Revista Científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas - UNNE, Vol. 4 Núm. 2, 2025. E-ISSN 2953-4232
ttps://doi.org/10.30972/rcd.428941
Artículo Científico

Gobernanza y derecho a la ciencia en el sistema público de investigación de la Argentina: un análisis del sistema de becas del CONICET (1983-2024)

Governance and the right to science in Argentina's public research system: an analysis of the CONICET scholarship system (1983-2024)

Fernando Svampa1,c1ORCID iD

Daniel Natapof1,c2ORCID iD

Gastón Federico Montesino1,c3ORCID iD

1Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE), Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

c1fsvampa@unrn.edu.ar

c2dnatapof@unrn.edu.ar

c3gmontesino@unrn.edu.ar

Recepción: 31 de octubre de 2025

Aceptación: 2 de diciembre de 2025

Resumen
Este artículo analiza la relación entre la gobernanza y el derecho a la ciencia en el sistema público de investigación de Argentina, centrándose en los cambios del sistema de becas del CONICET entre 1983 y 2024. La pregunta problema que orienta el trabajo es: ¿De qué manera los procesos de gobernanza en el CONICET han promovido o limitado el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia, especialmente a través de las políticas de becas como instrumento de formación de recursos humanos? El análisis histórico y conceptual constituye la metodología del estudio, contrastando los cambios institucionales y las políticas implementadas en cada período. El artículo sostiene que, a pesar de la expansión cuantitativa del sistema de becas (notable entre 2003 y 2017), persisten vulneraciones estructurales. La principal de ellas reside en la precarización laboral: la figura del estipendio niega los derechos laborales básicos (aguinaldo, aportes), lo que viola la noción de interdependencia de los derechos humanos. Otras tensiones incluyen la restricción de la autonomía intelectual por los amplios grados de discrecionalidad en relación a la autoridad del director y la ausencia de representación de los becarios en el funcionamiento y diseño del instrumento en el CONICET.

Palabras clave: Gobernanza; Derecho a la ciencia; Sistema de becas; CONICET; Política científica

Abstract
This article analyzes the relationship between governance and the right to science in Argentina's public research system, focusing on changes to the CONICET scholarship system between 1983 and 2024. The central research question is: How have governance processes at CONICET promoted or limited the effective exercise of the right to science, particularly through scholarship policies as a tool for human resource development? Historical and conceptual analysis constitutes the study's methodology, contrasting institutional changes and policies implemented in each period. The article argues that, despite the quantitative expansion of the scholarship system (notable between 2003 and 2017), structural violations persist. The most significant of these lies in job insecurity: the stipend system denies basic labor rights (such as bonuses and social security contributions), thus violating the notion of the interdependence of human rights. Other tensions include the restriction of intellectual autonomy due to the broad degrees of discretion in relation to the director's authority and the lack of representation of fellows in the functioning and design of the instrument at CONICET.

Keywords: Governance; Right to science; Scholarship system; CONICET; Science policy

Introducción

El sistema público de investigación en la Argentina, y particularmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ha experimentado transformaciones en sus formas de gobernanza desde el retorno democrático hasta la actualidad. En este contexto, el sistema de becas del CONICET constituye una problemática relevante para analizar cómo los cambios institucionales y las políticas de Estado impactan en el ejercicio del derecho a la ciencia.

El problema que orienta este trabajo se centra en comprender de qué manera los procesos de gobernanza en el CONICET entre 1983 y 2024 han promovido o limitado el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia. En particular, se interroga cómo las políticas de becas, en tanto instrumento de formación de recursos humanos, han articulado (o tensionado) las dimensiones de acceso, participación, autonomía y condiciones laborales de los becarios.

El artículo sostiene que, a pesar de la expansión cuantitativa del sistema de becas (especialmente entre 2003 y 2016), persisten vulneraciones estructurales que afectan la libertad de investigación, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de las trayectorias científicas. Estas tensiones responden no sólo a factores coyunturales de financiamiento, sino a valores y prácticas profundamente arraigados en la cultura académica ligados a la búsqueda de recompensas, prestigio e intereses meritocráticos que son aspectos estructurales del sistema público de investigación.

El texto se organiza en cuatro secciones. La primera corresponde a la presente introducción. En la segunda sección se desarrolla el marco teórico y abordaje conceptual, articulando los conceptos de gobernanza, derecho a la ciencia e instrumentos de política científica. La tercera sección ofrece un análisis histórico del sistema de becas del CONICET (1983-2024), destacando los principales cambios institucionales y las políticas implementadas en cada período. La cuarta sección propone una lectura integrada del sistema de becas desde el derecho a la ciencia, identificando los mecanismos de vulneración en sus dimensiones sustantiva, participativa y laboral. Finalmente, la quinta sección ofrece una reflexión, orientada a repensar la gobernanza del sistema científico desde una perspectiva de derechos humanos.

Procesos de gobernanza, derecho a la ciencia y sistema de becas

El interés por investigar la gobernanza de las instituciones científicas y los cambios en su gobernabilidad ha ido en constante expansión dentro de la literatura de los estudios sociales de la ciencia, reflejando la creciente comprensión de la estrecha relación entre la ciencia y las políticas públicas. Los principales cambios en la organización de la ciencia desde la década de 1970 se vinculan con transformaciones de gran alcance tanto en el plano político y cultural como en las dinámicas de desarrollo de los sistemas de producción de conocimiento. Según Whitley (2012), los sistemas públicos de investigación están conformados por un conjunto diverso de instituciones dedicadas a promover y ejecutar actividades científicas y tecnológicas. Entre ellas, se destacan los Consejos de Investigación, que disponen de herramientas para la promoción y ejecución de actividades científicas. El CONICET, en Argentina, es un claro ejemplo que cuenta con una estructura que incluye carreras científicas, institutos y un sistema de becas para la formación de recursos humanos altamente calificados. En el presente trabajo, la gobernanza constituye una categoría analítica útil para explicar la complejidad de los patrones de acción colectiva a partir de la identificación de los sistemas de reglas y modos de funcionamiento (Muñoz, 2005). Estos sistemas de reglas y funcionamiento pueden identificarse en las siguientes dimensiones: i) participación en los beneficios de la ciencia; interdependencia y coordinación entre actores; ii) dinámicas de autoridad (formal/informal) y de autonomía (relativa); ii) instrumentos de financiamiento. En paralelo, el derecho a la ciencia se constituye como un marco normativo y ético que aporta densidad social a los procesos de gobernanza en el ámbito de las políticas científicas 1. Su contenido abarca tanto dimensiones sustantivas (el acceso universal y no discriminatorio a los beneficios de la ciencia), como dimensiones instrumentales, que incluyen la libertad de investigación, la posibilidad de contribuir a la actividad científica, la participación en la toma de decisiones y la existencia de un entorno institucional propicio para la investigación y la difusión del conocimiento (CDESC, 2020) 2. En este sentido, el sistema de becas científicas puede leerse como un mecanismo institucional que articula el derecho a la ciencia con las políticas de formación y promoción del conocimiento. Por un lado, las becas constituyen un canal de acceso a la investigación y a la producción de saberes, habilitando a nuevas generaciones a ejercer la libertad de investigación y a contribuir a la actividad científica. Pero, al mismo tiempo, sus dinámicas de funcionamiento (atravesadas por procesos meritocráticos, jerárquicos y, en ocasiones, precarizados) muestran los límites estructurales que tensionan el ejercicio pleno de este derecho, al restringir la autonomía, la estabilidad y la igualdad de oportunidades en el desarrollo de carreras científicas.

Tabla 1. Gobernanza, derecho a la ciencia y sistemas de becas.

Nota. Elaboración propia.

En esta categorización, la oferta de becas públicas para estudios de posgrado constituye una política situada en la intersección de la educación superior y el campo de la ciencia y la tecnología (Busto Tarelli, 2010). Una beca de posgrado en el sentido estricto consiste en un pago mensual, que CONICET denomina estipendio, destinado a la formación académica de los becarios y que, en teoría, permite cubrir los costos de estudio y de manutención, de manera que el becario se pueda dedicar exclusivamente al estudio y a su formación. La inversión estatal en la formación de recursos humanos altamente calificados impacta tanto en el sistema de posgrados (que organiza la oferta formativa) como en el sistema científico-tecnológico, que demanda dichos profesionales. Esta interconexión no se limita al ámbito de las becas: en la práctica, ninguna política pública funciona como un compartimiento estanco, ya que las acciones en un área repercuten sobre otras y, a su vez, son influenciadas por ellas, aunque con diferentes niveles de incidencia.

La estrategia metodológica empleada para el trabajo se caracterizó por un enfoque cualitativo que implicó la recolección de información por medio de entrevistas en profundidad no estandarizadas a miembros de la dirección (ex miembros del Directorio y ex presidentes durante el periodo 1983-2008), de la gestión de la investigación (directores de institutos entre 2008-2015), investigadores de CIC, becarios de nivel doctoral y posdoctoral del CONICET (entre 2023-2024) 3.

Tabla 2. Documentos referidos a sistemas de becas (1984-2021)

Nota. Elaboración propia.

A lo largo de los diferentes períodos abordados este trabajo, el procesamiento de las resoluciones de las temáticas que forman parte de la historia del CONICET contribuyen al análisis de las dimensiones y atributos de la gobernanza del CONICET. Para el análisis histórico-institucional del sistema de becas del CONICET se adoptó un criterio combinando relevancia normativa, continuidad temporal y pertinencia temática como figuran según mayor relevancia en la tabla N° 2. En primer lugar, se seleccionaron fuentes institucionales primarias del propio CONICET -actas del Directorio, resoluciones presidenciales y de Directorio, memorias institucionales y documentos de gestión- con el fin de reconstruir las transformaciones normativas y organizacionales que incidieron directamente en el sistema de becas. La selección de estas fuentes se basó en tres criterios: i) incidencia normativa (documentos que introducen cambios en la estructura, evaluación o administración del sistema de becas); ii) alcance institucional (normativas que afectan a los instrumentos de formación, tales como becas internas, becas externas, becas de doctorado y posdoctorado); y iii) coherencia temporal (documentos que cubren la serie histórica 1983-2024). La periodización adoptada se sustentó en quiebres en los procesos de gobernanza identificados en la historia institucional.

Gobernanza académica normativista y sistema de becas (1983-1989)

En la Argentina, el CONICET ha sido central en la ejecución de políticas de financiamiento orientadas a la formación de recursos humanos de nivel doctoral y en diversas áreas del conocimiento4. En particular, desde su creación en 1958, incorporó el sistema de becas como una herramienta de formación de investigadores. Este instrumento atravesó distintas transformaciones a lo largo de diversos períodos históricos y configuraciones de gobernanza. En este marco, las becas se consolidaron como mecanismos de fortalecimiento de capacidades científicas, aunque fuertemente enmarcadas en lógicas meritocráticas y académicas. Esto implica que las trayectorias de los/as becarios/as se desarrollan en programas de formación (doctorados, maestrías y especializaciones), en actividades de investigación y en la gestión de proyectos, orientados a metas intelectuales definidas y controladas tanto por las élites científicas como por los parámetros estandarizados de los campos disciplinarios (Whitley, 2012). Cabe señalar que, en tanto herramienta de formación de recursos humanos, las becas no solo promueven prácticas de trabajo, sistemas simbólicos y valores compartidos, sino también mecanismos de comunicación de resultados y dinámicas jerárquicas entre agentes con roles y estatus diferenciados (según dirección y nivel de beca). Estas dinámicas establecen diferentes grados de autonomía y autoridad, junto con procedimientos de trabajo estandarizados y control sobre la producción y certificación científica. En este sentido, las becas funcionan como instancias de control, dirección y evaluación del trabajo científico. Sin embargo, este instrumento también ha estado atravesado por procesos de precarización, marginación e invisibilización dentro del campo científico. De hecho, si bien las modificaciones en el sistema de becas en la Argentina durante la década del ochenta y noventa se adaptaron a los procesos de modernización institucional, no lograron superar las inequidades persistentes ni las formas de trabajo precarizadas, limitando el ejercicio de la autonomía y la autoridad científica por parte de los miembros de becas.

Durante la gestión de Carlos Abeledo en la presidencia del CONICET (1983-1989) con el retorno de la democracia, se realizó una revisión de la política de ingreso de becarios en el marco del interés general por normalizar el funcionamiento institucional y las oportunidades de acceso a la formación de posgrado y la investigación científica. Durante la última dictadura cívico-militar5, la política de ejecución del CONICET se caracterizaba por una marcada discriminación ideológico-científica, influencias personales y una valoración excesiva de los antecedentes formales. En relación con las becas, el nuevo Directorio del CONICET, a partir de 1985, redirigió los mecanismos de asignación de recursos, por medio de la adopción de un sistema de concursos competitivos para su otorgamiento. Un aspecto relevante del sistema de becas de posgrado a partir de 1983, fue la relevancia de la calidad (que se ponía de manifiesto en el proyecto presentado) de los planes de trabajo de los postulantes a beca. Así, los proyectos de los becarios, comenzaron a evaluarse teniendo en cuenta su nivel científico, la relevancia temática, la creatividad en los planteos y enfoques, con propósitos claros y objetivos evaluables.

Figura 1. Evolución de la dotación de becarios CONICET (1983-1989). En valores absolutos.*

Nota.* Sumatoria de becarios internos y externos en diferentes categorías. Elaboración propia a partir de datos provistos por CONICET (1989).

Entre 1983 y 1989, la dotación de becarios doctorales del CONICET muestra una tendencia general de crecimiento, aunque con fluctuaciones hacia el final del período. El número de becarios pasó de 1763 en 1983 a 2214 en 1989, lo que implica un incremento total del 25,6% en seis años. Durante los primeros años (1983-1986) se observa una expansión sostenida, con tasas anuales positivas que alcanzan su punto máximo en 1986 (+19,2%). Este crecimiento refleja un proceso de fortalecimiento del sistema de formación científica, posiblemente vinculado con la recuperación institucional y la ampliación de las políticas de becas durante el retorno democrático. Sin embargo, a partir de 1987 la tendencia cambia: tras alcanzar su pico máximo de 2478 becarios, se produce una reducción gradual en 1988 y 1989 (-5,4% y -5,6%, respectivamente). Esta disminución podría interpretarse como un efecto de ajustes presupuestarios o reorganización administrativa, que moderaron el ritmo expansivo previo. En resumen, entre 1980 y 1989 el sistema de becas internas del CONICET experimentó una fuerte expansión en cantidad y una mayor diversificación en sus trayectorias formativas en el marco de los procesos de normalización de funciones. En relación al objetivo de formación de recursos humanos en investigación propuestos por la nueva gestión del CONICET se planteó para 1987 los siguientes cambios en el sistema de becas: i) creación de la categoría beca de doctorado con una duración máxima de cinco años; ii) modificación de la beca de pre-iniciación, con una reducción a un año para poder acceder a una beca de iniciación (que en comparación a 1986 disminuyeron 9,15 pp.). De esta manera el programa de becas se reorganizó de la siguiente forma: i) becas de nivel cuaternario (becas de pre-iniciación; becas de iniciación; becas de perfeccionamiento); becas de doctorado; becas de formación superior y ii) becas postdoctorales (becas internas postdoctorales; becas industriales; becas de investigador formado).

Gobernanza académica reformista y sistema de becas (1989-2003)

En los años noventa, al interior de los dos mandatos presidenciales de Menem, es posible identificar diferentes procesos de gobernanza y gobernabilidad en el CONICET en dos momentos institucionales contradictorios. La primera desde 1989 hasta 1995, que puede ser caracterizada como de gobernanza académica corporativa, período en el cual las acciones de la administración de gobierno del CONICET tuvieron el carácter de una reacción tradicionalista (Albornoz y Gordon, 2011; Del Bello, 2007), marcada por el nombramiento de funcionarios vinculados con la dictadura cívico-militar que buscaron deshacer los cambios impulsados por el gobierno radical en el Consejo. La segunda etapa desarrollada entre 1996 y 2002, comprende el proceso de modernización tecnocrática-burocrática (Albornoz y Gordon, 2011) o de reforma y democratización del CONICET (Del Bello et al., 2007), bajo un tipo de gobernanza académica reformista (Svampa y Aguiar, 2022) que se destacó no tan solo por la intervención y reforma del CONICET, sino por el reordenamiento del sistema público de investigación a nivel nacional.

Figura 2. Evolución de la dotación de becarios CONICET (1990-2003). En valores absolutos.

Nota. *Sumatoria total de becarios doctorales y posdoctorales. Elaboración propia a partir de CONICET (2006), acta n°16 del Directorio del CONICET (24/11/1997), acta n° 48 del Directorio del CONICET (8/06/1994).

El análisis de la dotación de becarios doctorales y postdoctorales del CONICET entre 1990 y 2003 permite observar una tendencia general de estancamiento con leves oscilaciones a lo largo del período, seguida de un repunte significativo hacia el final del mismo. Durante la primera mitad de la década de 1990, el número de becarios se mantuvo en torno a los 1900 casos, con porcentajes cercanos al 7% del total del período, evidenciando una cierta continuidad en el bajo crecimiento de becarios. Sin embargo, entre 1996 y 1999 se advierte una caída sostenida en la cantidad de becarios, que alcanza su punto más bajo en 1998 (1766 becarios, 6,4%), reflejando posiblemente las restricciones presupuestarias y las dificultades institucionales de fines de la década. A partir del año 2000, el sistema muestra signos de recuperación, con un crecimiento gradual que se acentúa en 2003, año en que se registran 2378 becarios (8,7%), el valor más alto de toda la serie.

Cabe remarcar que, en 1997, desde el Directorio y la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET empezó a discutirse sobre la necesidad de intervenir en la gestión y distribución de becas mediante la apertura de concursos a la carrera de investigador y la eliminación de becarios con largos períodos de beca sin carrera abierta. Así también, la creación de nuevas categorías de becas (doctorales y postdoctorales) y la revisión del reglamento de becas sugirieron un esfuerzo por establecer políticas y normativas con mayor claridad para la asignación de recursos. La mención de becas prorrogadas, becas de perfección y prórrogas sugería cierta complejidad burocrática en la gestión de becas a fines de los noventa. El proceso de emprolijar y trabajar en el reglamento de becas reflejó una necesidad de simplificar y ordenar los procedimientos administrativos para una mejor gobernabilidad. De esta manera, la necesidad percibida de cambiar el sistema de becas para permitir a los becarios realizar doctorados sugiere una atención a las metas académicas y la importancia de fomentar la formación avanzada y la investigación de alto nivel por parte de las gerencias y el Directorio del CONICET. Sería el 29 de octubre de 1997 cuando el Directorio por medio del acta N° 13 introduce cambios en el reglamento de becas en base al artículo N° 25 del Decreto N° 1.661/96, en lo que atañe a los criterios de admisión, permanencia y de valoración de becarios. Para ello se reemplazaron los reglamentos vigentes hasta ese momento que involucraban tanto las becas internas como externas. Así, se fortaleció el concepto de beca como una ayuda a la formación de posgrado (por cinco años) a nivel doctoral y posdoctoral (por dos años).

Gobernanza académica vinculativa y sistema de becas (2003-2024)

Una novedad importante introducida durante el período 2003-2008 fue la política de promoción de los recursos humanos, una decisión política que se diferenció notablemente de las implementadas durante el menemismo. Aunque esta política de recursos humanos se extendió en diferentes sectores del Estado nacional, En el área de CyT, cobró visibilidad en el CONICET, a partir del incremento de ingresantes a CIC, CPA y becas doctorales y posdoctoral; como así también la política de repatriación de científicos por medio del CONICET y del Programa Raíces (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el exterior). Esto último estaba reglado por el presupuesto anual aprobado y el hecho de contar con un Programa Estratégico aprobado, que permitió disponer de excedentes presupuestarios en el rubro sueldos y su distribución como bonificación a investigadores y al personal de apoyo. El plan establecía la meta de mantener, para el periodo 2006 y los años subsiguientes (hasta 2015), la asignación de 1.500 nuevas becas de investigación del CONICET, principalmente para programas de doctorado. También propuso la meta de incorporar 500 nuevos investigadores por año a la CIC. Este instrumento fijó las bases para que el CONICET iniciara una fase de recuperación de su cuerpo de becarios e investigadores, aunque el aumento presupuestario no se correspondió proporcionalmente con el esfuerzo planteado (CONICET, 2022).

Figura 3. Evolución de la dotación de becarios CONICET (2003-2024). En valores absolutos.

Nota. * Sumatoria total de becarios doctorales y posdoctorales. Elaboración propia a partir de informes de gestión CONICET

La evolución de la dotación de becarios/as del CONICET entre 2003 y 2024 ilustra las fluctuaciones en la política de recursos humanos del organismo a lo largo de este período. En el año 2003, existían 2.378 becarios y desde ahí, comenzó un proceso de crecimiento sostenido a partir de 2004. El incremento inicial de 2003 a 2004, de 2.378 a 3.023, representó una tasa de crecimiento del 27,1%, reflejando el impacto de la política de promoción de recursos humanos y el objetivo de revertir la fuga de investigadores de años anteriores. Este crecimiento se intensificó bajo el impulso de un Plan Estratégico que preveía la asignación de 1.500 nuevas becas de investigación por año, lo que llevó a la dotación a superar la marca de los 10.000 becarios en 2015 (10.089). En el periodo de crecimiento más acelerado, entre 2005 y 2015, el incremento neto de becarios fue de 114,0% (de 4.716 a 10.089). La fase de expansión alcanzó su punto culminante en 2017, registrando el máximo histórico con 11.385 becarios. Considerando todo el período de expansión, entre 2003 y 2017, la dotación creció un 378,8%. Sin embargo, a partir de 2018, la tendencia de crecimiento se detuvo, observándose una primera contracción. Si bien la dotación mostró un repunte transitorio en 2021 (11.837), acercándose al pico anterior, a partir de ese año se inició una tendencia decreciente. En el tramo final, entre 2021 y 2024, la dotación cayó de 11.837 a 10.302 becarios, lo que representa una contracción del 9,7% en apenas tres años. Este valor de 2024 resulta ser el más bajo registrado desde 2016, señalando un cambio en las prioridades o las posibilidades de inversión en la formación de capital humano.

En este marco, cabe remarcar que, a partir de 2010, se iniciaron cambios en el diseño de las convocatorias a becas (paralelamente en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico -CICyT- del CONICET) con el fin de incorporar objetivos de política científica que trascendieran la tradicional financiación de proyectos y la formación doctoral bajo criterios exclusivos de calidad. Este período marcó la emergencia de un tipo de política científica orientada a incidir en el contenido de las investigaciones. Si bien, inicialmente estos cambios se reflejaron más en el diseño de las convocatorias que en sus resultados, el objetivo era impulsar la emergencia de temas estratégicos que demandaban la adaptación de las propuestas de trabajo de becarios/as e investigadores a las áreas prioritarias. Como resultado, a partir de 2012, el CONICET comenzó a implementar formalmente modalidades orientadas de becas de doctorado y posdoctorado (medida que también se replicó en los ingresos a la CICyT).

A partir de 2012, tanto las convocatorias a becas (doctorales y posdoctorales) como los llamados a CICyT se estructuraron en torno a dos modalidades centrales: Temas Generales y Temas Estratégicos. La modalidad de Temas Generales mantuvo los criterios de elegibilidad centrados fundamentalmente en el mérito académico del postulante y la calidad de su proyecto, tal como habían sido definidos durante el período 1983-2011 (a pesar de los cambios en el tipo de modalidad de beca). En contraste, la modalidad de Temas Estratégicos que aparece en las convocatorias a partir del 2012, añade una exigencia adicional: el postulante debía cumplir con un contenido temático específico en la investigación propuesta, según un listado de áreas prioritarias y vacantes estratégicas definidas por el CONICET al momento de la apertura de la convocatoria6.

El sistema de becas del CONICET experimentó un cambio significativo entre 1983 y 2022, transitando de un modelo basado en categorías de formación a uno diversificado por tipo de convocatoria. Inicialmente (1983-1996), el organismo ofrecía un conjunto amplio de categorías para la formación en Temas Generales, incluyendo Becas de Doctorado, Posdoctorales, Preiniciación, Actualización e Industriales. A partir de 1996, esta estructura se simplificó, manteniendo únicamente las categorías amplias de Becas Doctorales y Posdoctorales. Durante el periodo de 1996 a 2011, se introdujeron las becas co-financiadas (con participación de empresas, organismos públicos o universidades), así como las de Áreas de Vacancia Temática (prioridad en quince áreas definidas por la Secretaría de CyT) y Áreas de Vacancia Geográfica, estas últimas destinadas a provincias con baja inserción científica para promover la distribución territorial de recursos. La fase subsiguiente (2012-2015) consolidó la política orientada con la creación de la modalidad Temas Estratégicos y las becas con lugar de trabajo en las universidades nacionales. Finalmente, el periodo 2016-2022 introdujo una mayor alineación con la gestión de proyectos y la trayectoria académica, sumando las becas de Finalización de Doctorado (para doctorados avanzados sin beca previa de CONICET) y las becas asociadas a la ejecución de proyectos, tales como Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) y Unidad Ejecutora. A lo largo de todas estas fases de diversificación, se mantuvieron vigentes las líneas de Temas Estratégicos, Co-financiadas y Temas Generales.

La construcción del derecho a la ciencia en el sistema de becas CONICET

La pregunta que ha orientado este trabajo gira en torno a cómo los cambios en la gobernanza del CONICET han promovido políticas más o menos favorables a la vigencia del derecho a la ciencia en el sistema de becas. En ese sentido, dichas políticas pueden tratar sobre distintos aspectos organizacionales. En este caso, se ha tomado un instrumento de ejecución científica, con el fin de analizar de qué manera las políticas diseñadas e implementadas han promovido dimensiones relevantes del derecho a la ciencia en el sistema público de investigación en Argentina.

De esta manera, en el sistema de becas podrían destacarse, respecto a la efectiva implementación del derecho a la ciencia, los aspectos referidos a la oportunidad de participación, lo cual conduce a los procedimientos de convocatoria (incluida la difusión de las mismas), los métodos de calificación y selección de ingresantes a becarios e inclusive si existen procedimientos positivos para compensar las reconocidas asimetrías socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a miembros de grupos vulnerables (por cuestiones sociales, de etnicidad o género, por ejemplo), limitando su efectiva inserción en organismos científicos. La participación en la toma de decisiones remite a las instancias en las cuales los becarios tienen (o no) acceso a ser representados en instancias decisionales en su trayecto dentro del CONICET. Asimismo, plantea la cuestión muy particular del ámbito científico-tecnológico de la figura del “director”, que parte de una relación jerárquica, sumamente asimétrica y poblada de aspectos culturales y criterios implícitos u ocultos a la normativa oficial.

En este marco, resulta relevante preguntarse sobre el grado de autonomía y autoridad que radica en las capacidades de acción de los becarios. Su carácter de becario y no de investigador senior, es decir de alguien en proceso de formación bajo una tutoría y supervisión introduce una posible fuente de afectación de esa libertad en función de la “protección” que ejerce su director/tutor. Es decir, esta dimensión de la participación conduce necesariamente a la noción de poder. En un ámbito meritocrático en el cual el becario es un actor situado en una zona de fronteras, ya que pertenece a CONICET temporalmente, no integra la carrera de investigador, no posee representación sindical ni de otro tipo y no percibe un salario, sino un estipendio, que exime al Estado Nacional y al CONICET de cumplir con aspectos elementales contemplados por el derecho laboral como los aportes patronales, pago de aguinaldo, entre otros derechos básicos que se incumplen habiéndose naturalizado en el sistema público de investigación. Los derechos laborales, un eje central de la doctrina de derechos humanos, son indisociables del derecho a la ciencia. En este caso, los becarios hacia quienes las instituciones científicas (como el CONICET) no reconocen relación de dependencia alguna, aunque exigen dedicación absoluta (sólo compatible con una dedicación simple como docente), no gozan de derechos laborales ampliamente reconocidos por el derecho internacional de derechos humanos y por la legislación nacional en materia laboral.

En cuanto a las condiciones que aseguren el ejercicio de la investigación científica, ello remite nuevamente al campo de las condiciones de trabajo: salario, vivienda, salud, régimen de trabajo, ámbito de desempeño de sus funciones, recursos materiales, entre otros. El sistema de becas es el primer acceso al sistema científico, y al mismo tiempo, sus miembros se encuentran en la situación de mayor fragilidad, en esa zona de frontera. Se trata de un aspirante a ingresar al sistema científico tecnológico, que debe regirse por sus reglas a lo largo de cinco años (beca interna doctoral), más 3 años de beca posdoctoral7, es decir 8 años durante los cuales, sin embargo, no pertenece enteramente al sistema; su incumplimiento o desobediencia puede comportar su exclusión del mismo, por lo tanto, constituye otro elemento que desalienta cualquier tipo de exposición a situaciones de abuso de poder o de vulneración de derechos.

Tabla 3. Aspectos vulnerados del derecho a la ciencia en el sistema de becas CONICET

Nota. Elaboración propia.

El sistema de becas del CONICET, concebido como un instrumento central de ejecución científica dentro de los marcos de gobernanza cambiantes, revela una paradoja estructural: pese al notable crecimiento cuantitativo de la dotación de becarios (especialmente entre 2003 y 2017) y al consecuente aumento de oportunidades de participación en la producción de conocimiento, persiste una vulneración sistemática de dimensiones fundamentales del derecho a la ciencia. Esta persistencia no responde únicamente a deficiencias coyunturales o de administraciones de gobierno, sino a la profunda inscripción de dichas vulneraciones en los valores de la cultura académica del CONICET y el sistema público de investigación.

La posición del becario dentro de este entramado institucional puede definirse como la de un actor situado en una zona de frontera en la que convergen lógicas institucionales, mecanismos de evaluación y expectativas de desarrollo profesional. Para reforzar esta idea, resulta pertinente recuperar la noción de liminalidad elaborada por Turner (2008), entendida como un estado transicional en el que los actores se encuentran entre y en medio de diferentes posiciones sociales. Aplicada al sistema científico, esta perspectiva permite comprender la situación de los becarios/as como una posición umbral, marcada por la ambigüedad normativa, la inestabilidad del reconocimiento y las tensiones entre formación y trabajo científico. En este contexto, las distinciones entre roles, responsabilidades y derechos tienden a volverse difusas, al tiempo que se redefinen las formas de autoridad y autonomía que estructuran la práctica científica. La noción de zona de frontera, ofrece así un marco útil para analizar cómo los becarios/as negocian sus trayectorias dentro de un espacio institucional donde coexisten reglas, jerarquías y expectativas en permanente reconfiguración.

Esta condición se articula en torno a tres ejes que limitan su derecho a la ciencia. En primer lugar, la vulneración de la autonomía intelectual y participativa se manifiesta en la estructura jerárquica del campo académico y organización del trabajo científico, donde la figura del director concentra el poder de decisión y se erige como la principal autoridad intelectual. Bajo esta lógica, la relación de tutoría justifica restricciones sobre la libertad de investigación, transformando la guía en control. La ausencia de representación formal de los becarios profundiza su marginalidad institucional y los excluye de los espacios de deliberación donde se definen las condiciones que afectan directamente su desarrollo científico y profesional.

En segundo término, la precarización laboral y la desprotección social constituyen el núcleo de la paradoja del crecimiento. La expansión del sistema de becas se sostuvo sobre una política deliberada de precariedad estructural: la figura del estipendio reemplaza al salario y permite sostener una mayor cantidad de becarios a un costo fiscal reducido. Este diseño, funcional a la dependencia financiera del organismo, implica la negación de derechos laborales básicos (aguinaldo, aportes jubilatorios, cobertura social plena), aun cuando se exige dedicación exclusiva. La fragilidad que esto genera desalienta la crítica, el reclamo o la exposición de abusos, reforzando el carácter disciplinante del sistema.

En tercer lugar, el acceso inequitativo y el tránsito incompleto evidencian una contradicción entre la retórica meritocrática y las condiciones reales de inclusión. Si bien las becas abren canales de ingreso a la formación científica de élite y a una carrera de adquisición de prestigio y autoridad científica, los criterios de selección basados en el mérito académico formal desatienden las desigualdades socioeconómicas y culturales, vulnerando la dimensión sustantiva del derecho a la ciencia (el acceso universal y equitativo al conocimiento y a su producción). Además, la dependencia funcional se agudiza al no garantizarse una transición sostenible hacia la CICyT del CONICET, en las universidades o el sector productivo: los becarios dependen durante años del financiamiento estatal para su formación, pero la insuficiencia de cupos convierte a la beca, en muchos casos, en un estadio terminal. Efectivamente, muchos de los investigadores formados quedan fuera del sistema, sin la posibilidad de continuar su contribución a la ciencia, lo que revela una falla estructural en la sostenibilidad del capital humano generado. Es decir que becarios que fueron considerados aptos por el CONICET para desempeñarse durante 5 u 8 años, atravesaron múltiples instancias de supervisión e informes podrían ver discontinuada su carrera científica. Por otra parte, en el caso de aquellos becarios que llegan al final de este ciclo y no ingresan a carrera se encuentran en la desesperante situación de insertarse en el mercado laboral, luego de estar durante 5 u 8 años en una actividad académica que suele ser escasamente valorada en el mercado (Tarelli, 2010; Alegría y D’Onofrio, 2012; Jeppensen et al., 2015).

Conclusiones

El análisis histórico del sistema de becas del CONICET revela que, aunque este instrumento ha ampliado significativamente las oportunidades de acceso al campo científico (cumpliendo parcialmente con la dimensión sustantiva del derecho a la ciencia), lo ha hecho a costa de reproducir mecanismos de vulneración estructural en sus dimensiones relacional, participativa y laboral. Estas tensiones entre gobernanza y derecho a la ciencia pueden observarse en decisiones institucionales concretas. La reforma del reglamento de becas de 1997 (Acta de Directorio Nº 13/97) reafirmó el rol central del director en la evaluación y seguimiento del becario, consolidando una relación asimétrica que limita su autonomía académica. De manera similar, el Decreto Nº 1661/96 y sus normas complementarias mantuvieron la exclusión de los becarios de los procesos formales de decisión, reforzando su posición subordinada en la estructura organizacional. La expansión cuantitativa de becarios entre 2003 y 2017, concebida como una política de Estado orientada a recuperar y promover recursos humanos en ciencia y tecnología, no se tradujo en una democratización cualitativa del quehacer científico. Por el contrario, consolidó prácticas de gobernanza arraigadas en la cultura académica y en la dependencia funcional, que sostienen jerarquías y relaciones de poder asimétricas. En este contexto, la autoridad del director, convertida en un valor cultural que naturaliza la subordinación, restringe la autonomía intelectual del becario y debilita su libertad de investigación.

A su vez, la marginalidad institucional del becario, desprovisto de representación o voz formal dentro del sistema, limita el ejercicio efectivo de su derecho a la participación en la toma de decisiones que afectan su trayectoria científica.

La vulneración más profunda, sin embargo, se manifiesta en la precarización laboral que define la naturaleza misma de la beca. La decisión de mantener la figura del estipendio como herramienta de política pública permitió expandir la cantidad de becarios a un menor costo fiscal, pero, a la vez, negó la existencia de una relación de dependencia laboral y los derechos que esta implica.

Así, la utilidad del sistema se construye sobre una contradicción: mientras promueve la producción científica, vulnera la interdependencia de los derechos humanos al disociar el mérito académico del reconocimiento laboral y social. El resultado es un entorno institucional que exige dedicación plena, pero no garantiza las condiciones materiales necesarias para un ejercicio digno y sostenido de la investigación. A ello se suma la paradoja de que el Estado realiza una inversión sustantiva en la formación de capital humano altamente calificado, generando investigadores que resultan funcionales y necesarios para el sistema. No obstante, la ausencia de una planificación a largo plazo (con inserciones en el sector productivo o el sector público) y la insuficiencia de cupos para el ingreso a la CIC del CONICET transforman a la beca en un estadio terminal para una gran parte de los formados. Esta discontinuidad rompe la cadena de valor científico y frustra el derecho a la contribución sostenida, evidenciando que la política de formación no se encuentra acompañada por un esquema institucional capaz de garantizar la sostenibilidad de la carrera científica.

En síntesis, la revisión del sistema de becas del CONICET obliga a repensar su gobernanza desde una perspectiva de derechos humanos. Para que el derecho a la ciencia sea plenamente vigente, debe concebirse como un derecho indivisible e interdependiente de los derechos laborales y sociales. Solo transformando la beca de un instrumento de precarización temporal en un verdadero peldaño hacia una carrera científica sostenible y digna, el sistema podrá cumplir con su propósito histórico de democratizar el acceso, la producción y la permanencia en la ciencia.

Referencias bibliográficas

Fernando Svampa

Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina Becario postdoctoral, CONICET, Argentina. Docente, Universidad Nacional de Río Negro.

Daniel Natapof

Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario doctoral, CONICET, Argentina. Docente, Universidad Nacional de Río Negro.

Gastón Federico Montesino

Magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional de Río Negro. Investigador asociado, Universidad Nacional de Río Negro. Docente, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.


  1. Reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos desde 1948 -entre ellos, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el artículo 14 del Protocolo de San Salvador (1988)-, este derecho ha cobrado un renovado protagonismo en los últimos años, en particular a partir de la Observación General N.° 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020).↩︎

  2. En sus primeras formulaciones, el debate giró en torno a la idea de participar en los beneficios. No obstante, la conceptualización ha evolucionado hacia una lectura más amplia y ambiciosa, que supera la noción de una recepción pasiva de los productos científicos y enfatiza la dimensión activa de participación social.↩︎

  3. Las entrevistas fueron realizadas entre agosto de 2023 y noviembre de 2024. Para este trabajo se tomaron en cuenta para interpretar los procesos relacionales a un total de 12 entrevistas en profundidad no estandarizadas. Para la selección de los miembros de los distintos actores pertenecientes al CONICET que fueron entrevistados, se emplearon diversas combinaciones de tipos de muestreo no probabilísticos cualitativos (muestreo de experto, de máxima variación y teórico).↩︎

  4. Un primer antecedente de un sistema de becas es el creado para la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (AAPC), la cual financió becas, principalmente, para realizar instancias de perfeccionamiento en el extranjero.↩︎

  5. Se utiliza el término dictadura cívico-militar para referirse al gobierno de facto que gobernó Argentina durante 1976-1983. Para Franco (2017), el término busca incorporar una serie de elementos de importancia para entender el funcionamiento y características de los últimos regímenes autoritarios tales como: participación de funcionarios civiles en el gobierno; participación civil en las burocracias del Estado; participación y apoyo de grupos económicos nacionales y trasnacionales; apoyo de la población; entre otros aspectos.↩︎

  6. Cabe señalar, que el CONICET no será la única institución que implementé criterios estratégicos en el diseño de los instrumentos. En la Agencia de I+D+i se destaca: los Programa de Áreas de Vacancia, los Programa de Áreas Estratégicas, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) categoría Plan Argentina Innovadora 2020 y las nueve convocatorias de la presidencia de la Agencia destinadas a tratar cuestiones referidas al COVID-19 creadas entre 2020 y 2021. En el MINCyT pueden considerarse como instrumentos de política de orientación de la investigación los Proyectos y los Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos.↩︎

  7. Las becas posdoctorales otorgadas en el 2022 y posteriores llamados, contemplaron una ampliación de la duración a 36 meses.↩︎