombia registra valores de 0.01 en 2022 y −0.08 en 2023, con un descenso en su percentil del 52.83 % al 48.11 %. Argentina, por su parte, presenta los resultados más bajos, con −0.28 en 2022 y −0.38 en 2023, y una caída en su percentil de 41.51 % a 36.32 %.
Estos resultados permiten sostener que, mientras Chile evidencia un fortalecimiento sostenido en su efectividad institucional, Argentina y Colombia presentan trayectorias descendentes en los niveles de gobernanza. Las diferencias observadas reflejan tanto las capacidades administrativas como la estabilidad de los marcos institucionales, factores que inciden directamente en la efectividad del gobierno y, de manera indirecta, en la propensión al populismo.
En conjunto, la evidencia teórica y empírica sugiere que la efectividad gubernamental y la calidad democrática operan como contrapesos estructurales frente al avance del populismo en América Latina. La racionalidad formal, en términos weberianos, se manifiesta como un principio de orden institucional que limita la expansión del discurso demagógico, fortaleciendo el equilibrio entre libertad política, responsabilidad administrativa y legitimidad democrática.