Jordan Vladimir Tello Ibarra1
1Universidad Tecnológica de Nayarit, México Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Nayarit, México. Investigador de la Universidad Tecnológica de Nayarit Profesor de Contexto Socioeconómico de México, Universidad Nacional Rosario Castellanos, México.
vladimir.tello@uan.edu.mx
Recepción: 9 de febrero de 2026
Aceptación: 9 de marzo 2026
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo aproximar hacia la construcción del reclutamiento forzado como un objeto de estudio en las Ciencias Sociales, a partir de un análisis estructural, social y jurídico de este fenómeno en México. Desde una metodología de análisis documental y de coyuntura, se examinan las dinámicas contemporáneas del reclutamiento forzado como una forma extrema de violencia estructural que combina mecanismos de captación, retención, adiestramiento y explotación de personas, principalmente jóvenes en contextos de vulnerabilidad. El estudio toma como referencia el caso de Teuchitlán, Jalisco, y diversas fuentes periodísticas e institucionales para evidenciar la ausencia de un marco penal específico y la insuficiencia de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de este fenómeno. Se propone una tipología analítica que distingue entre reclutamiento forzado, voluntario y contextualizado, subrayando la importancia de comprenderlo como un proceso social complejo más que como un acto aislado de coerción. Los resultados sugieren que el reclutamiento forzado opera como un mecanismo de reposición de fuerza dentro de los grupos criminales ante escenarios de debilitamiento, y como una consecuencia directa de la exclusión social y del fracaso estatal en garantizar condiciones de vida dignas. En suma, el artículo busca sentar las bases conceptuales y metodológicas para el estudio sistemático del reclutamiento forzado, invitando a su incorporación en la agenda de investigación social y en la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención y la reintegración.
Palabras clave: juventudes, violencia estructural, exclusión social, crimen organizado, narcotráfico.
Abstract
This article aims to advance the construction of forced recruitment as an emerging object of study within the Social Sciences, through a structural, social, and legal analysis of this phenomenon in Mexico. Using a documentary and situational analysis methodology, it examines the contemporary dynamics of forced recruitment as an extreme form of structural violence that combines mechanisms of capture, retention, training, and exploitation of individuals, mainly young people living in conditions of social vulnerability. The study takes as a reference the case of Teuchitlán, Jalisco, along with various journalistic and institutional sources, to reveal both the absence of a specific criminal framework and the inadequacy of public policies addressing the structural causes of this phenomenon. An analytical typology is proposed that distinguishes between forced, voluntary, and contextualized recruitment, emphasizing the need to understand recruitment as a complex social process rather than as an isolated act of coercion. The results suggest that forced recruitment functions both as a mechanism for replenishing criminal ranks in contexts of organizational weakening and as a direct consequence of social exclusion and the State's failure to guarantee dignified living conditions. In sum, the article seeks to establish the conceptual and methodological foundations for the systematic study of forced recruitment, encouraging its incorporation into the social research agenda and the design of public policies aimed at prevention and reintegration.
Keywords: youth, structural violence, social exclusion, organized crime, drug trafficking.
Cada vez emergen nuevas formas de violencia como resultado de una acumulación de vulnerabilidades extremas en manos del crimen organizado. El homicidio, la extorsión, el secuestro, la esclavitud y la desaparición forzada constituyen expresiones de una crueldad sistemática que sostiene la economía del narcotráfico. En los últimos años, ha cobrado fuerza un delito cuyas referencias históricas solían asociarse exclusivamente a escenarios de guerra y terrorismo, pero que hoy se arraiga con creciente intensidad en el contexto mexicano: el reclutamiento forzado. Este fenómeno representa una de las manifestaciones más brutales del control social y territorial que ejercen las organizaciones criminales, pues priva a las personas, especialmente a niñas, niños y jóvenes, de su libertad y de su derecho a decidir sobre su propia vida.
La arquitectura metodológica de esta investigación se fundamentó en una triangulación de fuentes diversificadas, clasificadas según su naturaleza y alcance epistémico. Se integró un corpus compuesto por: a) literatura académica (artículos científicos y capítulos de libro con enfoques teóricos y empíricos); b) informes institucionales de organismos nacionales e internacionales; c) investigaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); y d) investigación periodística de profundidad, centrada en el análisis de hechos, datos informativos y lectura de coyuntura.
Debido a que el reclutamiento forzado se constituye como un objeto de estudio emergente en el contexto mexicano, la estrategia de selección no se restringió mediante criterios rígidos de exclusión. Por el contrario, se optó por un enfoque de muestreo no probabilístico, intencional y acumulativo (Hernández, 2021), asumiendo que la dispersión de los documentos existentes es, en sí misma, un indicador de la complejidad del fenómeno. Bajo esta lógica, cada material recolectado fue categorizado según su dimensión predominante (teórica, metodológica, social, jurídica o legislativa), permitiendo que la integración de estas diversas narrativas y datos brinde una estructura sólida a las coordenadas conceptuales que definen el problema (Tabla1).
Aunque son escasos, los recientes estudios sobre el reclutamiento forzado están fuertemente asociados a los grupos terroristas y a zonas de guerra, por ende, los estudios empíricos sobre el tema se han construido en contextos afectados por el terrorismo. Autores como Zitha, Pinheiro, Gonçalves, y Caridade (2024) realizaron una revisión sistemática, señalando que la literatura existente carece de investigaciones que aborden de manera integrada los procesos de reclutamiento, afiliación y desvinculación de individuos dentro de grupos terroristas, a pesar de la importancia de comprender el ciclo completo de la participación terrorista para formular estrategias antiterroristas más eficaces.
A diferencia del reclutamiento voluntario, el reclutamiento forzado se entiende como un fenómeno de coerción y sometimiento de personas con el propósito de incorporarlas, contra su voluntad, a las diversas actividades del crimen organizado (Ortiz, 2017; Reinserta, 2025; Vargas, 2025). Este proceso, directamente vinculado con la privación ilegal de la libertad, combina prácticas de esclavitud laboral con fines delictivos, en las cuales las víctimas son obligadas a participar en tareas ilícitas. Según diversas fuentes periodísticas (Infobae, 2025; La Jornada, 2025; Reinserta, 2025), a menudo, las víctimas son adiestradas para ejecutar actos violentos, como el homicidio o la extorsión, y forzadas a servir a los intereses operativos y comerciales de las organizaciones criminales, que las utilizan como instrumentos desechables dentro de sus estructuras.
La teoría social sugiere que el reclutamiento forzado es más probable que ocurra cuando los grupos armados no estatales experimentan escasez de personal y cuando la rendición de cuentas (ante las comunidades locales, los gobiernos patrocinadores o la comunidad internacional) es baja (Richards, 2014).
En el reclutamiento voluntario, la incorporación al crimen organizado se da a partir del consentimiento y la decisión individual, mientras que el reclutamiento forzado se distingue por la ausencia total de voluntad. En este último caso, las víctimas son captadas mediante engaños, falsas ofertas de empleo o, de manera directa, a través del secuestro. Posteriormente, son retenidas en campos de adiestramiento, campamentos o casas de seguridad donde reciben instrucción para realizar actividades delictivas, configurando una red criminal que integra diversos delitos como la esclavitud, la tortura, el secuestro, la extorsión, la violación sexual, la coacción y, en muchos casos, el homicidio. Blackwell et. al. (2023) sostienen que el reclutamiento forzado opera principalmente a través del secuestro y las amenazas continuas de violencia. En la misma línea, Richards (2014) lo describe de la siguiente manera:
El reclutamiento coercitivo se presenta cuando una persona o grupo (agente A) utiliza la amenaza de un castigo para obligar a otra (agente B) a incorporarse a sus filas. Según la formulación de Bayles, Pennock y Chapman (2009), este tipo de reclutamiento se define por dos elementos esenciales: la existencia de una amenaza directa -por ejemplo, una advertencia del tipo “únete o…”- y la presencia de una sanción concreta en caso de incumplimiento. Bajo esta lógica, la coerción implica la posibilidad de un daño y no de un beneficio, lo que permite distinguirla de aquellas teorías que asocian los incentivos positivos con el reclutamiento voluntario. (Richards, 2014, pp 309-310)
Martínez (2015) describe que el reclutamiento forzado cuenta con dos variantes ligadas a la captación:
a) El secuestro en calles, instalaciones deportivas, anexos, vía pública y colegios.
b) La atracción vía engaños, con espacios donde se publicitan vacantes de empleo de alta remuneración y con prestaciones.
Existe un tercer tipo de reclutamiento, el cual se puede denominar reclutamiento contextualizado. En este caso, las personas incorporadas no atraviesan un proceso de decisión consciente entre consentir o resistirse a la incorporación, ya que han normalizado los entornos criminales en los que crecieron. Su socialización y desarrollo dentro de núcleos familiares o comunitarios vinculados con actividades delictivas genera una aceptación implícita de estas dinámicas, percibiéndolas como parte natural de su realidad cotidiana.
El reclutamiento es una necesidad para sostener las bases del crimen organizado. Al expandirse territorialmente, las organizaciones criminales se ven obligadas a incrementar sus capacidades operativas: reclutan nuevos miembros, forman cuadros intermedios y absorben a más personas dentro de sus estructuras violentas. Este proceso no solo responde a la necesidad de controlar rutas, mercados y poblaciones, sino también a la lógica interna de reproducción del poder criminal, que requiere mano de obra, liderazgo confiable y recursos humanos para sostener sus actividades ilícitas y su monopolio de la violencia. También se requiere personal encargado de labores de cuidado, preparación de alimentos, limpieza, etc.
En consecuencia, la ocupación de nuevos espacios geográficos por parte del crimen organizado opera simultáneamente como expansión estratégica y como mecanismo de cooptación social, pues transforma a civiles vulnerables en eslabones funcionales para sus requerimientos organizacionales. Las juventudes son un atractivo objeto de reclutamiento (Tello, 2024).
El Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por Parte de la Delincuencia Organizada (ONPRENNA) define el reclutamiento como un proceso continuo de incorporación a estructuras criminales para la realización de actividades ilícitas, a través de mecanismos como la sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza, coacción o promesas de pago y beneficios, entre otros (ONPRENNA, s. f.). Este organismo distingue entre reclutamiento forzado y no forzado; sin embargo, dicha clasificación resulta ambigua, ya que considera “no forzado” aquel que ocurre sin mediar violencia directa, lo cual omite las múltiples formas de coerción estructural, económica y simbólica que también condicionan la participación en el crimen organizado. Es decir, la ausencia de violencia física no exime el estatus de “forzado” en el reclutamiento. Además, organismos como Global Protection Cluster (s.f.) señalan que el reclutamiento se considera siempre forzoso si la víctima es menor de edad, debido a la imposibilidad de que un menos dé su consentimiento libre e informado.
En ese sentido, es necesario analizar el reclutamiento forzado como un proceso que consta de diferentes etapas: captación, retención, preparación y explotación (figura 2). La captación hace referencia a las formas y mecanismos para reclutar, por ejemplo: engaños de ofertas laborales, amenazas, secuestro, etcétera. Puede ser que en esta etapa no se utilice la violencia física, pero si otros tipos de violencias como la psicológica (amenazas y chantajes).
La retención refiere a las estrategias destinadas a disuadir la negativa a participar o cualquier intento de fuga. Estas prácticas incluyen la imposición de amenazas directas contra la persona o su familia, la generación de deudas forzadas, la privación de libertad en centros de adiestramiento o casas de seguridad, la inducción a la dependencia mediante adicciones o violencia sexual, así como la construcción de vínculos coercitivos a través de la humillación, el adoctrinamiento o la obligación de cometer delitos, lo que psicológicamente erosiona la voluntad y aumenta el costo real de la deserción.
La preparación de los reclutas responde a una lógica instrumental: las organizaciones delictivas desarrollan una serie de acciones orientadas a formar individuos que respondan a las necesidades operativas y estratégicas del grupo. Este proceso de adiestramiento abarca tanto la enseñanza de competencias específicas, como el manejo de armamento, técnicas de vigilancia y comunicación, procedimientos para la extorsión o el sicariato, así como la identificación y el aprovechamiento de habilidades preexistentes en cada persona. Aptitudes previas de los rehenes en curación, cocina, oficios mecánicos o competencias informáticas no solo se complementan con entrenamiento ilícito, sino que son rediseñadas para fines criminales, optimizando la funcionalidad de la organización. En consecuencia, la capacitación para el trabajo criminal combina la adquisición de nuevas destrezas con la instrumentalización de capacidades ya existentes, lo que permite a los grupos maximizar recursos humanos, diversificar sus actividades y consolidar estructuras de dependencia y explotación sobre quienes incorporan.
La explotación representa la finalidad última del reclutamiento forzado, al materializarse en el uso intensivo y sistemático de los recursos humanos para satisfacer las necesidades operativas, económicas y estratégicas de las organizaciones criminales. Este proceso convierte a las personas reclutadas en instrumentos funcionales dentro de una estructura de poder que busca maximizar su utilidad, ya sea mediante actividades de combate, logística, extorsión, producción o servicios vinculados al sostenimiento del grupo delictivo. Así, la explotación no solo implica la apropiación del trabajo y las habilidades de las víctimas, sino también la anulación de su autonomía y dignidad, consolidando un sistema de subordinación violenta que perpetúa la reproducción del crimen organizado.
El reclutamiento forzado puede entenderse como un proceso estructurado y continuo mediante el cual las organizaciones criminales incorporan, retienen, adiestran y explotan a personas mediante mecanismos de coerción y sometimiento. Este proceso comprende cuatro etapas interrelacionadas: la captación, orientada a atraer o engañar a las víctimas; la retención, que busca impedir su negativa o escape mediante amenazas y control; la preparación, centrada en el adiestramiento y aprovechamiento instrumental de sus capacidades; y la explotación, que constituye el objetivo final, al utilizar a las personas reclutadas como recursos funcionales para las operaciones delictivas.
“Mira mi ca”, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mama”#$. Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. Te voy a llevar, y a toda tu familia la voy a matar”. Testimonio de un adolescente. Información periodística publicada en Vanguardia MX, 2025
Es bien sabido que la llamada guerra contra el narcotráfico ha generado una serie de desafíos profundos para el Estado mexicano en las últimas décadas, cuyas consecuencias se expresan en el incremento de la violencia, exclusión social y el debilitamiento institucional (Rosen y Zepeda, 2015). Estos procesos han puesto en riesgo la calidad de vida, la estabilidad y la paz de numerosas comunidades, especialmente de aquellas históricamente excluidas por las dinámicas económicas, políticas y geográficas. Dichas condiciones de marginación se han convertido en terreno fértil para la inserción y el control de grupos criminales, que encuentran en la vulnerabilidad social un medio para expandir sus redes de influencia y reclutamiento.
En México, la violencia ha mostrado un incremento sostenido como consecuencia de los conflictos entre el Estado y las organizaciones del crimen organizado, pese a la implementación de políticas de paz. Pero este fenómeno no se reduce a una confrontación binaria entre ambos actores, sino que también implica una lucha interna entre las propias estructuras delictivas, integradas por diversas células y cárteles que se encuentran en constante disputa por el control territorial y poblacional a través del sometimiento y el reclutamiento forzado.
Simón Vargas (2018) ha señalado que, en el contexto mexicano, la participación de adolescentes en el crimen organizado no siempre ocurre por secuestro, sino también por amenazas a sus familias, falta de opciones laborales o influencias culturales que glorifican la figura del criminal. En México, algunos cárteles han realizado campañas abiertas de reclutamiento, como el reparto de volantes o falsos anuncios de empleo. Los grupos delictivos se aprovechan de la legislación penal juvenil, que impone sanciones leves a menores de edad, y de la vulnerabilidad psicológica propia de la adolescencia, etapa en la que la autoridad y la obediencia se consolidan. Muchos jóvenes reclutados no pueden abandonar estas organizaciones por las amenazas hacia sus familias, quedando atrapados en un ciclo de violencia y coerción.
El reclutamiento forzado, desde las sombras y desde los efectos de las atrocidades en los que deriva, es ya una de las problemáticas más preocupantes que se enfrentan en México. No obstante, si bien su visibilidad es cada vez mayor gracias al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil en el país, la información con la que contamos es fundamentalmente cualitativa y aún desconocemos la forma concreta en que ha evolucionado dicho reclutamiento, sus implicaciones para las comunidades y las mejores formas para evitarlo, de hecho, no existe un marco jurídico ex profeso que permite abordarle de manera clara. (Martínez-Solares, V., & Gottsbacher, M, 2024, p. 9)
En este sentido, la evidencia empírica en México muestra que el reclutamiento forzado hacia actividades criminales opera a través de mecanismos de coacción extrema, basados en amenazas, chantajes, manipulación psicológica, tortura y control ejercido por medio de la violencia física y emocional (CNDH, 2017). Sin bien son escasos los trabajos académicos sobre el tema, la prensa nacional es la que ha contribuido a la memoria histórica sobre este fenómeno creciente en el país.
En Jalisco, por ejemplo, la difusión de imágenes que muestran cientos de zapatos, restos óseos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida halladas en una finca ubicada en una zona agrícola de Teuchitlán, Jalisco, a una hora de Guadalajara, ha causado una profunda conmoción en la sociedad mexicana a inicios del año 2025. Este caso no es el único, pues a la fecha se han identificado diversos centros de adiestramiento y campamentos vinculados a redes de reclutamiento forzado, con presencia en 21 municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Zacatecas (Ramos, 2025).
El Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán y descubierto el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se ha convertido en un símbolo del poder oculto que opera tras la violencia: la conversión forzada de personas desaparecidas en combatientes al servicio de estructuras criminales (CONNECTAS y El Universal, 2024). No obstante, el hecho de que las autoridades policiales y militares hubieran ubicado el sitio desde finales de 2024, sin detectar en ese momento indicios que permitieran dimensionar la gravedad de lo ocurrido, y que fuera meses después una organización ciudadana quien descubriera las evidencias, ha generado un amplio debate público sobre las omisiones del Estado y su limitada capacidad para contribuir eficazmente al esclarecimiento de hechos de esta naturaleza.
A raíz del escándalo internacional provocado por el descubrimiento del rancho Izaguirre, en Jalisco, la agenda política nacional centró su atención en las formas y mecanismos de reclutamiento forzado utilizados por el crimen organizado para captar a jóvenes. Lo ocurrido en Teuchitlán evidenció un vacío jurídico y legislativo en materia penal respecto al reclutamiento forzado, cuyas víctimas fueron sometidas a procesos de adiestramiento y exterminio masivo. La persistencia de estructuras criminales y la limitada capacidad del Estado para debilitarlas han derivado en el aumento de prácticas de coacción, engaño y sometimiento dirigidas principalmente a poblaciones vulnerables, en especial jóvenes en busca de oportunidades laborales (El Heraldo de México, 2026; Milenio Digital, 2026; N+ Noticias, 2026).
El Observatorio Reclutamiento, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó en mayo de 2021 su más reciente actualización en la sección Estudios e informes, donde se recopilan investigaciones de diversas instituciones nacionales e internacionales sobre violencia, delincuencia y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021). Este espacio integra trabajos de organismos como la CNDH, UNICEF, CEPAL y la OMS, que aportan diagnósticos relevantes sobre la vulnerabilidad infantil y juvenil frente al crimen organizado. Sin embargo, la falta de publicaciones recientes evidencia un vacío analítico que limita la comprensión actual del fenómeno. La ausencia de nuevos estudios impide identificar las transformaciones en las dinámicas de reclutamiento, especialmente las asociadas al entorno digital, la precarización económica y la recomposición de los cárteles. Ello debilita la capacidad institucional del Estado para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y contribuye a la reproducción de la violencia estructural, al no abordar de manera oportuna las causas que continúan empujando a las poblaciones más vulnerables hacia las redes criminales.
El fenómeno del reclutamiento forzado no puede entenderse desde una sola dimensión de análisis, pues es el resultado de múltiples factores interrelacionados. Entre ellos destacan la exclusión social, los mecanismos de coerción utilizados para captar personas, y la dinámica interna de las organizaciones criminales, que, a lo largo del tiempo, exige la incorporación constante de nuevos integrantes. A continuación, se abordan las dimensiones de análisis desde la cual se busca comprender el reclutamiento forzado.
El reclutamiento forzado, particularmente la captación, puede presentarse bajo el disfraz de una oportunidad laboral, especialmente en contextos de precariedad económica y desempleo estructural. Las organizaciones criminales aprovechan la necesidad de ingresos y la falta de opciones legítimas para atraer a jóvenes, campesinos y trabajadores informales mediante ofertas engañosas que prometen estabilidad o ganancias rápidas. Esta “trampa laboral” convierte la vulnerabilidad económica en un mecanismo de cooptación, donde la frontera entre el engaño y la coerción se diluye, y el acceso al trabajo se transforma en una vía hacia la explotación y la violencia. Así lo ha registrado la prensa en México:
En varios estados de México se han registrado desapariciones vinculadas a falsas ofertas de empleo, una modalidad que aprovecha la necesidad laboral de jóvenes y adultos para atraerlos con promesas de trabajo que terminan en secuestro, explotación o trata de personas. (Juárez, 2025)
La investigación titulada “Los otros Izaguirre: el corredor del adiestramiento del narco” realizada por CONNECTAS y El Universal (2024) documenta el funcionamiento de una red de reclutamiento y adiestramiento criminal enfocada en captar a jóvenes provenientes de contextos de alta vulnerabilidad social. El reportaje revela cómo intermediarios, motivados por incentivos económicos, utilizan la violencia, las falsas ofertas laborales y la difusión de anuncios en redes sociales como TikTok para atraer a adolescentes y jóvenes. Una vez captados, las víctimas son trasladadas a zonas serranas donde son sometidas a procesos de adiestramiento forzado y enfrentan una disyuntiva extrema: incorporarse a la delincuencia o perder la vida.
Las estrategias de política de seguridad pública en México que buscan atender las causas estructurales de la violencia se sustentan en la idea de que la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades constituyen factores que predisponen a ciertos sectores de la población a incorporarse voluntariamente al crimen organizado (Presidencia de la República, 2024). Bajo esta premisa, el Estado ha orientado parte de su política social a disuadir esa voluntad mediante la implementación de programas que ofrecen alternativas legítimas de desarrollo económico y social.En otras palabras, si la precarización y la carencia de oportunidades representan condiciones que empujan a las personas a enlistarse voluntariamente en actividades criminales con la expectativa de mejorar su situación económica, las políticas públicas buscan intervenir sobre esos determinantes estructurales. El propósito es debilitar el atractivo del crimen como medio de subsistencia, fortaleciendo al mismo tiempo el papel del Estado como garante de bienestar, movilidad y justicia social.
Este enfoque, aunque limitado por su carácter preventivo y asistencialista, constituye un intento por transformar las condiciones que alimentan el reclutamiento voluntario, asumiendo que la seguridad no se logra únicamente mediante la fuerza, sino a través de la reducción efectiva de la desigualdad y la ampliación de las oportunidades de desarrollo y bienestar para las poblaciones más vulnerables.
En ese sentido, las estrategias de seguridad pública orientadas a mitigar las causas estructurales de la violencia en México se sustentan en el fortalecimiento de la educación y en la promoción de la paz a través del deporte, la cultura, los programas sociales de alimentación, las becas y la capacitación para el trabajo. ¿Cómo se relacionan estas políticas con el reclutamiento forzado? La política social del gobierno mexicano al buscar atender los factores que originan la violencia más que sus manifestaciones inmediatas, sin embargo, el Estado no puede confiarse en la aparente disminución de personas que se incorporan voluntariamente al crimen organizado (reclutamiento voluntario), ya que los cárteles, ante esta resistencia, tienden a desarrollar nuevas estrategias de reclutamiento forzado. Dichos mecanismos suelen dirigirse hacia sectores altamente vulnerables por sus condiciones económicas, sociales, geográficas o políticas, impactando de manera particular a mujeres, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas. Si la tendencia de la demanda voluntaria para ingresar al crimen organizado disminuye, la contratendencia es apelar a mecanismos de reclutamiento forzado: secuestro, engaño, extorsión, trata de personas.
La marginación económica, la deserción escolar, la ausencia de servicios básicos y la ruptura del tejido comunitario son factores que crean condiciones propicias para el reclutamiento forzado. La falta de alternativas institucionales convierte a las comunidades vulnerables en territorios disponibles para la captación criminal. Desde esta perspectiva, el reclutamiento forzado debe entenderse como una manifestación extrema de la exclusión social, en la que la violencia sustituye a las oportunidades que el Estado no provee, principalmente derechos sociales.
En entornos caracterizados por la desigualdad y la falta de oportunidades, la incorporación a grupos delictivos puede percibirse (aunque sea de manera distorsionada) como una vía de ascenso social. El prestigio simbólico, el acceso a bienes materiales o la promesa de poder ofrecen una narrativa de movilidad frente al estancamiento estructural (Tello, 2023). El reclutamiento forzado, en este sentido, no solo opera mediante la violencia física, sino también mediante la seducción simbólica que reconfigura las aspiraciones de éxito y pertenencia en contextos de exclusión. Se vuelve un reclutamiento que apela a la voluntad ante las escasas o nulas opciones de desarrollo personal.
El fenómeno del reclutamiento contextualizado resulta contradictorio en su propia denominación, ya que las personas involucradas no son propiamente reclutadas, sino que nacen y crecen dentro de contextos donde la violencia y la criminalidad forman parte de la vida cotidiana. En estos casos no intervienen mecanismos de seducción ni de coerción directa, sino un proceso de socialización en el que la cultura, la familia y el entorno comunitario normalizan la participación en actividades ilícitas. La incorporación a las dinámicas criminales se da, por tanto, como una consecuencia natural del contexto cultural y social, donde la pertenencia y la continuidad en los ciclos de violencia son percibidas como parte del orden social establecido. El reclutamiento contextualizado es una forma de exclusión social.
Un tema que llama la atención y resulta preocupante de los testimonios anteriores, es la corta edad en la que los chicos dicen haber sido reclutados y haber iniciado su participación en grupos de la delincuencia organizada. La mayoría señala que se unieron a dichos grupos entre los 12 y los 14 años, lo que refuerza la convicción de que dichos grupos aprovechan de manera deliberada, tanto las circunstancias de vulnerabilidad y de incertidumbre en que se encuentran los adolescentes, así como su inmadurez y el hecho de que, a esa edad, los chicos y chicas son altamente influenciables y es relativamente fácil dirigir el curso de sus vidas, sobre todo cuando se hallan desprotegidos o con débiles lazos que los unan a su familia o a la sociedad. Por otro lado, se encuentran también los chicos que dicen haber crecido en una familia que ya formaba parte de esos grupos por lo que, para ellos, la pertenencia al grupo es ciertamente un destino o un curso de vida que les resulta prácticamente “natural”. (CNDH, 2017)
Cuando las organizaciones criminales experimentan pérdidas de liderazgo, fragmentación interna o enfrentamientos prolongados, recurren al reclutamiento forzado para reconstituir su base operativa. Este fenómeno responde a una lógica de reposición de fuerza de trabajo armada, en la que la violencia se convierte en estrategia de supervivencia organizacional. El debilitamiento estructural de los cárteles, lejos de reducir la violencia, la reproduce mediante nuevas formas de coerción y control sobre la población civil. Este fenómeno explicaría el cómo se correlaciona el incremento de desaparición forzada en México (Tello, 2025; Washington Office on Latin America, 2021).
De manera análoga, los ejércitos formales reclutan anualmente a ciudadanos mayores de edad para cumplir con un servicio militar que incluye entrenamiento, disciplina y funciones específicas dentro de una estructura jerarquizada y financiada con recursos públicos destinados a sueldos, manutención y capacitación. En contraste, los ejércitos ilegales carecen de un presupuesto institucional, pero disponen de amplios recursos económicos provenientes de actividades ilícitas que les permiten sostener complejas operaciones de reclutamiento, formación y adiestramiento. Estas estructuras clandestinas replican la lógica militar en su organización interna, instruyendo a sus integrantes en el manejo de armas y explosivos, tácticas de vigilancia, supervivencia en zonas de conflicto y ejecución de tareas violentas, configurando así un sistema de formación paralela al margen del Estado y del derecho.
La dinámica del reclutamiento forzado puede interpretarse como una respuesta coyuntural ante las crisis internas del sistema criminal. Tras capturas masivas, enfrentamientos o deserciones, las organizaciones recurren a la coacción para reabastecer sus filas y conservar su capacidad operativa. Este comportamiento evidencia que el reclutamiento forzado no constituye un fenómeno aislado, sino un componente estructural dentro de un ciclo de violencia que acompasa las fases de expansión, debilitamiento y recomposición de los grupos delictivos. Además, el envejecimiento de sus integrantes y la necesidad de incorporar personas con habilidades técnicas específicas (como adiestramiento, mantenimiento, soporte o cuidado de las colectividades) refuerzan la urgencia de nutrir continuamente su base operativa, garantizando así la supervivencia funcional del sistema criminal.
El reclutamiento forzado permite comprender que la masiva desaparición de jóvenes en el país podría estar estrechamente vinculada con la cooptación de personas por parte del crimen organizado en el marco de disputas territoriales, enfrentamientos con el Estado y conflictos entre grupos delictivos emergentes. Ante este escenario, se vuelve indispensable fortalecer la investigación social para visibilizar y analizar las dinámicas de expansión y reclutamiento que sostienen estas estructuras de violencia. El presente artículo representa un esfuerzo por situar las coordenadas de un fenómeno en expansión que, además de reflejar una grave crisis de derechos humanos, se configura como un objeto de estudio urgente y necesario para las Ciencias Sociales contemporáneas en México y Latinoamérica.
Hoy, el debate dentro de la clase política mexicana gira en torno al supuesto éxito o fracaso de las políticas de seguridad frente al crimen organizado. Ni la estrategia de abrazos ni la de balazos ha logrado reducir de manera efectiva los índices de violencia, muerte y desaparición que persisten en el país. Mientras tanto, el crimen organizado ha mutado y desarrollado nuevas formas de operación, adaptándose a los vertiginosos desafíos que impone un territorio permanentemente en disputa.
En este contexto, el reclutamiento forzado se erige como la manifestación más extrema de un Estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad y la vida de su población. Al mismo tiempo, constituye la expresión más brutal del poder criminal: la privación de la libertad, el miedo como herramienta de control, la deshumanización sistemática, la explotación en todas sus formas y, finalmente, la muerte. En este proceso, se diluye la esencia misma de la vida, pues las personas reclutadas se ven atrapadas en una lógica perversa donde solo existen dos opciones: vivir para matar o desobedecer para morir.